Aprobación de 3er centro de rehabilitación enfurece a vecinos del Condado de Clark
El residente del Condado de Clark, Victor Padron, se contactó con su comisionado del condado, su gobernador, su congresista y un senador con esta pregunta: ¿Por qué su vecindario de Spring Valley se ha convertido en un refugio para centros residenciales de rehabilitación?
La esencia de la respuesta es que los hogares grupales, o “residencias comunitarias” (para usar el término en los estatutos del condado) para personas con adicciones, están protegidos por la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda basada en una discapacidad, incluida la adicción.
También le dijeron que el gobierno del condado, no las entidades estatales o federales, regula las residencias comunitarias.
Pero todavía busca una respuesta satisfactoria a otra pregunta: ¿qué recurso está disponible para él cuando el condado ha aprobado residencias comunitarias que funcionan como centros de rehabilitación, con operaciones que los vecinos sostienen que son demasiado intensas para un área residencial?
Después de meses de ir y venir con los funcionarios del condado, Padrón indicó: “Me dicen que vengo con mala actitud y me ignoran. Sí vengo con mala actitud pero porque estoy harto de esto. Vivo esto las 24 horas del día”.
Con “esto” se refiere al tráfico adicional en su calle cerrada con casas grandes, así como a las preocupaciones sobre la seguridad, los valores de las propiedades y los cambios en el carácter del vecindario.
Aprueban tercer centro
Desde principios de septiembre, cuando el Review-Journal informó por primera vez sobre las quejas de los vecinos, el Condado de Clark aprobó un centro de rehabilitación a pocas cuadras de otros dos en el vecindario cerca de Twain Avenue y Fort Apache Road.
El condado también citó un hogar que funcionaría como residencia comunitaria para la sobriedad en el vecindario sin la aprobación del condado. Esa casa ya cerró sus puertas. Según las regulaciones del condado, las residencias comunitarias no pueden estar a menos de 660 pies una de otra, medidas en caminata. La casa de vida sobria estaba al otro lado de la calle del nuevo centro de rehabilitación, Vogue Recovery Center, y bajo los requisitos de distancia, uno de ellos tuvo que cerrar.
La residencia comunitaria más nueva aprobada por el condado, en Dutch Valley Drive, se describe a sí misma en su sitio web como un “centro de rehabilitación de drogas y alcohol”.
“Ubicado en una comunidad privada y de lujo, Vogue Recovery Center brinda serenidad y curación al sol y calor de Las Vegas”, indica el sitio web.
La solicitud para el condado del Centro de Tratamiento Eden, que opera el Centro de Recuperación Vogue, solicitó la aprobación “para alojar a 10 mujeres adultas en un hogar grupal terapéutico con licencia estatal, utilizando las protecciones de las leyes federales de Equidad de Vivienda y Discapacidades”.
Al igual que con los otros centros de rehabilitación, el condado aprobó la solicitud administrativamente sin notificar a los vecinos, lo que un vocero indicó que el condado no está obligado a hacer.
El condado también ha cerrado las quejas de zonificación presentadas por los vecinos sobre dos centros de rehabilitación operados por Ignite Teen Treatment, uno de los cuales está al lado de la casa de Padron en el Tribunal de la Bahía de Bahama. Los vecinos se quejaron de la intensidad de las operaciones y la naturaleza de los servicios prestados.
En su solicitud para el condado, Ignite solicitó “albergar a 10 adolescentes en un entorno familiar y grupal terapéutico con licencia estatal”, citó la Ley de Equidad de Vivienda y la Asociación Estadounidense de la Diabetes (ADA, por su sigla en inglés).
En su sitio web, Ignite afirma: “Los clientes en el programa de rehabilitación para adolescentes viven en el sitio con el apoyo de 24 horas de nuestro equipo de tratamiento compuesto por terapeutas con licencia, psiquiatras, enfermeras, especialistas en adicciones, consejeros experimentales, educadores, consejeros y mentores”.
Según los estatutos del condado, la definición de “residencia comunitaria” excluye específicamente “instalaciones para el tratamiento del abuso de alcohol y drogas”.
Pero el vocero del condado, Dan Kulin expresó: “La exclusión del tratamiento del abuso de alcohol y drogas se relaciona con la interacción y el tratamiento médico para la afección. De ninguna manera se deduce que los adictos no pueden vivir en una residencia comunitaria o en una vivienda grupal, ya que son una clase protegida”.
Un ejecutivo de Ignite se negó a responder la pregunta de un periodista sobre si el centro estaba brindando servicios médicos en el sitio. El ejecutivo señaló que los centros habían “adoptado numerosas políticas destinadas a abordar las preocupaciones de sus vecinos, incluidas las prohibiciones completas de tabaco, alcohol, merodeo y cualquier actividad a un volumen alto o excesivo”.
Los vecinos también dijeron que tienen evidencia de que los centros Ignite están brindando tratamiento ambulatorio a los clientes.
Pero Kulin destacó que el condado investigó las quejas de los vecinos y “no se encontraron pruebas de violaciones”.
El comisionado del condado, Justin Jones, cuyo distrito incluye el vecindario, afirmó que: “está permitido bajo la Ley de Equidad de Vivienda recibir tratamiento en una residencia comunitaria. Simplemente no puede ser un tratamiento médico”.
Hace más de una década, el condado fue demandado en virtud de la Ley de Equidad de Vivienda (Fair Housing Act) cuando denegó dos solicitudes de permisos de uso para hogares grupales que no cumplían con los requisitos de separación de mil 500 pies. El condado firmó un acuerdo de conciliación con el Centro de Equidad de Vivienda de Nevada en 2008 y redujo el requisito de distancia entre las residencias comunitarias al estándar actual.
“Las manos del condado están atadas por la Ley de Equidad de Vivienda”, advirtió Jones, y agregó que apoyaba los objetivos de la ley al tiempo que entendía las preocupaciones de los vecinos. Su oficina se ha comunicado con la oficina de la representante Susie Lee “para tener una discusión adicional sobre si es necesario realizar cambios en la Ley de Equidad de Vivienda”.
Participación federal
Padrón apuntó que los vecinos encontraron un oído receptivo en la oficina de Lee después de que los empleados de otros políticos a nivel federal y estatal les notificaron que sus quejas eran un asunto del condado.
“La oficina de la congresista ha estado en contacto con las partes relevantes sobre este tema”, aseguró Jesús Espinoza, director de comunicaciones de Lee. “Nuestra principal prioridad es escuchar a los constituyentes y determinar cómo podemos ayudar. Al igual que con cualquier caso de trabajo que llegue a nuestra oficina, esperamos encontrar una resolución positiva pronto”.
La oficina de Lee facilitó una reunión entre residentes y representantes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés).
“Estamos buscando relacionarnos con los propietarios (del centro) directamente y haciendo todo lo posible para fomentar este tipo de diálogo con ellos porque este es realmente un problema de calidad de vida entre vecinos”, detalló Ed Cabrera, oficial regional de asuntos públicos para el HUD.
“El HUD realmente tiene un papel que desempeñar cuando se trata de hacer cumplir la Ley de Equidad de Vivienda, pero fuera de eso, dejamos que nuestros socios estatales y locales determinen cómo quieren que se vean sus comunidades”, explicó. “En ausencia de cualquier queja abierta de vivienda justa, creo que la oportunidad de afectar el cambio aquí realmente reside en el proceso local”.
Los reguladores locales pueden abordar problemas relacionados con el estacionamiento y el tráfico en el vecindario, que los funcionarios del condado afirman que han estado haciendo. Pero las preocupaciones con respecto a la seguridad deben basarse en evidencia y no en “estereotipos y prejuicios”, aclaró Cabrera.
“Lo que es vital que entiendan los vecinos de la comunidad es que las personas en recuperación tienen una discapacidad”, recalcó.
Jones incluyó que no estaba al tanto de ninguna otra preocupación sobre las residencias comunitarias en ningún otro vecindario de su distrito o en cualquier otra parte de la ciudad. Añadió que no sabía por qué los operadores de centros de rehabilitación se habían sentido atraídos por este vecindario de Spring Valley, aunque los residentes suponen que tiene algo que ver con el tamaño de sus casas de siete habitaciones, que tienen un precio relativamente bajo por sus pies cuadrados.
Padrón ha presentado una queja contra Jones ante la Comisión de Ética de Nevada, señalando que los centros fueron aprobados administrativamente sin notificación a los vecinos.
“No creo que mi oficina haya hecho nada para violar ninguna ley de ética”, respondió Jones. “Hemos sido lo más receptivos posible. Nosotros, como el condado, continuaremos abordando las preocupaciones lo mejor que podamos según la ley”.
En el último párrafo de su queja ante la comisión de ética, Padrón escribió: “La Ley Federal de Vivienda Justa se creó para poner fin a las prácticas discriminatorias de bienes raíces. Es un mal uso atroz de esta ley usarla para abrir un negocio en un vecindario residencial”.
