Procuraduría intenta no pagar indemnización dada por jurado a preso: abogados
Un jurado federal concedió a un preso de Nevada más de 200 mil dólares por daños y perjuicios este año en un caso de derechos civiles contra un funcionario de prisiones, pero los abogados del preso dicen que la procuraduría general está tratando de evitar el pago.
Reginald Howard, un recluso alojado actualmente en la High Desert State Prison, presentó la demanda federal contra el funcionario de prisiones Kyle Groover, alegando que Groover ignoró una dolorosa dolencia que afecta a la espalda de Howard y le obligó a caminar unos 150 metros a través de la prisión para presentar una queja, en represalia por las quejas que Howard había presentado en el pasado.
La Procuraduría General de Nevada, que representa a Groover, ha argumentado en documentos judiciales que si no se concede la solicitud de un nuevo juicio, entonces Groover debería ser responsable de los más de 200 mil dólares en daños y perjuicios.
“Groover argumenta en primer lugar que los daños punitivos no pueden ser mantenidos en su contra porque el Estado está, mínimamente, equivocándose en cuanto a si debe pagar la factura”, escribieron los abogados de Howard, Travis Barrick, Nathan Lawrence y Andrea Vieira, en los archivos judiciales. “… Los intentos del Estado de evitar la indemnización y trasladar el pago de todos los daños a Groover ponen al Estado y a Groover en absoluto desacuerdo, forzando a la Procuraduría General a un insostenible e insoluble conflicto de intereses”.
La procuraduría general declinó hacer comentarios sobre el caso. Los intentos de ponerse en contacto con Groover no tuvieron éxito.
Lawrence dijo que, por lo general, el Estado tiene la obligación legal de defender a sus empleados e indemnizarlos, lo que significa que la dependencia pagaría cualquier daño ocasionado por una demanda.
Tras el veredicto del jurado, el Estado ha argumentado en los tribunales que, en virtud de la ley estatal, la dependencia no tiene que indemnizar a un empleado si sus acciones fueron “gratuitas o maliciosas”, lo que el jurado tuvo que concluir a fin de conceder a Howard daños punitivos por la demanda de derechos civiles.
Los abogados de Howard dijeron que el Estado no ha argumentado históricamente para usar la ley estatal para evitar indemnizar a los empleados en los casos federales.
“El Estado está argumentando que sus empleados van a quedar colgados por reclamaciones de derechos civiles”, dijo Barrick en una entrevista reciente con el Review-Journal.
Barrick dijo que la indemnización por daños y perjuicios en la demanda de Howard es la más alta que ha visto que un jurado conceda a un recluso desde que empezó a ocuparse de casos de derechos civiles de presos hace más de una década.
Recluso alegó represalias
La demanda se derivó de un incidente ocurrido en julio de 2016, cuando Howard estaba alojado en el Southern Desert Correctional Center cumpliendo cadena perpetua por cargos de robo y delincuencia habitual.
Le habían dado muletas debido al dolor nervioso de una lesión en la espalda que periódicamente le impedía caminar, escribieron sus abogados en documentos judiciales. El 13 de julio de 2016, un funcionario de prisiones dijo a Howard que iba a reportarlo por escrito porque lo habían visto caminando sin sus muletas.
Howard escribió una queja de emergencia, alegando que el funcionario estaba tomando represalias contra él.
Se suponía que la queja debía entregarse a Groover, pero como “Groover estaba molesto con las quejas anteriores del Sr. Howard y quería disuadirle de presentar más, Groover dio instrucciones al funcionario de prisiones para que el Sr. Howard entregara personalmente la queja de emergencia a Groover”, escribieron los abogados de Howard en los documentos judiciales.
Según los documentos, Groover dijo al funcionario de prisiones que hiciera caminar a Howard 150 yardas por una pendiente para entregar la queja, lo que provocó que Howard se cayera varias veces mientras caminaba antes de ser trasladado a la enfermería. Los abogados de Howard escribieron en documentos judiciales que Groover rechazó entonces la queja de Howard.
Durante el juicio, celebrado en junio, el jurado falló a favor de Howard, declarando que Groover ignoró su estado de salud y violó su derecho a presentar la queja en virtud de la Primera Enmienda. El jurado concedió a Howard, que ahora tiene 63 años, un total de 12,500 dólares en concepto de daños compensatorios y 200 mil dólares en concepto de daños punitivos.
En los documentos presentados ante el tribunal, la procuraduría general negó que Groover ordenara a Howard caminar 150 yardas sin sus muletas y argumentó que Howard solo tenía “problemas intermitentes de dolor y para caminar”.
“Howard no señala ningún testimonio en el que alegara que tenía entendido que Groover estaba enfadado, o molesto, por los agravios”, escribieron los abogados de la procuraduría en las actas judiciales presentadas tras el juicio. “Del mismo modo, Howard no cita ninguna evidencia que refleje que Groover tuviera alguna intención de tomar represalias”.
‘Exponiendo a sus empleados’
La procuraduría ha abogado por que se vuelva a juzgar el caso o por que se reduzca la indemnización concedida a Howard.
Vieira, uno de los abogados de Howard, dijo que la procuraduría tiene un conflicto de intereses al representar a Groover porque sus abogados están tomando decisiones sobre el litigio, al tiempo que argumenta que él debería cargar con la mayor parte del costo si el juez no ajusta el veredicto del jurado.
En un momento dado, antes del juicio, se ofreció a Howard un acuerdo de 4 mil dólares, con la condición de que desestimara las demandas contra cualquier otro posible acusado o funcionario de prisiones. Cuando Howard rechazó las condiciones del Estado, el caso fue a juicio y resultó en un veredicto significativamente más alto.
Los abogados de Howard dijeron que el conflicto de intereses que surge en el caso debería preocupar a los empleados estatales que pudieran enfrentar litigios en futuras demandas.
“Están exponiendo a sus empleados”, dijo Vieira.
