Biden presenta nuevas normas fronterizas para regular la entrada de solicitantes de asilo
Estas cifras fueron reportadas por primera vez por The Associated Press el lunes.
Una vez que esta orden entre en vigor, los migrantes que lleguen a la frontera, pero no expresen temor de regresar a sus países de origen, serán objeto de expulsión inmediata de Estados Unidos, en cuestión de días o incluso horas. Esos migrantes se enfrentarían a penas que podrían incluir la prohibición de volver a entrar en Estados Unidos durante cinco años, así como posibles acciones penales.
Mientras tanto, cualquier persona que exprese ese temor o intención de solicitar asilo será examinada por un oficial de asilo de Estados Unidos, pero con unos estándares más estrictos que los que se usan actualmente. Si superan el examen, podrán acogerse a formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención de la ONU contra la Tortura.
La orden de Biden fue detallada por cuatro funcionarios de alto nivel de la administración que insistieron en el anonimato para describir el esfuerzo a los reporteros. La directiva se produce cuando el número de inmigrantes encontrados en la frontera ha experimentado un descenso constante desde diciembre, pero los altos funcionarios de la administración justificaron la orden argumentando que las cifras siguen siendo demasiado elevadas y que las cifras podrían repuntar con mejor tiempo, cuando tradicionalmente aumenta el número de encuentros.
Sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas y complicaciones sobre cómo se aplicaría la nueva directiva de Biden.
Por ejemplo, la administración Biden ya tiene un acuerdo con México por el que este país se compromete a aceptar hasta 30 mil ciudadanos al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela una vez que se les deniegue la entrada desde Estados Unidos, y altos funcionarios de la administración afirman que esto continuará bajo esta orden. Pero no está claro qué ocurre con los nacionales de otros países a los que se niega la entrada en virtud de la directiva de Biden.
Los oficiales también reconocieron que el objetivo de la administración de deportar rápidamente a los inmigrantes se complica por la insuficiente financiación del Congreso para hacerlo. La administración también se enfrenta a ciertas limitaciones legales cuando se trata de detener a familias migrantes, aunque la administración dijo que seguiría cumpliendo con esas obligaciones.
Diferencias con la política de Trump
La autoridad legal invocada por Biden proviene de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a un presidente limitar las entradas de ciertos migrantes si se considera “perjudicial” para el interés nacional.
Los oficiales expresaron su confianza en que podrán aplicar la orden de Biden, a pesar de las amenazas de destacados grupos jurídicos de demandar a la administración por la directiva.
Los oficiales de la administración insistieron en que la propuesta de Biden difiere drásticamente de la de Trump, quien se apoyó en las mismas estipulaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que Biden está usando, incluida su directiva de 2017 para prohibir la entrada a ciudadanos de naciones de mayoría musulmana y sus esfuerzos en 2018 para tomar medidas drásticas contra el asilo.
Por ejemplo, la orden de Biden describe varios grupos de migrantes que estarían exentos por razones humanitarias, incluidas las víctimas de la trata de personas, los menores no acompañados y las personas con emergencias médicas graves.
“Intentó convencernos a todos durante todo este tiempo de que no había forma de que pudiera arreglar el desastre”, dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una rueda de prensa. “Recuerden que él lo diseñó”.
