De Los Pinos a Los Moches
Lo que estamos viendo es un exceso.
¿Cómo que dinero a cambio de canalizar recursos para el desarrollo?
¿Cómo que las partidas federales deben ir a contratos asignados a la empresa de un diputado del PAN?
Gustavo Madero no quiso remover de la coordinación de los diputados de Acción Nacional a Luis Alberto Villarreal, a pesar de los severos cuestionamientos por el cobro de moches a municipios blanquiazules.
Sus razones tendrá Madero, pues él lo puso ahí. Pero que Cecilia Romero sostenga a Villarreal, es insólito y es autodestructivo.
Si los alcaldes tienen que darle una tajada de dinero a los legisladores a fin de que canalicen recursos para obra pública, estamos ante un escándalo vergonzoso.
Y si quien cobra ese dinero es la dirigencia del PAN en la Cámara de Diputados, es para que intervenga el ministerio público.
Debe hacerlo porque la el CEN panista no se hace cargo de sus coordinadores parlamentarios.
Las autoridades federales deben intervenir porque la materia de la discordia es una extorsión.
Es posible que nada de lo que se dice de Luis Alberto Villarreal sea verdad.
Tal vez todo sea calumnia. Inventos de campaña. Pero en ese caso, él debería ser el primero en exigir una aclaración y no lo ha hecho.
La autoridad tiene que hacerlo, pues tanto extorsiona el matón de barrio que cobra derecho de piso en Apaztingán, como el legislador que pide cuotas de partidas federales destinadas a construir escuelas o carreteras.
Hay demasiado ruido bajo las aguas de ese río, como para que nadie aclare nada.
La información que acaba de publicar el diario A.M. de León, citado por Reforma, es demoledora. Ninguna autoridad puede cerrar los ojos ante ella.
Los alcaldes de la capital de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, habrían recibido la promesa de obtener 400 millones de pesos de fondos federales destinados a infraestructura, a cambio de una suculenta mordida.
El dinero lo canalizarían los diputados del PAN, con la condición de que las obras que se fueran a ejecutar con esos recursos se hicieran con la constructora Serralde y Asociados.
Tal empresa es propiedad de Víctor Manuel Serralde Martínez, diputado federal del Partido Acción Nacional por el estado de Veracruz.
