EEUU: Declaran culpable a exsecretario de seguridad mexicano
NUEVA YORK (AP) — El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna fue declarado culpable el martes en Estados Unidos de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir.
Bajo estrictas medidas de seguridad, un jurado anónimo de una corte federal de Nueva York deliberó durante tres días antes de llegar a un veredicto en el juicio contra García Luna.
Se trata del funcionario o exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos.
García Luna, que refutó las acusaciones, dirigió la policía federal de México y luego fue el máximo responsable de seguridad pública del país de 2006 a 2012. Sus abogados dijeron que las acusaciones se basaban en mentiras de delincuentes que querían vengarse por su lucha contra el narcotráfico y rebajar sus propias sentencias ayudando a los fiscales.
El exfuncionario mexicano no mostró ninguna reacción al momento de escuchar el veredicto de un caso con ramificaciones políticas en ambos lados de la frontera.
El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha arremetido durante todo el juicio contra el gobierno del expresidente Felipe Calderón por, como mínimo, poner a García Luna al frente de la seguridad de México. El portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez, tuiteó tras el veredicto que “la justicia ha llegado para quien fuera escudero” de Calderón y que “los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.
El trabajo de García Luna lo llevó a conocer a políticos estadounidenses de alto rango, entre otros funcionarios, que lo consideraban un socio clave en la lucha contra el narcotráfico mientras Washington se embarcaba en una iniciativa de 1.600 millones de dólares para reforzar a las fuerzas de seguridad mexicanas y frenar el flujo de drogas.
Dichos funcionarios estadounidenses no fueron acusados de delito alguno, y, aunque las sospechas se cernían desde hace tiempo sobre García Luna, el juicio no profundizó en el grado de conocimiento que tenían los funcionarios estadounidenses sobre ellas antes de su detención en 2019. Sin embargo, López Obrador ha sugerido que Washington investigue a sus propios funcionarios policiales y de inteligencia que trabajaron con García Luna durante el gobierno de Calderón.
Una lista de extraficantes y exfuncionarios mexicanos testificaron que García Luna recibió millones de dólares en efectivo por parte de los cárteles, que se reunió con cabecillas de las bandas de narcotraficantes y que mantuvo a raya a las fuerzas de seguridad.
Los líderes del cártel consideraban a García Luna como su mejor inversión, dijo Sergio “El Grande” Villarreal Barragán, exagente de policía que trabajó para los cárteles de forma clandestina y más tarde se convirtió en miembro de uno de ellos.
Villarreal Barragán y otros testigos afirmaron que, bajo la supervisión de García Luna, la policía avisaba a los traficantes de próximas redadas, se aseguraba de que la cocaína pudiera pasar libremente por el país, colaboraba con los cárteles para realizar redadas contra rivales y les hacía otros favores. Un extraficante señaló que García Luna compartió un documento que contenía información de las fuerzas de seguridad estadounidenses sobre un enorme cargamento de cocaína incautado en México en 2007.
García Luna, de 54 años, no testificó en el juicio, aunque su esposa subió al estrado aparentemente con el fin de retratar que sus bienes en México habían sido adquiridos de manera legítima, que eran de clase media-alta, pero no lujosos. La pareja se mudó a Miami en 2012, cuando hubo un cambio de gobierno en México y García Luna se volvió consultor sobre cuestiones de seguridad.
El abogado de García Luna, César de Castro, enfatizó que las acusaciones de los fiscales se basaban en testimonios de delincuentes confesos, sin grabaciones, mensajes ni rastro de dinero documentado que los corroborara.
García Luna fue declarado culpable de cargos que incluyen participar en una empresa criminal continua, el cual conlleva una sentencia potencial de entre 20 años y cadena perpetua. La audiencia de sentencia está prevista para el 27 de junio.
