El Tribunal de Justicia de LV puede estar violando la Constitución con sus omiciones
El personal de los tribunales de justicia habitualmente tacha información pública en los expedientes penales, como el nombre del sospechoso, el lugar del crimen y los nombres de las víctimas de asesinato, una política que, según los expertos, puede ser inconstitucional.
Y cuando el Review-Journal preguntó por la regla o ley que justifica las ediciones, los funcionarios judiciales no pudieron de inmediato reglamentar ninguna autoridad para retener la información. Horas más tarde, la administradora del tribunal, Jessica Gurley, mencionó una regla del Tribunal Supremo que dice que los documentos presentados electrónicamente no deben contener información personal y que si lo hacen la información debe ser tachada.
A diferencia del Tribunal de Distrito, donde la mayoría de los documentos están en internet, el Tribunal de Justicia también exige que las solicitudes de documentos se hagan por escrito. La información se publica entonces con recuadros grises que ocultan detalles clave.
“Los tribunales son, de hecho, foros públicos y lugares públicos donde la información debe ser fácilmente accesible a los miembros del público en general”, dijo Athar Hasebullah, jefe de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada. “No tenemos una comprensión y supervisión adecuadas de cómo es nuestro sistema judicial si todos esos registros están tachados”.
Funcionarios del Tribunal de Justicia han mantenido que las ediciones son necesarias para proteger los derechos de privacidad de las personas, diciendo al Review-Journal que el tribunal quiere salvaguardar a las personas de los delitos financieros. Gurley dijo que el tribunal quiere ser transparente y está planeando instituir un sistema que permitirá al público leer documentos no confidenciales en internet.
No cubiertos por las leyes de registros públicos
Los registros judiciales en Nevada no se rigen por la Ley de Registros Públicos de Nevada. La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Nevada y las reglas de los tribunales estatales crean la presunción de que los registros judiciales son públicos.
Benjamin Lipman, director jurídico del Review-Journal, dijo que un tribunal no puede tachar una sola palabra de un documento sin entrar en un proceso complicado. Debe haber una razón de peso para que el gobierno retenga la información que supere el derecho de acceso. Tampoco debe haber alternativa a la edición. Y tiene que haber una justificación de que la retención de un documento permitirá alcanzar el objetivo declarado por el gobierno.
Se supone que es difícil hacerlo porque sin seguir el proceso se pueden violar derechos constitucionales federales y estatales, dijo Lipman.
“Estamos hablando de si los gobiernos pueden superar nuestras libertades personales”, dijo.
Gurley dijo que, si el tribunal siguiera el tipo de proceso descrito por Lipman, desaceleraría las cosas para los medios de comunicación y tardaría más tiempo en sacar la información.
“Es judicialmente eficiente”, dijo sobre la política actual.
Política oficial de ediciones
Las ediciones del tribunal de justicia no son solo acciones del personal del tribunal, sino también la política oficial del tribunal.
“Todos los registros disponibles para su inspección o copia están sujetos a la eliminación de la información de identificación personal antes de cualquier inspección o copia” y las solicitudes deben hacerse por escrito, según una política de acceso en el sitio web del tribunal.
“Si el acceso a los expedientes judiciales originales puede dar lugar a la divulgación de información confidencial, poner en peligro la seguridad de los expedientes o no resultar práctico por cualquier otro motivo, podrán presentarse copias, copias tachadas u otros formatos apropiados para su inspección”, dice la política.
Pero el Review-Journal descubrió que, en ocasiones, el tribunal tachaba información clave sobre un delito.
En el reporte de un arresto, sobre un robo de joyas por 250 mil dólares, el tribunal tachó los apellidos de algunos sospechosos, a pesar de que todos ellos enfrentaban cargos en casos presentados públicamente.
En otro caso, en el que se acusaba a un hombre de una serie de robos con allanamiento de morada, el tribunal tachó en el reporte de arresto la ciudad y el estado donde vivía, así como grandes bloques de lo que parecían ser fotos de pruebas.
Cuando una mujer llamada Kiera McCall fue arrestada como sospechosa de asesinato en segundo grado por la muerte de su bebé a causa del fentanilo, el tribunal tachó el lugar donde vivía y el nombre de su hijo. La Policía Metropolitana facilitó esa información un día después.
Gurley se negó a comentar ejemplos concretos.
‘Derecho a la intimidad de los litigantes’
Los funcionarios del tribunal han ofrecido justificaciones de su política actual, pero el administrador del tribunal no pudo encontrar una ley que la respaldara.
Gurley dijo que el tribunal opera bajo una orden administrativa de la exjueza en jefe Melissa Saragosa, quien se retiró recientemente. La política ordena al tribunal omitir “información de identificación personal”, que se define en virtud de un estatuto como una categoría que incluye nombres, números de licencia de conducir y fechas de nacimiento.
Saragosa dijo que cree que la orden sigue las leyes que impiden al tribunal la divulgación de información de identificación. Señaló a la Ley de Marsy, que da a las víctimas de delitos el derecho a no tener información confidencial divulgada ya que un acusado podría usarla para encontrarlos a ellos o a su familia.
“No creo que el tribunal esté tratando de ocultar nada”, dijo. En su lugar, la intención es proteger a las personas de un daño mayor, dijo.
Los reportes de arrestos son proporcionados al tribunal por el Departamento de Policía Metropolitana sin ediciones. Gurley dijo que las ediciones son realizadas por abogados que trabajan para el tribunal.
Si alguien no está satisfecho con las ediciones, puede pedir al juez jefe que las reconsidere. Y la prensa puede presentar una petición para pedir al juez que tome una decisión al respecto, dijo.
Las Vegas no es la única ciudad en la que el Tribunal de Justicia realiza redacciones sobre casos penales.
En North Las Vegas, la administradora del tribunal Stormi Decker dijo que el tribunal edita la dirección de un sospechoso, pero no su ubicado del incidente y casi toda la información de la víctima, incluso los pronombres. Para obtener un registro, el solicitante tiene que presentar una petición de divulgación, dijo. Los jueces aprueban la divulgación de los documentos, pero ella nunca ha tenido un juez que se oponga a una edición.
Decker dijo que no sabía de dónde procedía la autoridad del tribunal para tachar documentos. Hay un estatuto, dijo. Ella podría investigar, pero no fue capaz de mencionarlo durante la entrevista.
El administrador del Tribunal de Justicia de Henderson, Derek Boyle, dijo que también eliminan la información personal de los documentos antes de publicarlos.
Brendan Healey, un abogado de los medios de comunicación, dijo que no puede pensar en otros tribunales que solo tachan la información que creen que no debe ser público.
“En mi experiencia, me cuesta pensar en una ocasión en la que un tribunal lo haya hecho solo”, dijo.
Matt Topic, abogado especializado en la Primera Enmienda y residente en Chicago, también vio problemas en la actuación del Tribunal de Justicia, que, en su opinión, podría ser inconstitucional.
“Tenemos un sistema judicial abierto”, dijo. “No tenemos tribunales secretos”.
Dijo que el Tribunal de Justicia parece estar delegando decisiones que se supone están reservadas a los jueces en casos excepcionales a empleados administrativos que las toman con frecuencia. No hay base legal para eliminar nombres de los registros solo porque son nombres, dijo, y los nombres de las víctimas solo deberían ocultarse en circunstancias extremas.
Gurley dijo en un correo electrónico antes de una entrevista que “el Tribunal tiene la responsabilidad de equilibrar las necesidades del público que busca información judicial y los derechos de privacidad de los litigantes. El Tribunal se esfuerza por ser lo más transparente posible al tiempo que protege la información de la extracción de datos que puede conducir al robo de identidad”.
Topic se mostró escéptico ante su razonamiento.
“No veo cómo se va a robar la identidad de alguien simplemente por su nombre”, dijo. “Eso me parece bastante descabellado”.
El tribunal de justicia no es el único tribunal de Nevada con problemas de acceso.
Un reporte de la Coalición de Nevada por un Gobierno Abierto, publicado la semana pasada y copatrocinado por el Review-Journal, encontró que 15 de 17 Cortes de Distrito no proveen acceso en internet a los expedientes de los casos. Solo el Condado Clark permite al público leer documentos en internet.
