Activistas preocupados por despido masivo de trabajadores tras auditoría de ICE
Una organización que defiende los derechos de los inmigrantes denunció “redadas silenciosas” contra migrantes en Los Ángeles para causar despido de trabajadores, y volvió a criticar la postergación del anuncio de acciones ejecutivas migratorias del presidente Obama, que estaban previstas para finales del verano.
El jueves la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) dio a conocer que la empresa Vinyl Technology, una compañía de Monrovia, suburbio de Los Ángeles, despidió a 240 de sus 312 empleados, quienes ahora temen ser deportados.
Los despidos fueron ejecutados tras una auditoría de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dentro del programa federal E-Verify, para determinar si los trabajadores cuentan con autorización o permiso para laborar legalmente en Estados Unidos.
E-Verify compara la información de los empleados con las bases de datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS) y la Administración del Seguro Social (SSA). En caso de no hallar concordancias, USCIS notifica a la empresa para que ésta, a su vez, informe a sus empleados quienes disponen de un plazo de 30 días para aclarar las dudas.
De no hacerlo, la empresa procede a despedirlos o arriesga una multa por la contrata de trabajadores indocumentados.
Xiomara Corpeño, directora de educación y alcance comunitario de CHIRLA, dijo que en julio pasado la compañía fue objeto de una auditoria para revisar la documentación válida para trabajar de sus empleados.
La auditoría se llevó a cabo después que el presidente Obama anunció, el 30 de junio, que tomaría acciones ejecutivas porque la Cámara de Representantes no debatirá la reforma migratoria en el 2014.
El 6 de septiembre la Casa Blanca comunicó que el anuncio se haría después de las elecciones de medio tiempo del primer martes de noviembre y antes de que finalice el año.
Activistas y organizaciones pro inmigrantes advirtieron que la demora puso en riesgo de deportación a miles de indocumentados que no representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
CHIRLA también denunció que al ser despedidos, la empresa Vinyl Technology obligó a los trabajadores a firmar su renuncia para evitar darles el correspondiente finiquito, sin derecho a pagarles vacaciones ni liquidación.
Vinyl Technology es una subcontratista del gobierno federal a través de la NASA, el Departamento de Defensa, Navy, Army y Air Force, para quienes fabrica equipo y trajes especiales.
“No hay misericordia, ni justicia, ni humanidad en la aplicación de nuestras leyes de inmigración”, lamentó Corpeño, quien describió las investigaciones federales de empresas como “redadas silenciosas”.
“Mientras el presidente Obama y los líderes del Partido Demócrata piden a nuestras comunidades que esperemos para un alivio administrativo después de las elecciones, las redadas silenciosas del ICE en lugares de empleo como Vinyl Technology continúan sin misericordia”, reclamó Corpeño.
Los trabajadores despedidos denunciaron que la empresa, que tiene contratos con entidades como la NASA y el Ejército, sabía de su condición de indocumentados y abusó de esa circunstancia.
“Yo me lastimé la espalda y las manos porque me pusieron a manejar una máquina muy pesada que estaba diseñada para que la manejara un hombre”, contó a la agencia española de noticias (Efe) Alma Gloria Torres, una de las empleadas que perdió su trabajo.
Según denunció la empleada, cuando se quejó de los dolores físicos la enviaron a una clínica donde solamente le dieron una pomada para el dolor. “Pero no nos pagaban los días de enfermedad y entonces uno iba a trabajar todavía con el dolor”, agregó.
Un caso similar es el de Mireya Fernández, quien trabajó 21 años con la empresa. “Después de todo ese tiempo lo único que me dijeron es que si no tenía mis papeles no podían hacer nada”, comentó.
Otros 30 trabajadores están en espera de que les notifiquen cuándo será su salida mientras los utilizan para capacitar al nuevo personal que la compañía está contratando a través de agencias de empleo y quienes pagan menos, expusieron los despedidos, reportó el diario La Opinión.
Las auditorias para verificar identidad y elegibilidad de una persona contratada, informó ICE, se realizan de manera rutinaria en las empresas, pero particularmente en quienes tienen contratos con el Departamento de Defensa por las implicaciones que tienen en la seguridad nacional.
ICE reportó que en 2010 llevó a cabo 2,196 auditorías e impuso multas por $6.9 millones; en 2011 practicó 2,496 auditorías y aplicó multas por $10.5 millones; en 2012 3,004 auditorías y multas por $12.5 millones; en 2013 3,127 auditorías y multas por $15.8 millones; y en lo que va de 2014 se han llevado a cabo 1,123 auditorías y multas por $14 millones.
