Investigan si el ejército cometió una masacre en el Estado de México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que ya contactó a la testigo que asegura que un grupo de militares mexicanos asesinaron a su hija y a 20 hombres más que al parecer pertenecían a un grupo del narcotráfico, quienes pese a haberse rendido tras un enfrentamiento fueron acribillados en la localidad de Tlatlaya, ubicada en el Estado de México.
Marat Paredes, visitador de la CNDH, reveló a AP que funcionarios del organismo habían hablado con la madre hace unos dos meses y que investiga el caso para saber qué es lo que realmente ocurrió el pasado 30 de junio.
“Recientemente hemos tenido acceso a la averiguación previa y las necropsias. Estamos analizando todos estos datos”, dijo Paredes.
Por su parte, el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes que si es cierto el testimonio de la madre, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México”.
“Ante esta gravísima denuncia, que pone en evidencia que al día de hoy, a casi tres meses de los hechos, aún hay más interrogantes que respuestas oficiales sobre lo que efectivamente sucedió ese día, el gobierno de Peña Nieto no puede guardar silencio”, demandó Vivanco.
“Es indispensable que las más altas autoridades expliquen cuáles han sido los avances en la investigación de este incidente, de la cual se sabe poco y nada, y sobre todo, es importantísimo que se adopten las medidas necesarias para proteger a la testigo y que no corra ningún riesgo su seguridad”, agregó.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que hay una investigación abierta sobre los hechos, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esa dependencia es “la parte más interesada en que este incidente sea investigado a fondo”.
Según revela el semanario Proceso en su edición digital, el gobierno de Barack Obama también solicitó a la administración del presidente Enrique Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente este incidente.
“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.
De acuerdo a lo publicado por Proceso, EEUU está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación de este caso, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.
