Corte ordena al CCSD liberar registros de Kevin Child
El Distrito Escolar del Condado de Clark debe divulgar todos los documentos que ha retenido con respecto al comportamiento del Fideicomisario Kevin Child, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema del estado que rechazó los esfuerzos del distrito por mantener los registros en secreto.
La decisión se produjo durante la votación anticipada en la elección de mitad de período en la que Child está buscando la reelección para su puesto en el Distrito D, que corre contra Irene Cepeda. No estaba claro si la decisión llevaría a la publicación de documentos adicionales antes del Día de las Elecciones el 6 de noviembre.
En su fallo unánime, el tribunal estatal confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de ordenar la divulgación de los documentos. La búsqueda por parte de Review-Journal de los registros se refiere a las quejas sobre el comportamiento de Child en relación con el personal y los estudiantes y una nota de investigación de cuatro páginas del CCSD obtenida independientemente por el periódico en diciembre de 2016.
Los jueces revocaron una parte de la decisión del tribunal inferior que decía que el distrito escolar debería redactar solo los nombres de los estudiantes, el personal de apoyo o las víctimas de un presunto acoso sexual.
“Problemáticamente, esta lista excluye a los maestros o testigos que pueden enfrentar el estigma o la reacción violenta por presentarse o ser parte de la investigación”, anunció la opinión. “El interés de privacidad de estas personas debe considerarse antes de la divulgación de sus nombres u otra información que los identifique”.
Los jueces devolvieron el caso al Tribunal de Distrito para considerar si podrían requerirse redacciones adicionales antes de que se liberen los documentos.
Pero el editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook, comentó que el distrito escolar debería entregar los registros el lunes con redacciones.
“Permitir que el Tribunal de Distrito resuelva las redacciones garantizará que los votantes se mantengan en la oscuridad acerca de las acusaciones adicionales contra Child”, indicó Cook el jueves. “Los votantes no pueden emitir un voto informado si se les niega información crucial sobre el desempeño del candidato en el cargo”.
Argumentos centrales rechazados
El tribunal rechazó el principal argumento del distrito según el cual sus regulaciones, que consideraban los documentos confidenciales, son legalmente vinculantes.
Los jueces citaron una decisión anterior para concluir que esas regulaciones no limitan el alcance de la ley de registros públicos.
“La atribución de una fuerza a tales regulaciones que limitan la Ley de Registros Públicos de Nevada (NPRA), crearía una oportunidad para que las organizaciones gubernamentales pongan fin a la NPRA mediante la redacción de regulaciones internas que hacen que los documentos sean confidenciales por ley”, declara la opinión.
El distrito también argumentó que los documentos están protegidos bajo el privilegio del proceso deliberativo, que el tribunal también rechazó.
“Permitir que el CCSD invoque el privilegio del proceso deliberativo para evitar la divulgación de los materiales de investigación … permitiría al CCSD protegerse a sí mismo de la investigación del Review-Journal sobre cómo llevó a cabo esa investigación”, escribió el tribunal.
Después de presentar una demanda solicitando los documentos en el Tribunal de Distrito, el Review-Journal recibió más de 100 páginas de registros que documentan inquietudes sobre el comportamiento de Child. La solicitud de registros surgió de la directiva del anterior Superintendente Pat Skorkowsky para restringir el acceso del administrador a las escuelas y oficinas del distrito.
El Review-Journal obtuvo un memo que detalla que una investigación interna concluyó que Child creó un ambiente de trabajo hostil, realizó improvisadas “sesiones de asesoramiento sobre suicidio” con los estudiantes y causó ansiedad entre las empleadas.
La investigación también concluyó que Child violó la política del distrito sobre el acoso y, por extensión, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Pero el distrito se mostró en desacuerdo con la publicación de materiales de investigación, argumentando en parte que la publicación de documentos sobre investigaciones de discriminación disuadirá a las personas de informar sobre problemas en el futuro.
El distrito mencionó en una declaración que respeta la decisión de la Corte Suprema y la está revisando para determinar cómo cumplir.
La abogada del Review-Journal, Maggie McLetchie, respondió que la Corte Suprema encontró correctamente que los argumentos del distrito para el secreto completo no estaban justificados.
“También reconoció la importancia de obtener información de los votantes sobre las acusaciones contra Child, y de cómo el CCSD manejó esas acusaciones”, puntualizó en un comunicado. “Ahora esperamos que el CCSD deje de jugar y finalmente permita que el público evalúe completamente la conducta de Child”.
Child quiere que “todo salga a la luz”
En marzo, el distrito llegó a un acuerdo con el ex superintendente adjunto Kim Wooden sobre qué fuentes aseguran que tuvieron problemas con el comportamiento de Child.
Desde entonces, Child ha demandado al distrito, varios fideicomisarios de la Junta Escolar, funcionarios de Wooden y otros alegando difamación, conspiración civil y más. En la demanda, argumenta que la investigación que produjo documentos fue un ataque a su personaje creado por Skorkowsky porque le hizo preguntas financieras difíciles al distrito.
Contactado sobre el fallo del jueves, Child argumentó en contra de redactar aún más nombres de los documentos. Dijo que se debería exigir a la gente que respalde sus acusaciones.
“No se puede simplemente hacer una declaración y no ser responsabilizada por ella”, mencionó. “¡Eso no es justo! Quiero que todo salga a la luz”.
Pero agregó en una declaración posterior que aplaudió la decisión del tribunal de liberar las supuestas denuncias.
Argumentó que no hubo ninguna investigación y que no se le permitió saber quién se quejaba, con la excepción de una persona, o la oportunidad de enfrentar a los acusadores.
“Luego, cuando me negué a firmar un acuerdo secreto con el principal acusador, la queja se cambió a una contra el distrito y fue aprobada sin demora por los cuatro fideicomisarios, mientras que el distrito se negó a divulgar el acuerdo, a pesar de que fue financiado con fondos públicos”, dictaminó la declaración.
