Agencias
Los inmigrantes convictos de un crimen violento se han convertido en la manzana de la discordia entre activistas y funcionarios demócratas, un desacuerdo que debilita la unidad en la defensa de los inmigrantes, advierten los activistas.
“Los demócratas no quieren pelear para que haya un debido proceso para todo el mundo. No quieren que una de estas personas después cometa un crimen y regresen los adversarios a decirles ‘esto pasó por tu culpa’” explicó Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Estas diferencias se hicieron visibles después de que las supervisoras del condado de Los Ángeles Hilda Solís y Janice Hahn propusieran excluir a los inmigrantes con antecedentes criminales de recibir los beneficios de representación legal del Fondo de Justicia de Los Ángeles, de $10 millones.
Tras conocerse esta esta propuesta, la Coalición para la Representación Universal de California promovió una protesta contra las funcionarias demócratas —que en el pasado han apoyado a la comunidad inmigrante.
Los Ángeles fue de las primeras áreas en designar recursos económicos para pagar por la defensa de inmigrantes que se vean afectados por las deportaciones que prometió la Administración del presidente Donald Trump.
No obstante, las reglas del fondo buscan excluir a aquellas personas condenadas por asesinato, violación, robo, tráfico de personas y abuso infantil, entre otros.
