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El desalojo de un veterano se detuvo en el último minuto. Otros no tienen tanta suerte

Burke Hall metió en cajas todo lo de su modesto apartamento de dos dormitorios esta semana, sin saber dónde iba a volver a tener un techo bajo el que cobijarse.

Un error de comunicación con un programa de desalojo basado en el tribunal, diseñado para ayudar a los inquilinos que han tenido un obstáculo económico, puso el veterano militar en un camino a la falta de vivienda sin recurso público, de acuerdo con el Legal Aid Center del Sur de Nevada.

“Voy a vivir en mi auto, y soy uno de los afortunados”, dijo Hall entre lágrimas el martes, un día antes de que se esperara que el casero lo dejara fuera del apartamento. “Tengo un auto para vivir. Muchas de las familias que viven en la calle no tienen eso; necesitan nuestra ayuda”.

Pero horas antes de que venciera el plazo, gracias a una remisión del Legal Aid Center, la organización sin fines de lucro United Labor Agency of Nevada intervino para pagar la renta atrasada de Hall, lo que llevó al complejo a pausar el desalojo. Su iglesia también colaboró para mantenerlo a flote mientras se recupera.

Con el pago, el propietario anuló el desalojo, y el tribunal desestimó y selló el caso, dijo el jueves un administrador del Tribunal de Justicia de Las Vegas.

Pero Hall es una de las muchas caras de la crisis de desalojos del Condado Clark, donde las solicitudes de desalojo se han disparado desde el inicio de la pandemia del COVID-19.

Explosión de desalojos

Un análisis de datos del “Laboratorio de Desalojos” con sede en la Universidad de Princeton afirma que casi 140 mil procedimientos de desalojo se han iniciado en el Condado Clark desde marzo de 2020, un aumento del 115 por ciento de un promedio pre-pandémico durante el mismo periodo de tiempo. Los 5,299 procedimientos presentados durante un mes reciente supusieron un aumento del 164 por ciento “en comparación con los presentados durante el mismo mes” antes de la pandemia.

En los últimos 12 meses, se han presentado aproximadamente 16 demandas de desalojo por cada 100 hogares que rentan en la zona de Las Vegas, donde el promedio mensual de la renta es de 1,325 dólares, según Eviction Lab.

Mientras las protecciones gubernamentales de la era de la pandemia, como la moratoria de desalojos, han caducado, algunos residentes siguen encontrándose en precarios dilemas económicos impulsados por la inflación y el aumento de las rentas, afirman los activistas.

El gobernador Joe Lombardo también acabó con un proyecto de ley de la Sesión Legislativa de 2023 que habría extendido una ley que retrasó los desalojos de los inquilinos en espera de una respuesta de los programas de asistencia de renta de hasta 60 días.

Y mientras que los programas de asistencia de renta siguen siendo financiados a nivel local y estatal, los retrasos en los procesos de solicitud han exacerbado la crisis de desalojos, según Jonathan Norman, director de políticas de la Coalición de Proveedores de Servicios Legales de Nevada.

Dijo que cualquier programa de desalojo de desviación está destinada al fracaso cuando la dispersión de dinero se retrasa.

“Estamos viendo un montón de gente como (Hall) no ser aprobado para la asistencia de renta”, dijo Norman. “Solo perjudica a la comunidad”.

Quedándose atrás

La van de Hall era su salvavidas. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando el vehículo se averió.

Hall, que lleva “girando llaves inglesas” desde que era un niño, se apresuró a arreglar la van a costa de su renta, “sacando cada chatarra y cada centavo” para hacerlo.

El padre de dos hijos de los que tiene la custodia los fines de semana dijo que se imaginaba que conduciría horas extra para ponerse al día.

Pero seguía teniendo problemas mecánicos. Al poco tiempo, se había retrasado tres meses en el pago de la renta, y el complejo comenzó los trámites para echarlo.

No tardó en responder a un aviso de desalojo y pidió ayuda al programa de desvío de desalojos del Tribunal de Justicia de Las Vegas. Esta asociación multiinstitucional ofrece asistencia jurídica y mediación entre propietarios e inquilinos, proporcionando ayuda para el pago de la renta a las familias que reúnen los requisitos necesarios.

A nivel local, los arrendadores pueden iniciar un procedimiento de desalojo tras avisar a los inquilinos con siete días de antelación. Los inquilinos que quieran luchar contra el caso tienen que solicitarlo al tribunal en persona, un proceso que no todo el mundo entiende, según el Legal Aid Center.

Hall fue remitido al programa de desvío del tribunal y se le dijo que esperara dos semanas para escuchar la respuesta a su solicitud, dijo.

Nunca recibió una llamada telefónica o un correo electrónico, y cuando preguntó más, se enteró de que su caso había sido cerrado y la ayuda fue negada después de que él no había respondido, dijo.

Incluso después de que el Legal Aid Center intercediera, su audiencia de desalojo del 24 de agosto siguió adelante.

Hall había sido el candidato ideal para uno de los programas de ayuda a la renta, dijo Aaron MacDonald, abogado principal del Proyecto de Justicia en la Vivienda del Legal Aid Center.

‘Una vida destruida durante años’

Los jueces y los maestros de audiencia pueden retrasar los desalojos hasta 10 días. A Hall le dieron seis días.

“En este momento depende de su casero”, le dijo a Hall un maestro de audiencias.

Pero Norman dijo que los caseros se han mostrado reticentes a participar en los programas de ayuda a la renta.

Aunque el gobierno local ha puesto en marcha muchas iniciativas para hacer frente al problema de los desamparados, no siempre vinculan la falta de vivienda con las políticas de desalojo, dijo.

“No relacionamos ambas cosas y decimos: ‘Oye, la forma en que gestionamos los desalojos conduce al aumento del número de personas sin hogar”, dijo Norman.

“Creo que la situación en la que deja a las familias es devastadora”, añadió. “Tu vida queda destruida durante años, si es que eres capaz de reconstruirla”.

El administrador del tribunal dijo al Las Vegas Review-Journal que Hall tuvo una cita exitosa en el programa de desvío y que su información fue remitida a los servicios sociales del condado.

“El Tribunal no está experimentando problemas de protocolo por nuestra parte”, dijo la secretaria adjunta Jessica Gurley. “Las citas con los inquilinos se fijan, se celebran y la información se envía a los servicios sociales para su determinación final”.

El condado no respondió a una solicitud de comentarios.

‘Buscando una opción’

“La situación ha sido muy, muy, muy estresante”, dijo Hall al Review-Journal antes de enterarse de que la organización sin fines de lucro había intervenido para ayudar.

Se le salieron las lágrimas cuando dijo que no podía ni imaginarse decirle a sus hijos que estaba al borde de quedarse sin hogar.

“No hablo con ellos de esto en absoluto, porque son niños”, dijo. “Tienen su escuela, tienen otras obligaciones. Lo último en lo que tienen que pensar es en lo que estoy haciendo yo. No es su problema, sino el mío”.

Hall dijo que no buscaba una limosna y que comprendía que los inquilinos también tienen facturas que pagar. Hall ha vuelto a repartir comida recientemente, después de que una amiga le prestara su auto.

“Se llama Declaración de Independencia, no la maldita declaración de dependencia”, dijo. “Solo busco una opción”.

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