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Cambia el tribunal de Las Vegas su forma de abordar la delincuencia en el Strip

A partir del año próximo, se asignará una jueza del Tribunal de Justicia de Las Vegas a todos los casos de delitos ocurridos en el Strip de Las Vegas o en sus zonas comerciales circundantes.

Los casos serán supervisados por la jueza de paz Melissa Saragosa a partir de enero, tras la expiración de su mandato como jueza principal del tribunal.

El presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson, dijo que el cambio en las funciones de Saragosa está directamente relacionado con la ordenanza sobre el “corredor de la orden”, recientemente ampliada, que otorga a los jueces la capacidad de prohibir la entrada en el Strip y sus alrededores a las personas condenadas por un delito durante un máximo de un año.

“Me reuní personalmente con todos los jueces de paz y les expliqué lo que estábamos haciendo, por qué lo hacíamos y nuestra esperanza de que los jueces se vieran a sí mismos como parte integrante de la solución de un problema que era grande y necesitaba atención”, dijo Gibson en una entrevista reciente con el Las Vegas Review-Journal.

Aunque la ordenanza ampliada y el nuevo calendario judicial son impulsados por las autoridades como una forma de combatir la delincuencia en el epicentro turístico del Condado Clark, a la American Civil Liberties Union Nevada (ACLU) le preocupa que los cambios puedan coartar los derechos constitucionales de las personas.

Christopher Peterson, director jurídico de la ACLU de Nevada, dijo que el Strip puede considerarse un “foro público” para actividades amparadas por la Primera Enmienda, como protestas o espectáculos callejeros.

“Si un gobierno va a intentar mantener a alguien alejado de un foro público, aislarlo completamente de él, en términos generales el gobierno debe tener una razón muy buena para ello”, dijo Peterson.

Los funcionarios empezaron a planificar la ordenanza y el calendario judicial a principios de año, en reuniones en las que participaron miembros de la Asociación de Centros Turísticos de Nevada, comisionados del condado, jueces, la fiscalía, la oficina del abogado de oficio y el Departamento de Policía Metropolitana.

“El objetivo del Tribunal del Corredor Turístico es reducir la delincuencia en el corredor turístico, mejorar la experiencia general de empleados y visitantes y conseguir servicios para quienes se beneficiarán de ellos”, dijo Virginia Valentine, presidenta de la Asociación de Estaciones Turísticas de Nevada, en una declaración enviada por correo electrónico. “Tenemos la responsabilidad de probar cosas nuevas y hacerlo mejor para mantener una experiencia segura y protegida para nuestros visitantes, empleados y residentes”.

El Defensor del Pueblo del Condado Clark, Darin Imlay, declinó hacer comentarios sobre el nuevo tribunal. El fiscal del Condado Clark, Steve Wolfson, dijo que no haría más comentarios que la declaración hecha pública por la asociación del complejo turístico.

Aunque la ACLU tiene dudas sobre la ordenanza, la organización no ha presentado ninguna impugnación legal. Los funcionarios creen que la ordenanza se mantendrá en los tribunales.

“Creo que es una buena ordenanza, y esto nos permite hacer una declaración de verdad contundente”, dijo Gibson.

Aumento de la delincuencia

Los comisionados aprobaron la ordenanza ampliada por unanimidad en agosto, sustituyendo a las anteriores zonas de exclusión, que prohibían la entrada a los condenados por prostitución y delitos relacionados con drogas. La nueva ordenanza abarca todos los delitos, y Peterson señaló que no especifica que el delito tenga que haber ocurrido en el Strip.

Los límites de la ordenanza se extienden desde Russell Road hasta Sahara Avenue, deteniéndose antes de The Strat en el límite de la ciudad de Las Vegas. La ordenanza abarca también las zonas que rodean inmediatamente The Orleans, The Palms, Gold Coast y The Rio. Al este, el límite se extiende hasta Paradise Road y un poco más allá cubre Virgin Hotels Las Vegas y Las Vegas Convention Center.

En los dos últimos años, los dirigentes de la Policía Metropolitana han tratado repetidamente de hacer frente al aumento de la delincuencia en el Strip, incluyendo operaciones para confiscar armas de fuego ilegales en el corredor del complejo turístico y una campaña para aumentar el número de agentes de policía que patrullan la zona.

Según las estadísticas de la Policía Metropolitana, los “delitos contra las personas” en la comandancia de la zona del centro de convenciones, que abarca la mayoría de las zonas cubiertas por la ordenanza, han disminuido un 9.8 por ciento en el último año. Los “delitos contra las personas” incluyen los delitos sexuales, las agresiones y los homicidios reportados.

En todos los mandos de la Policía Metropolitana del valle, los “delitos contra las personas” han disminuido un 4.7 por ciento este año.

Mientras tanto, los delitos contra la propiedad en el comando de zona del centro de convenciones, que incluyen denuncias de hurto, fraude, robo, allanamiento y destrucción de bienes, han aumentado un 31 por ciento en el último año, según las estadísticas del departamento. Toda la Policía Metropolitana ha reportado un aumento del 9.8 por ciento en delitos contra propiedades este año.

Es difícil comparar las estadísticas de delitos en la zona anteriores a la pandemia del COVID-19, ya que un mandato del FBI de 2021 cambió la forma en que la policía reportaba los delitos. Los expertos han afirmado que el nuevo sistema podría crear la falsa sensación de que la delincuencia está aumentando, ya que con él se reporta más información.

Abordar el problema de los desamparados

Aunque el nuevo calendario judicial pretende abordar los patrones de delincuencia, el alguacil adjunto de la Policía Metropolitana John McGrath dijo que también es un esfuerzo por encontrar “soluciones a largo plazo para los desamparados y los enfermos mentales del Strip”.

Algunos desamparados que se alojan en zonas supervisadas por el mando de la zona del centro de convenciones han sido desalojados de propiedades cientos de veces, dijo McGrath.

“Los desamparados del centro de convenciones son muy territoriales a la zona a la que vuelven una y otra vez, de modo que cuando efectuamos arrestos, salen de la cárcel y vuelven al mismo sitio”, dijo McGrath.

Sin embargo, la ACLU ha cuestionado si sacar a la gente del Strip mejorará la seguridad.

“¿Se va a usar de verdad para que alguien esté más seguro, o se va a usar en realidad para apartar a la gente que las empresas y los casinos van a considerar indeseable?”, dijo Peterson.

El Tribunal de Justicia de Las Vegas tiene un programa de tribunales comunitarios diseñado para remitir a la gente a los servicios sociales cuando se les acusa de delitos menores, normalmente originados en el Strip. Saragosa dijo que su nuevo calendario identificará a más personas necesitadas de esos servicios.

McGrath dijo que la ordenanza también se usará para remitir a los servicios a la gente, concretamente a los desamparados.

“Queríamos intentar usar la ‘orden de salida’ para conseguir que, con suerte, reciban algún tipo de tratamiento”, dijo. “Una especie de palanca sobre la gente”.

En busca de patrones

Saragosa no será la única juez del Tribunal de Justicia de Las Vegas que supervise un calendario especializado. Los jueces ya se ocupan de calendarios que consisten solo en casos de conducir bajo los efectos del alcohol o de violencia doméstica.

Pero la diferencia, dijo Peterson, es que otros calendarios judiciales no se limitan a una zona geográfica. North Las Vegas y Henderson tienen cada uno su propio tribunal de justicia, pero fueron creados por la Legislatura, dijo.

Peterson dijo que el hecho de que un solo departamento se encargue de todos los casos del Strip podría dar lugar a parcialidad judicial, ya que el juez ve a los mismos acusados una y otra vez.

En respuesta a las preguntas de seguimiento enviadas a Saragosa, el portavoz del Condado Clark, Erik Pappa, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que el argumento de que el tribunal podría crear parcialidad judicial no tiene “ningún mérito”.

“Esperamos que haya un gran número de casos y un gran número de acusados”, dijo Pappa. “Nuestros jueces de paz se presentan con imparcialidad, competencia y en cumplimiento de sus responsabilidades éticas”.

Saragosa le dijo inicialmente al Review-Journal que es más difícil para los abogados y los jueces darse cuenta de las pautas delictivas cuando los casos están repartidos entre más de una docena de jueces distintos. Dijo que espera que el nuevo calendario judicial dé a la comunidad una mejor idea de por qué se producen delitos en el Strip.

“Estamos intentando comprender mejor lo que ocurre allí”, dijo.

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