Recluso con una enfermedad mental murió de hambre en cárcel de Las Vegas, según demanda judicial
Fernando Martínez Jr. perdió 64 libras en 77 días antes de morir mientras estaba encarcelado en el Centro de Detención del Condado Clark (CCDC) sin recibir el tratamiento médico adecuado, según una demanda federal.
La demanda por homicidio culposo, presentada el 29 de diciembre en nombre de la madre de Martínez, Sonia Esparza, alega que el personal de la cárcel y Wellpath LLC, la empresa encargada de la atención médica en el centro de detención, no se aseguraron de que Martínez comiera y bebiera a pesar de que el personal sabía que había sido diagnosticado con esquizofrenia, que se autoprovocaba el vómito y que no tomaba los medicamentos recetados.
“Creo que es más o menos un problema sistémico con el CCDC y Wellpath”, dijo el abogado Peter Goldstein, que presentó la demanda en nombre de Esparza.
Esparza, que trabaja como ama de llaves, crió a Martínez como madre soltera y vivió con él toda su vida. Cuidó de él durante su grave enfermedad mental, dijo Goldstein.
“Ella está de luto muy, muy profundamente”, dijo. “Eran muy unidos”.
Según la demanda, el personal de la cárcel era consciente de los diagnósticos de Martínez y del deterioro de su salud mental debido a órdenes judiciales y a su historial de detenciones anteriores en la cárcel.
“Los demandados no abordaron el estado de inanición y deshidratación de Martínez Jr., una urgencia médica que podía verse claramente cuando Martínez Jr. perdía una cantidad preocupante de peso cada semana/mes”, escribió Goldstein en la demanda. “Los demandados son responsables de la muerte de Martínez Jr., una tragedia que podría haberse evitado si se le hubiera proporcionado alojamiento, monitorización, tratamiento y cuidados adecuados”.
Wellpath ha estado a cargo de la atención médica en la cárcel desde 2019, y ha enfrentado docenas de demandas en todo el país en los últimos años, según la demanda. La compañía fue objeto de una investigación de CNN en 2019 que descubrió que Wellpath estaba vinculada a demandas derivadas de más de 70 muertes en un periodo de cinco años.
Wellpath no respondió a la solicitud de comentarios el viernes. El Departamento de Policía Metropolitana, que opera la cárcel y también es nombrado como acusado en la demanda, se negó a comentar sobre el caso debido al litigio pendiente.
Según la demanda, Martínez no debía estar en la cárcel cuando murió. Había sido declarado incompetente en enero de 2023, menos de un mes después de su ingreso en la cárcel, y un juez ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento. Pero los retrasos en los traslados para el tratamiento de competencia lo mantuvieron en la cárcel, sin poder salir bajo fianza mientras esperaba el juicio.
“No hicieron nada, lo dejaron estar allí un mes más antes de que muriera”, dijo Goldstein.
Estos retrasos se vienen produciendo en el sistema judicial desde hace casi una década, pero el aumento de los tiempos de espera, como en el caso de Martínez, ha llevado a un juez a dictar órdenes de desacato contra la División de Salud Pública y del Comportamiento. El Tribunal Supremo de Nevada ha confirmado las órdenes de desacato, dando lugar a que el estado pague más de 83 mil dólares en multas.
El 14 de febrero, más de un mes después de que fuera declarado incompetente, Martínez fue visto cayéndose, con un “aspecto anormal en sus ojos” y las pupilas dilatadas, escribió Goldstein en la demanda.
Martínez había reportado previamente que estaba paranoico con la comida que le servían, creyendo que era veneno, y su compañero de celda reportó que Martínez a veces se forzaba a sí mismo a vomitar después de comer.
Martínez no abandonó su litera cuando le sirvieron la cena esa tarde, y se le vio “durmiendo sin roncar”, según la demanda. Más de tres horas después, un funcionario de prisiones entró en la celda de Martínez y lo encontró inconsciente.
Los intentos de reanimación cardiopulmonar fueron infructuosos. Martínez llevaba tanto tiempo muerto que el rigor mortis se había instalado en su mandíbula, según la demanda.
Los empleados de la cárcel no proporcionaron a Martínez un alojamiento adecuado, según la demanda, no crearon un registro de alimentos para monitorear la ingesta de alimentos de Martínez ni lo alimentaron a la fuerza de forma humanitaria cuando estaba “hambriento” y se negaba a comer, y no capacitaron adecuadamente a sus empleados sobre cómo cuidar a los reclusos con enfermedades mentales.
“La conducta de los demandados constituyó una indiferencia incompetente hacia la salud y la seguridad de Martínez Jr. y, por tanto, fue objetivamente irrazonable”, afirma la demanda.
La demanda también llama a cuestionar el reporte de la autopsia de Martínez, señalando que, aunque la oficina forense del Condado Clark reglamentó que murió de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, el reporte “mostró que el sistema cardiovascular no era notable”. Goldstein alegó que, por el contrario, Martínez murió de hambre.
“Fue la inadecuada atención médica y de salud mental, la mala praxis y la falta de la debida atención de los demandados lo que causó la muerte de Martínez Jr.”, decía la demanda.
