Casino del Strip está en apuros por infringir leyes federales contra lavado de dinero
Las autoridades del juego de Nevada acusaron a un casino de Las Vegas de infringir las leyes y reglamentos derivados de sus vínculos con varias personas con antecedentes dudosos.
En el centro de la denuncia disciplinaria de 12 cargos presentada por la Junta de Control del Juego de Nevada (NGCB) contra el casino-hotel Resorts World y su empresa matriz, Genting Berhad, se alega que el establecimiento del Strip de Las Vegas no cumplió ni hizo cumplir las estipulaciones contra el lavado de dinero.
Debido a la historia bien documentada de la industria del juego con el crimen organizado, el gobierno federal se toma muy en serio el cumplimiento de las disposiciones contra el lavado de dinero. Los casinos desde Las Vegas hasta Atlantic City y casi todos los demás lugares siguen estrictos procedimientos de lucha contra el lavado de dinero para recibir y mantener sus licencias de juego emitidas por el Estado. Las sanciones por no cumplir adecuadamente las reglas de lucha contra el lavado de dinero van desde fuertes multas a sanciones operativas, pasando por la revocación de la licencia.
En su denuncia del 15 de agosto, la NGCB recomienda que la Comisión del Juego de Nevada no solo imponga una multa por cada infracción, sino que sugiere que la “comisión emprenda acciones” contra la(s) “licencia(s) de juego, registros y/o conclusiones de idoneidad” de Resorts World Las Vegas. En caso de que se revoque o suspenda la licencia de RWLV, la junta quiere que la comisión “considere el nombramiento de un supervisor” para que el casino pueda seguir generando impuestos y miles de personas no pierdan su empleo.
Casinos son un ‘blanco’ para tramas de lavado de dinero
El cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero no es un concepto nuevo para los operadores de casinos en Estados Unidos.
Terry Johnson, exmiembro del NGCB y Comisionado del Trabajo de Nevada, quien actualmente ejerce como profesor adjunto de derecho del juego y normativa sobre el juego en la UNLV, afirmó que los casinos desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero.
“En el contexto del juego, (el cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero) implica esencialmente disponer de sistemas, personas y procedimientos para evitar que la industria del juego sea usada para facilitar actividades delictivas, concretamente el lavado de dinero. El objetivo general es, por supuesto, salvaguardar el sistema financiero de Estados Unidos”, dijo Johnson. “Entre el gran volumen de transacciones en efectivo y la creencia errónea de anonimato que tienen los defraudadores, es probable que la industria del juego siga siendo objetivo de intentos de lavado de dinero”.
La American Gaming Association (AGA), el grupo comercial de la industria con sede en Washington DC, lleva años informando a sus miembros (operadores de casinos) sobre el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero. La AGA ofrece información y recursos a todos sus miembros para garantizar la viabilidad continuada de la industria.
El impulso de la normativa contra el lavado de dinero en la industria del juego se debe a la Ley del Secreto Bancario de Estados Unidos (BSA) de 1985, que define a los casinos con licencia estatal como instituciones financieras.
En consecuencia, los casinos deben cumplir ciertos requisitos establecidos en la BSA, como presentar un reporte de transacción de divisas (CTR) cuando se transfieren más de 10 mil dólares entre la casa y un cliente (o viceversa) en un periodo de 24 horas. Los casinos también son responsables de presentar un reporte de actividad sospechosa (SAR) cuando “sepan, sospechen o tengan motivos para sospechar” que los fondos apostados superiores a 5 mil dólares proceden de medios mal habidos, según un informe de 2022 sobre el cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero publicado por la AGA.
Los casinos de Estados Unidos también deben poner en marcha programas de conocimiento del cliente (KYC) para garantizar que el dinero apostado en sus establecimientos se ha obtenido legalmente. Es lo que se conoce como confirmación del origen de los fondos, o SOF.
“Para salvaguardar la integridad de la industria de los casinos y del sistema financiero de Estados Unidos, las empresas de casinos y los operadores de juego han desarrollado programas eficaces basados en el riesgo para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley federal de Secreto Bancario y de las leyes y reglamentos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero. Los programas de la legislación contra el lavado de dinero también protegen a los casinos y a sus empleados de verse implicados, incluso involuntariamente, en conductas delictivas de lavado de dinero”, afirma el documento de la AGA.
El cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero es esencial para la sostenibilidad de los casinos de Nevada porque “la integridad importa”, dijo Johnson.
“Todos, desde los casinos y sus clientes hasta los inversionistas y accionistas, junto con los reguladores del juego, tienen un gran interés en garantizar la integridad de la industria del juego, especialmente en Nevada”, dijo. “Los programas de la legislación contra el lavado de dinero son la pieza central para mantener esa integridad”.
Resorts World ‘acogió’ a apostadores dudosos, percibidos como ‘vía para lavado de fondos’
Desde su apertura en 2021, Resorts World se ha convertido en escenario recurrente de una serie de escándalos relacionados con el juego que ya se han saldado con múltiples arrestos y condenas federales y que han tenido como víctima a la mayor superestrella internacional de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB).
La investigación de la NGCB describe una “falta general de control” y una “aceptación entre los ejecutivos de Resorts World” hacia el comportamiento ilícito hasta tal punto que dio lugar a la “percepción y/o realidad” de que el casino es “una vía para lavado de fondos” y “actividad delictiva adicional”.
La cultura de Resorts World Las Vegas, según la denuncia de la NGCB, era una en la cual “individuos con vínculos sospechosos y reales con apuestas ilegales, con antecedentes de condenas federales relacionadas con negocios de apuestas ilegales, y con antecedentes de vínculos con el crimen organizado”, eran “bienvenidos” y atraídos al juego.
Scott Sibella, expresidente y director de operaciones de la propiedad entre la preapertura de 2019 y septiembre de 2023, fue acusado de infringir la BSA mientras presidía el casino-hotel MGM Grand, donde trabajó antes de unirse a Resorts World. Mientras supervisaba el MGM Grand, Sibella no reportó adecuadamente las transacciones financieras sospechosas de un corredor de apuestas ilegales, ya condenado, llamado Wayne Nix.
En mayo, Sibella se declaró culpable de un cargo por no presentar un SAR. Fue sentenciado a un año de libertad condicional y a pagar una multa inferior a 10 mil dólares.
El NGCB tiene una investigación activa sobre Sibella, cuyos detalles aún no ha hecho públicos.
Entre los innumerables cargos expuestos en la denuncia de la NGCB del 15 de agosto, se acusa a Resorts World Las Vegas de permitir que un corredor de apuestas ilegal llamado Mathew Bowyer apostara impunemente en el establecimiento durante casi dos años. Según la denuncia de la NGCB, Resorts World falló en varios frentes, entre ellos no investigar la fuente de financiación de Bowyer y no prohibirle el acceso cuando tenía motivos razonables para creer que estaba implicado en apuestas ilícitas.
Bowyer era el corredor de apuestas de Ippei Mizuhara, exintérprete de Shohei Ohtani, jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Mizuhara robó casi 17 millones de dólares a Ohtani para pagar deudas de juego, según autoridades federales. En junio se declaró culpable de fraude bancario y evasión fiscal, y está previsto que sea sentenciado en octubre.
Bowyer se declaró culpable de múltiples cargos en agosto. Admitió haber operado en apuestas deportivas ilegales en el sur de California y Las Vegas. Según documentos judiciales, Bowyer dirigía ocasionalmente su negocio ilícito de apuestas mientras jugaba activamente en Resorts World, algo que supuestamente permitían los ejecutivos de RWLV. Está previsto que sea sentenciado en un tribunal federal el 7 de febrero.
La denuncia de la NGCB también quiere responsabilizar al casino de hacer negocios con otras dos personas, Edwin Ting y Chad Iwamoto, porque ambos habían sido condenados anteriormente por delitos de juego ilegal.
Reguladores del juego de Nevada, ‘preocupados’ por el proceso y el procedimiento
La situación de Resorts World Las Vegas puso de manifiesto los puntos débiles del actual sistema de reportes, según informadores y expertos de la industria, así como la propia denuncia de la NGCB.
Entre 1985 y 2007, los reguladores del juego de Nevada supervisaron el cumplimiento por parte de los casinos de Las Vegas y el Estado de la Plata de las estipulaciones de la legislación contra el lavado de dinero y la BSA en virtud del Reglamento 6A de la Comisión. El Reglamento 6A se adoptó en Nevada debido a una exención en la ley federal que permitía a los estados con leyes similares ya en vigor gestionar sus propios asuntos.
En 2007, la 6A fue derogada –con la participación de la industria de los casinos– después de que se considerara demasiado onerosa para cumplir adecuadamente las directrices federales. De este modo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asumió el control de la regulación de las transacciones en efectivo y los programas de lucha contra el lavado de dinero de la industria.
“Aunque el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre los casinos de Nevada para hacer cumplir los requisitos federales relativos a las transacciones en efectivo, la notificación de actividades sospechosas y los programas de lucha contra el lavado de dinero, la Comisión y el Consejo siguen preocupados por estos asuntos a pesar de la derogación de la antigua norma 6A … porque se espera que los titulares de licencias de juego no restringidas cumplan con sus obligaciones en virtud de la legislación federal, se autorregulen y apliquen políticas, controles y procedimientos suficientes y adecuados”, se lee en la denuncia del 15 de agosto.
