Demanda alega soborno y corrupción vinculada al contrato del DMV de Nevada
Los empleados estatales demoraron la implementación de una modernización informática del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por su sigla en inglés) porque su contratista no les pagó hasta cuatro millones de dólares en sobornos, según una demanda obtenida por el Review-Journal.
La demanda, que se desveló el miércoles a petición del Review-Journal, también afirma que la compañía, Tech Mahindra, contrató al ex director ejecutivo del DMV, Troy Dillard, en 2016, después de que lo ayudó a conseguir el contrato de 75 millones de dólares.
La oficina del fiscal general de Nevada, bajo Adam Laxalt, pidió repetidamente que la demanda permaneciera sellada cuando su oficina decidía unirse al caso, pero al final Laxalt no intervino a pesar de las acusaciones de soborno, según los registros.
La divulgación del caso anteriormente secreto es el último giro en la debacle del sistema informático del DMV, que ha costado a los automovilistas hasta 26 millones de dólares en tecnología inutilizable, consultoría y nómina, y el año pasado, Tech Mahindra fue rescindido.
El ex vicepresidente senior de Tech Mahindra, Brian Coffey, demandó a la compañía en septiembre de 2017 luego de que fue despedido por bloquear los supuestos sobornos a los empleados estatales de tecnología de la información Anand Vijayaraghavan y Karuppuswamy Manivannan a través de una corporación de terceros, según la demanda. Los documentos muestran que Coffey resolvió el caso el año pasado y su abogado se agilizó para sellar el caso como parte del acuerdo sin revelar los detalles del acuerdo.
“Este gran esquema de soborno y corrupción involucró a funcionarios de alto nivel de Tech Mahindra, empleados clave del DMV y una o más compañías privadas ‘de frente’ y sus agentes”, describe la demanda.
La demanda alega que Manivannan y Vijayaraghavan, que estaban en el comité de selección estatal que eligió a Tech Mahindra, retrasaron la implementación de la modernización de la computadora cuando Coffey bloqueó los sobornos.
Los abogados de Tech Mahindra no presentaron una respuesta ante la queja de Coffey, pero en una presentación sobre el cierre del caso, la compañía dijo que no había una base objetiva para las acusaciones de soborno.
“De acuerdo con la conclusión de Tech Mahindra de que las quejas carecen de todo mérito, el gobierno no intervino pese a la oportunidad de investigar durante meses”, escribió el abogado Kirk Lenhard, quien representó a Tech Mahindra.
Jessica Adair, jefa de personal del actual fiscal general de Nevada, Aaron Ford, mencionó que no sabe por qué Laxalt no actuó sobre la información contenida en la demanda.
“Honestamente, deseo poder darle una respuesta, pero no tengo idea”, dijo en una entrevista telefónica. “Esa fue la acción (de Laxalt), no explico. No sé si hubo una razón legal por la que no se unió al caso, pero no lo compartió con la gente”.
Laxalt agregó que no estaba seguro de lo que podría decir sobre el caso previamente sellado.
“Las decisiones fueron tomadas en este caso por fiscales de carrera y abogados civiles con décadas de experiencia en la oficina del fiscal general”, señaló. “Como este caso salió de debajo del sello, estoy revisando el asunto. Estoy feliz de discutir el caso en la mayor medida que lo permitan nuestros estándares éticos”.
En una declaración el miércoles, Tech Mahindra declaró: “Las denuncias que se describen en la queja se hicieron hace más de un año y fueron examinadas por las autoridades pertinentes. No están demostradas y no tienen mérito”.
Coffey, Dillard y Vijayaraghavan y Manivannan, quienes siguen trabajando en el DMV, no devolvieron las llamadas en busca de comentarios. El portavoz del DMV, Kevin Malone, declinó hacer comentarios.
El abogado de Coffey, Richard Wright, refirió las preguntas al abogado que maneja el caso, Monte Neil Stewart, a quien no se pudo contactar para que comentara.
Dinero desperdiciado
En 2016, los funcionarios del DMV otorgaron a Tech Mahindra un contrato de 75 millones de dólares para modernizar el sistema informático de la agencia, pero la compañía no proporcionó personal competente y el gerente de proyectos del estado no estableció un calendario para completar el trabajo, determinó una auditoría estatal.
El Las Vegas Review-Journal informó en mayo que Dillard, el jefe recientemente retirado del DMV, tomó un trabajo en Tech Mahindra justo cuando sus colegas anteriores estaban finalizando el contrato. El traslado de Dillard al contratista planteó preguntas sobre su relación con la problemática modernización.
El 2 de febrero de 2016, Coffey recibió un correo electrónico haciéndole mentor y entrenador de Dillard en Tech Mahindra.
Coffey luego llamó a su jefe en Tech Mahindra, Arvind Malhotra, para preguntar sobre la contratación, detalla la demanda.
“Malhotra dijo que Dillard, como director del DMV de Nevada, había ayudado a Tech Mahindra a obtener el Contrato y ahora Tech Mahindra lo estaba contratando”, aseveró la demanda.
Tech Mahindra, una compañía con sede en India que afirma emplea a más de 120 mil personas en 90 países, tuvo un desempeño tan bajo que los funcionarios del DMV finalmente pagaron a otra compañía 166 mil dólares para determinar qué fue lo que salió mal.
Una evaluación realizada en enero de 2018 por Gartner Inc. llamó a la renovación del equipo del DMV de Nevada “una de las iniciativas de modernización del sector público más problemáticas que Gartner ha visto en los últimos años”. El estado utilizó una tecnología “no probada” sin un historial de implementación exitosa, y controles de gestión de proyectos “inexistentes” en el DMV, escribieron los contratistas de Gartner.
La directora que reemplazó a Dillard, Terri Albertson, se mudó de directora del DMV a un trabajo que no le permitiría al gobernador Steve Sisolak reemplazarla después de asumir el cargo, según muestran los registros. En ese trabajo, Albertson continúa supervisando la modernización a pesar de encabezar el esfuerzo fallido anterior. Ella no respondió a una solicitud de comentarios.
La demanda alega que Manivannan y Vijayaraghavan “participaron en una serie de maniobras, trucos y dispositivos para evitar que el personal honesto de Tech Mahindra lleve adelante el proyecto”.
“Anand y Mani adoptaron un enfoque de “sin pago no hay labor”, indica la demanda.
Las técnicas incluían decirle al personal de Tech Mahindra que explorara soluciones alternativas que no funcionarían y pedir cambios en el programa para luego cambiar de opinión acerca de las modificaciones, según la demanda.
Compañía delantera
La demanda apunta que se suponía que los supuestos pagos de soborno pasaban por una compañía “delantera” llamada inLumon. Se notificó que los ejecutivos de Top Tech Mahindra le habían ordenado a Coffey que pagara a la compañía por lo menos 400 mil y hasta cuatro millones de dólares de dinero del contrato estatal.
El consultor de InLumon, Tuhin Verma, quien trabajó en el DMV de 2002 a 2008 y se menciona en la demanda como un solicitante de pago a Coffey, agregó que nunca supo de la demanda y que nunca se le notificó en relación con el caso.
“No tenemos idea de lo que está pasando aquí”, y agregó que estaba molesto por no haber sido atendido con la demanda para poder defender su reputación.
Verma mencionó que él e inLumon no tenían nada que ver con Tech Mahindra o la modernización del DMV. También dijo que no ha tenido contacto con Manivannan y Vijayaraghavan, aparte de encontrarse con ellos en una tienda, desde que salió del DMV.
Según los registros judiciales, los acusados no tuvieron la oportunidad de responder a las acusaciones porque el proceso se detuvo después del acuerdo. Tech Mahindra fue el único acusado que recibió una copia de la demanda.
AG declinó
Los registros judiciales muestran que la oficina de Laxalt consideró intervenir durante nueve meses, extendiendo una moción para sellar el caso para dar tiempo a la AG para determinar si participar. Al final, Laxalt “se negó a alegar responsabilidad contra Tech Mahindra”, según muestran los registros de la corte.
La orden de cierre del caso también minimizó la importancia del caso a pesar de la pérdida de millones en dinero estatal.
“El interés público en este asunto es bajo, dado que las reclamaciones se resolvieron al principio del caso sin ninguna intervención gubernamental ni la necesidad de que el Tribunal realice una evaluación sustantiva de las alegaciones del señor Coffey”, escribió Stewart, el abogado de Coffey en la moción de sello que firmó el juez de distrito James T. Russell. “Este bajo interés público se ve compensado por fuertes consideraciones de privacidad que favorecen la liquidación de reclamaciones sujetas a acuerdos de confidencialidad, especialmente cuando (como reconoce el señor Coffey) las acusaciones son delicadas y las partes confían en la confidencialidad continua cuando acuerden resolver”.
La orden de sellar el caso se había mantenido en secreto en aparente violación de las reglas de la Corte Suprema de Nevada, que dicen que las órdenes de sellado deben estar disponibles para “visualización pública”.
Después de que el Review-Journal presentó una moción para anular todo el caso, Russell dio a los abogados cinco días para protestar por la liberación de la orden del sello. Él proporcionó la orden de sello después de que expirara ese plazo. Luego, le dio a los abogados cinco días adicionales para protestar por el rechazo de todo el caso. Debido a que no hubo oposición, todo el expediente del caso se proporcionó al Review-Journal el miércoles por la mañana.
Adair dijo que la oficina del fiscal general está interesada en cualquier información sobre el caso.
“Si hay algún empleado en el estado de Nevada que comete un delito, nuestra oficina no dudará en procesar”, afirmó.
