García Luna aislado en cárcel debido al COVID-19

NUEVA YORK.- El ex-secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial, dijo su abogado.

Durante una audiencia, ocurrida por teléfono debido a la pandemia, César De Castro, abogado de García Luna, dijo que su cliente no ha podido examinar las pruebas de su caso desde el 28 de octubre.

“Aún lo tienen allí aislado y no estoy seguro de cuando le van a permitir salir”, dijo De Castro al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York.

García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

El ex-funcionario, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína libremente.

En la audiencia del lunes, De Castro dijo que no ha podido hablar con su cliente desde el 20 de octubre. Explicó que García Luna fue colocado en una unidad de máxima seguridad y después puesto en cuarentena. El juez Cogan pidió a los fiscales presentes en la audiencia que hagan todo lo posible para lograr que las pruebas lleguen a García Luna.

Las pruebas no son pocas. Según la última carta que la fiscalía envió al juez y que se encuentra disponible en el sistema electrónico de la corte, el gobierno estadounidense ha presentado más de 955,000 documentos que conforman las pruebas del caso.

El juez Cogan fijó la próxima audiencia judicial el 17 de febrero del 2021. García Luna espera ir a juicio.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.