Afirma Junta de Autoridad Escuelas Públicas que su director los mantuvo ‘a oscuras’
Los miembros de la junta de la Autoridad de Escuelas Públicas y Estatales del Estado afirman que el director ejecutivo de la agencia los mantuvo en la oscuridad sobre sus operaciones, lo que brinda una perspectiva adicional de las tensiones que pudieron haber contribuido a su renuncia.
El presidente de la Junta, Jason Guinasso, dijo que el director ejecutivo de la autoridad, Patrick Gavin, no se comunicó con la junta en relación con una serie de preocupaciones planteadas por los legisladores en una reunión del 24 de octubre del Comité Interino de Finanzas.
La lista de preocupaciones incluía el hecho de que el personal de la autoridad no estaba realizando visitas evaluativas a las escuelas autónomas estatales, pese a la aprobación de la Legislatura de cuatro nuevos puestos en 2017 para ayudar con la carga de trabajo. El asunto salió a la luz después de que un miembro del personal de la autoridad declaró que las escuelas iban a determinar cómo serían evaluadas.
Como resultado, de acuerdo con la respuesta aprobada el viernes por la junta de autoridad, a los legisladores les quedó la impresión de que la autoridad se había “vuelto ilegítima y no estaba proporcionando la supervisión adecuada a las escuelas”.
El funcionario también “culpó inexplicablemente” a la junta por no llevar a cabo visitas al sitio, agregó.
De hecho, según la carta, a la junta “nunca se le informó que el personal no estaba haciendo ‘visitas a sitios’ … y no ha revisado ni aprobado un ‘protocolo de visitas’”. También negó que las escuelas determinen cómo serían evaluadas.
Al aclarar una serie de otras declaraciones hechas en la presentación, la carta también aseguró a los legisladores que la autoridad tomará medidas inmediatas para abordar sus inquietudes.
“Ya sea que tengamos conocimiento de lo que se comunicó al (Comité de Finanzas Interino) o no, no nos exime de ser responsables … con respecto al trabajo que la autoridad está haciendo con el dinero público proporcionado para financiar las posiciones clave para realizar el trabajo”, argumentó.
¿La política en juego?
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Autorizadores de Escuelas Públicas (NACSA) está rechazando una carta enviada la semana pasada por un rival político que le pide a la oficina del fiscal general de Nevada que investigue si Gavin violó la ley estatal.
La carta de la Coalición Nacional para la Elección de Escuelas Públicas, que cabildea en nombre de las escuelas públicas en línea, destacó que la membresía de Gavin y la “amplia participación” con la asociación de autorizadores era incorrecta.
Notó que fue nominado a la junta de NACSA mientras participaba en la selección de un contrato de proveedor para servicios de consultoría de negocios, que la autoridad otorgó a NACSA en 2015.
La ley estatal requiere que el director ejecutivo de la autoridad solicite el permiso de los miembros de la junta antes de dedicarse a cualquier otro negocio u ocupación.
La NACSA, una organización de membresía que proporciona orientación y mejores prácticas para los grupos estatales que autorizan las escuelas autónomas, anunció en una declaración que la carta contiene múltiples errores y tergiversaciones.
Las actas de una reunión de abril de 2013 de la junta de autoridad de fletamentos de Nevada también muestran que los miembros apoyaron al director ejecutivo, Steve Canavero, ahora el superintendente de educación pública del estado, que forma parte de la junta de NACSA.
“Esa membresía ayuda a todas las escuelas públicas de Nevada a mantenerse actualizadas sobre la ley pública modelo y las mejores prácticas nacionales”, comentó la presidenta Kathleen Conaboy en ese momento.
No está claro si Gavin también buscó la aprobación de la junta de autoridad. Guinasso, quien no estuvo en la junta durante la permanencia de Canavero en la autoridad de fletamento, le reportó al Review-Journal la semana pasada que desconocía el rol de Gavin en la NACSA.
Gavin no quiso hacer comentarios para esta historia.
Pero una ex miembro de la junta de autoridad, Elissa Wahl, aclaró que los miembros aprobaron la participación de Canavero y Gavin con la NACSA.
Otros que se desempeñaron en la autoridad en ese momento - Conaboy, la actual miembro Nora Luna y la actual vicepresidenta Melissa Mackedon - se negaron a comentar sobre la carta u otros asuntos internos. El ex miembro Adam Johnson no devolvió una llamada para hacer comentarios.
Una portavoz de la oficina del fiscal general afirmó que recibió la carta, pero no confirmó si investigará el asunto.
Cabildero para las cartas en línea
El PSO es un grupo de presión bien conocido para las escuelas en línea. Gastó más de 2 mdd en 2016 como parte de su trabajo “educando a los responsables de formular políticas sobre la necesidad de ampliar el acceso a las opciones de elección de escuelas”, de acuerdo con la presentación del IRS 2016 de la organización sin fines de lucro.
El grupo asegura que funciona para garantizar el derecho de los padres a elegir la mejor opción educativa para sus hijos.
“Esa es nuestra misión y nunca retrocederemos en eso”, puntualizó la portavoz de la PSO Susan Hepworth en un comunicado. “Cuando las personas quedan atrapadas en un comportamiento poco ético y potencialmente ilegal, intentan distraer, y este es un ejemplo perfecto”.
La carta de la PSO a la oficina del fiscal general llegó tres días antes de que la autoridad considerara renovar los programas de preparatorias y secundarias de la Academia Virtual de Nevada.
Pero Hepworth respondió que la carta no estaba programada para aumentar las posibilidades de renovación de la escuela o coordinarse con ella.
El presidente de la junta directiva de la escuela también mencionó que no se coordinó con el PSO en el esfuerzo.
La academia en línea, que acordó cerrar sus grados de primaria debido a los bajos resultados académicos, ha tenido una historia complicada con la autoridad sobre el bajo rendimiento. La autoridad aprobó la renovación de sus operaciones con estipulaciones, que requieren el cierre de la preparatoria o secundaria si obtienen menos de 50 puntos en el sistema de rendimiento académico del estado durante dos años consecutivos.
La escuela rechazó esas condiciones, argumentando que eran irrazonables y excesivos.
