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Nevada continúa denegando solicitudes de registros públicos

El estado de Nevada se niega a divulgar cuánto les ha pagado a los ex empleados por sus permisos de discapacidad, enfermedad y de vacaciones no utilizadas.

Desde octubre, el Las Vegas Review-Journal ha buscado información completa que documente cuánto dinero recibieron los empleados individuales cuando se jubilaron, renunciaron o fueron despedidos. La solicitud, si se completa en su totalidad, abarcaría a empleados que abarcan desde ejecutivos de departamento hasta trabajadores de rango como los empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

El Review-Journal está buscando los registros para comprender mejor qué ex empleados públicos se benefician financieramente más de las políticas que les permiten acumular y luego recolectar cientos de horas de tiempo libre no utilizado.

“Desafortunadamente, El Review-Journal ha recibido muchos rechazos ridículos para publicar registros públicos”, comentó el editor en jefe Glenn Cook. “Pero este es uno de los peores. Los registros de compensación son indiscutiblemente públicos, cualquier miembro del público puede conocer el salario anual de cualquier empleado público en el estado; sin embargo, el estado afirma que los retiros de la licencia pagada son confidenciales. Solo hay una razón para violar flagrantemente la ley estatal: tratar de ocultar algo”.

Los datos anónimos proporcionados por el estado muestran que pagó un total de más de $45 millones a unos 10 mil ex empleados ejecutivos y de la rama judicial entre 2012 y 2016. Los pagos oscilaron entre unos pocos centavos y decenas de miles de dólares.

Pero el estado se niega a identificar a los empleados por su nombre. Los empleados de la oficina del Procurador General, cuyos antiguos colegas están incluidos en el alcance de la solicitud de registros, afirman que las disposiciones del Código Administrativo de Nevada que regulan los registros del personal hacen confidencial el uso o saldo de un empleado de su licencia por enfermedad y vacaciones.

“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de salvaguardar la información de los empleados”, destacó la portavoz del Departamento de Administración: Mary Woods. “Estamos obligados a cumplir con la regulación estatal que considera confidencial el uso y el saldo de vacaciones pagadas de un empleado”.

La abogada del Review-Journal: Maggie McLetchie, argumenta que el código solo se aplica a los empleados estatales actuales, no a los pagos realizados a ex empleados.

McLetchie comparó la solicitud con una hecha por El Reno Gazette-Journal para registros de pensiones estatales en 2011. Después de años de batallas legales, la Corte Suprema de Nevada dictaminó en 2013 que el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos del estado tenía que hacer públicos los nombres de los beneficiarios, retiro beneficios, empleadores, salarios y fechas de contratación y salida.

“Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero, y los registros son públicos”, dijo McLetchie. “La Corte Suprema de Nevada ya ha rechazado exactamente las tácticas en las que se basa el estado en un caso sobre PERS, y es asombroso que el estado no cumpla con la ley”.

 

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