Nuevo programa de monitoreo del tribunal tiene como objetivo estudiar los desalojos, y hace un llamado a la reforma
Un padre soltero incapaz de trabajar porque nadie más podía cuidar a su hija pequeña y una persona que necesita muletas para recuperarse de un accidente de auto pidieron un poco más de tiempo para ponerse al día con la renta.
Ambos fueron desalojados.
Sus casos figuraban entre las más de tres docenas de casos de desalojo que los legisladores locales y estatales observaron en menos de dos horas el martes por la mañana en el Tribunal de Justicia de Las Vegas.
La gran mayoría terminaron en desalojos, y cada procedimiento duró un promedio de un minuto, 15 segundos, señaló el comisionado del Condado Clark William McCurdy II.
“Fue una experiencia que espero que los nevadenses no sigan experimentando”, dijo sobre la explosión de desalojos en los últimos meses.
La visita al tribunal -seguida de una sesión vespertina en el Tribunal de Justicia de North Las Vegas- formaba parte de un programa de monitoreo de tribunales puesto en marcha el martes por la Nevada Housing Justice Alliance, un colectivo de grupos activistas.
El objetivo es contextualizar los desalojos, responsabilizar a los maestros de audiencia y a los jueces, y recoger datos “para que sepamos lo atrasado, contradictorio y enrevesado que es el proceso sumario de desalojo”, dijo Ben Iness, coordinador de la coalición.
Un análisis realizado en verano por “Eviction Lab”, con sede en la Universidad de Princeton, declaró que se han iniciado casi 140 mil procedimientos de desalojo en el Condado Clark desde el inicio de la pandemia, lo que supone un aumento de 115 respecto al promedio anterior a la pandemia durante el mismo periodo de tiempo.
Más de 30 mil nevadenses han sido desalojados desde que el gobernador Joe Lombardo vetó en junio un proyecto de ley que habría ampliado hasta 60 días una ley que retrasaba los desalojos de los inquilinos que esperaban respuesta de los programas de ayuda a la renta, según la Nevada Housing Justice Alliance.
Mientras que estos programas siguen siendo financiados a nivel local y estatal, los retrasos en los procesos de solicitud han agravado la crisis de desalojos, dicen los activistas.
McCurdy dijo al Las Vegas Review-Journal que los retrasos son “un síntoma de que el sistema está sobrecargado”.
Dijo que el condado ya ha proporcionado 300 millones de dólares en ayudas para rentas y facturas de servicios públicos.
El condado está considerando una propuesta de una infusión de seis millones de dólares en organizaciones no lucrativas capaces de ejecutar sus propios programas de asistencia de renta, que a menudo pueden proporcionar los dólares más rápido que el gobierno, dijo McCurdy.
McCurdy espera que esos fondos también se agotarán rápidamente y que los gobiernos tienen que pensar en soluciones a más largo plazo cuando se trata de la economía en su conjunto.
Los miembros de la Asamblea de Nevada Max Carter, Erica Mosca y Shondra Summers-Armstrong observaron las audiencias de desalojo el martes.
También lo hizo la concejal de Las Vegas Nancy Brune, quien declaró al Review-Journal que lo consideraba una oportunidad de aprendizaje.
Algunos de los electores de su distrito han escrito a su oficina acerca de los aumentos a la renta. Brune dijo que relataría lo aprendido y estudiaría el programa de ayudas a la renta de la ciudad y qué cambios podrían hacerse.
“Creo que la gente no se da cuenta de que la ley ha cambiado”, dijo sobre el fin del periodo de gracia para el desalojo.
La jueza de paz de North Las Vegas, Belinda Harris, agradeció la presencia del grupo de observadores en su sala el martes por la tarde y respondió a las preguntas que se le formularon desde el estrado una vez finalizada su comparecencia.
Los activistas de la comunidad han elogiado la forma en que lleva sus casos, cómo usa el criterio discrecional para conceder a la gente unos días más para desalojar una propiedad, y para anular los desalojos de los registros siempre que los inquilinos salgan a tiempo.
Dijo que se esfuerza por la transparencia de la sala del tribunal, transmitiendo abiertamente por internet la mayoría de sus audiencias.
“El tribunal es un lugar abierto y público”, dijo Harris.
