La ACLU comparece ante el tribunal para que el CCSD haga públicos los expedientes policiales
American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada compareció ante el tribunal el martes en busca de una orden que obligue al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) a divulgar los registros relacionados con un altercado policial en febrero cerca de Durango High School.
La ACLU, que también representa a dos estudiantes de Durango implicados en el incidente, presentó una demanda en abril ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark contra el distrito escolar.
La demanda se presentó después de que el distrito le negara a la ACLU la solicitud de información pública, como son los reportes de incidentes y las grabaciones de las cámaras corporales.
El video del incidente - que circuló ampliamente en redes sociales - parece mostrar al teniente de policía del distrito escolar Jason Elfberg empujando a un estudiante al suelo y poniendo una rodilla en su espalda.
El distrito dijo que el incidente se derivó de una investigación sobre un reporte de un arma de fuego cerca de una escuela.
El video provocó protestas públicas, incluyendo una protesta en febrero frente al centro administrativo del distrito. El superintendente Jesús Jara y el jefe de policía Mike Blackeye también testificaron ante los legisladores estatales en marzo sobre las políticas de uso de la fuerza del departamento de policía.
Jara le dijo a la junta editorial de Las Vegas Review-Journal el mes pasado que una investigación sobre el incidente se cerró y que el agente involucrado no fue despedido.
El distrito tampoco cambiará su política de uso de la fuerza, dijo.
En su respuesta el mes pasado a la demanda de la ACLU, el distrito dijo que la solicitud de registros públicos era “amplia y excesivamente onerosa”.
El distrito también argumentó que solo un departamento de justicia de menores puede divulgar registros como las grabaciones de las cámaras corporales.
El Review-Journal solicitó al distrito una copia del reporte del incidente y de la grabación de la cámara, así como de las quejas previas contra Elfberg, pero las solicitudes fueron denegadas.
Tras una audiencia de dos horas celebrada el martes, la jueza Danielle Chio dijo que tomaría el asunto en consideración.
Ella le dio al distrito escolar y a ACLU 30 días para trabajar en el perfeccionamiento de los términos de búsqueda para la solicitud de registros públicos de comunicaciones por correo electrónico en relación con el incidente.
Si no pueden resolverlo, Chio dio la opción de una audiencia con una persona de tecnologías de la información del distrito donde se pueden hacer preguntas.
Una comprobación de estado está programada para las 9 a.m. del 8 de agosto.
