El proyecto de ley de ‘minería responsable’ avanza, pero sus detractores lo rechazan
Un proyecto de ley por el representante Mark Amodei que permitiría a las empresas mineras llevar a cabo operaciones en tierras públicas, independientemente de si un depósito mineral se ha descubierto en la tierra, fue aprobada el miércoles por la Cámara.
“Ahora más que nunca, debemos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para aumentar la producción nacional de minerales y proteger la capacidad de llevar a cabo actividades mineras responsables en tierras federales”, dijo Amodei, único representante republicano de Nevada, en un comunicado el miércoles.
La Ley de Claridad Reguladora de la Minería de 2024 fue aprobada en una votación de 216-195 el miércoles por la noche y aborda una sentencia judicial originada en Arizona en la que un tribunal reglamentó que la pretensión de una empresa minera de verter roca estéril y relaves en tierras públicas donde no existían reclamaciones mineras válidas carecía de fundamento.
Conocida como la sentencia Rosemont, la regla prohibiría actividades como los sitios de procesamiento o el almacenamiento de residuos en tierras sin minerales económicamente viables, según un comunicado de la oficina de Amodei.
Según la oficina de Amodei, la legislación reafirmaría un precedente que se mantiene desde hace tiempo, según el cual las actividades de exploración y extracción van acompañadas de cierto uso de terrenos públicos en virtud de una reclamación minera.
La senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto y el senador republicano por Idaho Jim Risch presentaron el proyecto de ley en el Senado y, tras su aprobación en la Cámara de Representantes, le solicitaron al Senado a hacer lo mismo rápidamente. La otra senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen, también fue una de los copatrocinadores originales del proyecto de ley.
“Todo, desde las baterías de iones de litio hasta los satélites, depende de minerales esenciales, y deberíamos extraerlos de forma responsable aquí mismo, en Estados Unidos”, dijo Cortez Masto en un comunicado. “Sin una solución, la decisión de Rosemont podría poner en peligro los proyectos mineros existentes y futuros, amenazando miles de puestos de trabajo en Nevada y en todo el Oeste. Seguiré defendiendo a nuestras comunidades y nuestro futuro de energía limpia”.
Sin embargo, algunos grupos conservacionistas e indígenas se han opuesto a la ley y afirman que supondría un retroceso en la Protección Ambiental, amenazaría la salud de las comunidades y afectaría a los terrenos públicos. El Sierra Club y el Western Shoshone Defense Project afirmaron en un comunicado que el proyecto de ley devolvería al país al salvaje Oeste y daría rienda suelta a las empresas mineras, cerrando las tierras al público.
Mary Gibson, miembro de la Nación Shoshone Occidental y miembro de la junta asesora del Proyecto de Defensa Shoshone Occidental, llamó a la legislación “genocidio cultural y espiritual”.
Gibson dijo que la minería afecta al agua potable, y algunas comunidades no tienen acceso a agua potable limpia porque los pozos de agua han sido contaminados por las toxinas usadas en la industria minera.
“Este proyecto de ley, si se convierte en ley, perpetuaría aún más el daño contra los pueblos indígenas de Nevada, los administradores originales de estas tierras, al permitir que los residuos mineros y la contaminación corran desenfrenadamente”, dijo Gibson en un comunicado.
