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Jueza bloquea divulgación de registros adicionales sobre altercado en Durango High

Una jueza de Las Vegas denegó la solicitud de la ACLU de Nevada para obtener más registros públicos del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) relacionados con un altercado entre un policía escolar y un estudiante cerca de Durango High School el año pasado.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada demandó al distrito escolar la divulgación de documentos públicos relacionados con el incidente. Tras una orden judicial, el distrito escolar hizo público en enero el video del incidente grabado con una cámara corporal, pero la ACLU de Nevada siguió presionando para que se hiciera público un informe interno en el que se detallaba cómo investigó la policía el incidente.

El video publicado en las redes sociales en febrero de 2023 parecía mostrar al teniente Jason Elfberg, agente de policía del distrito, empujando a un estudiante afroamericano al suelo y poniéndole una rodilla en la espalda. El estudiante había estado grabando el arresto de otros menores, según la ACLU, y el distrito ha declarado que el enfrentamiento tuvo su origen en una investigación sobre una denuncia de un arma de fuego cerca de la escuela.

Las imágenes de la cámara corporal difundidas en enero mostraban a Elfberg deteniendo a un estudiante mientras otro pasaba por allí grabando con su teléfono. Elfberg agarró a ese estudiante, lo tiró al suelo y le puso una rodilla en la espalda mientras gritaba a los estudiantes cercanos que retrocedieran.

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, ha dicho anteriormente que la explicación del distrito escolar de que el incidente se debió a informes sobre un arma de fuego era una “justificación BS para detener y acosar a niños”.

Durante la audiencia del martes, la jueza de distrito Danielle Pieper dijo que “luchó” con su decisión de no ordenar la divulgación del informe interno. Dijo que estaba de acuerdo con los ideales de la Ley de Registros Públicos de Nevada, pero señaló que quería seguir siendo coherente con sus resoluciones anteriores.

“Sé que me encantaría que otro tribunal me orientara al respecto”, declaró Pieper el martes.

En diciembre, la jueza dictaminó que el informe de investigación de asuntos internos sobre las acciones de Elfberg era confidencial, según los registros judiciales.

El abogada Jackie Nichols, que representa al distrito escolar, argumentó el martes que Elfberg no ha tenido acceso a los documentos y que la ACLU podía obtener la información en el informe a través del proceso de divulgación en una demanda civil.

Haseebullah dijo que la ACLU no quiere acceder a la información a través de una demanda civil.

“Eso no hace nada en favor del público en general. Eso no da acceso a los medios a la información que está sucediendo. Eso no da a las familias una vista previa de lo que va a suceder en un entorno público”, dijo.

Haseebullah dijo que la ACLU aún tiene que determinar si recurrirá la decisión de la jueza ante la Corte Suprema.

Los abogados de la organización han argumentado que los registros de la investigación interna pudieran tacharse para ocultar información personal. Haseebullah dijo que también estaría interesado en ver los registros totalmente tachados, para determinar la extensión del informe interno. Dijo que la ACLU está particularmente interesada en las declaraciones de los testigos y cualquier mensaje de voz que el distrito pudiera haber recibido sobre el incidente.

La jueza también ordenó el martes al distrito escolar que pagara a la ACLU más de 36 mil dólares en concepto de honorarios de abogado. El distrito escolar ya ha gastado casi 46 mil dólares en asesoramiento jurídico externo en la demanda, informó el Review-Journal en enero.

Cuando se le preguntó sobre los honorarios de los abogados procedentes del dinero de los contribuyentes, Haseebullah cuestionó por qué el distrito luchó para evitar la divulgación de los registros en primer lugar.

“Si tomaran decisiones menos insensatas a la hora de litigar asuntos como este y entregaran los registros públicos, no tendríamos que litigar durante este periodo”, declaró a los reporteros tras la audiencia del martes.

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