La masacre en Santa Bárbara presiona el debate sobre el control de armas en Estados Unidos
Richard Martínez, padre de Christipher, el hispano de 20 años de edad que murió en la masacre de Santa Bárbara este fin de semana, arremetió contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y contra la clase política por una falta de regulación en el control de armas en Estados Unidos.
La fatídica noche del viernes Christopher caminó al Deli Mart cercano a su escuela y jamás imaginó que sería abatido por el tiro mortal de Elliot Rodger, un estudiante de 22 años que asesinó a otras cinco personas ese día antes de suicidarse en el interior de su automóvil.
Christopher cursaba su segundo año en la Universidad de California. Su sueño era ser abogado, igual que su padre, el mismo que ahora alza la voz en contra de los políticos a los que llamó “cobardes” en una entrevista que le concedió a CNN.
“Es mi único hijo y murió el viernes, tengo 61 años, nunca tendré otro hijo, él ya no está”, dijo entre sollozos Richard Martínez.
El sábado, horas después de la matanza que volvió a enlutar al país, Martínez exhibía ante los medios su dolor y rabia mientras hacía una descripción de su familia “ensimismada y destrozada” y de la proliferación de armas de fuego que acabó con la vida de su vástago.
“Nuestro hijo Christopher y otros seis están muertos”, dijo el atribulado padre a los reporteros reunidos afuera de la delegación de policía de Santa Barbara en una conferencia de prensa. “Uno nunca piensa que le sucederá a su hijo hasta que pasa”, agregó.
Christopher Ross Michael-Martínez fue la última de las seis personas muertas a manos de Rodger antes de que el agresor presuntamente se suicidara de un disparo en la cabeza, de acuerdo con las autoridades.
Rodger disparó durante 10 minutos mientras recorría la comunidad de Isla Vista en una oleada letal que espeluznantemente reflejó las amenazas hechas en un video publicado esa misma noche en YouTube, indicaron las autoridades.
El sospechoso intercambió dos disparos con la policía desde su automóvil y logró escapar en las dos ocasiones, luego chocó contra un vehículo aparcado y cuando la policía se acercó comprobó que estaba muerto, al parecer por un disparo en la cabeza.
Martínez dijo que “mi hijo murió porque nadie hizo nada después de Sandy Hook”, la matanza en una escuela de Newtown, Connecticut, registrada el 14 de diciembre de 2012 que dejó un saldo de 27 muertos, entre ellos 20 niños y el pistolero, Adam Lanza, un joven de 20 años.
Después de Newtown el país se volcó en un debate para presionar a la Casa Blanca y al Congreso para que actuaran y regularan la venta de armas. En enero de 2013 el presidente Barack Obama anunció un paquete de medidas para restringir la compra y portación de armas de fuego y anunció varias acciones ejecutivas, entre ellas una que le otorga recursos a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para que investiguen a nivel nacional el tema de la violencia, y el nombramiento de un director la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) tras seis años sin una cabeza permanente, y le pidió al Congreso que debata y apruebe la verificación universal de antecedentes y que reactive la prohibición de armas de asalto y cargadores con más de 10 balas.
Las medidas, sin embargo, no fueron suficientes para detener la matanza de Santa Barbara el viernes. “Estoy aquí para honrar la memoria de mi hijo”, dijo Martínez, un veterano de guerra que dice saber perfectamente lo que es poseer armas de fuego. Lo que no entiende el padre de Christopher es cómo personas con problemas mentales, como el caso de Elliot Rodger, pueden tener acceso a un arma de fuego.
