Esta es la razón por la que empleados públicos despedidos por mala conducta recuperan su trabajo
Decenas de empleados del gobierno de Nevada acusados de mala conducta fueron despedidos y luego reincorporados mediante arbitraje en los últimos cinco años, a pesar de las acusaciones sostenidas y de que los supervisores los consideraron no aptos para el trabajo. Alrededor de 50 empleados estatales y locales fueron despedidos por faltas como el uso excesivo de la fuerza durante un arresto, el tratamiento inadecuado de niños diabéticos y la petición de más ataques terroristas como el del 1º de octubre para aumentar las horas extras, según una investigación del Review-Journal. Sin embargo, fueron recontratados tras ser revisados por árbitros o funcionarios de audiencia que a menudo confirmaron la mala conducta.
Además de recuperar sus puestos de trabajo, los empleados readmitidos suelen recibir miles de dólares en concepto de salarios y prestaciones atrasadas, según los registros, y podrían volver a delinquir. Al menos uno lo hizo.
Todos los gobiernos, excepto el Estado de Nevada, ocultaron los nombres de los trabajadores recontratados alegando la privacidad del personal. El Review-Journal pudo identificar a algunos de los empleados comparando las circunstancias de la decisión con los informes policiales y otros registros. Sin conocer los nombres, no se puede calcular el costo para los contribuyentes.
Casi todos los casos no se han hecho públicos previamente, con la excepción de la reincorporación en 2017 del sargento de policía del Distrito Escolar del Condado Clark, Anthony Russo. Russo fue despedido después de un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol en el que dio un puñetazo y apuntó con su arma a las personas que iban en el vehículo con el que chocó. Un árbitro le devolvió su trabajo, según los registros.
Entre los casos que no se dieron a conocer están:
- Un agente de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) que trabajó durante el tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017 y que deseaba más ataques terroristas para poder tener horas extras. “Necesitamos más ataques terroristas como este”, le dijo a un compañero, grabado por la cámara corporal. Fue despedido pero recuperó su trabajo y luego fue despedido de nuevo por mala conducta posteriormente (tema desconocido), según los registros y el personal del sindicato.
- Otro agente, captado en video, asfixió a un sospechoso de robo a mano armada esposado en un centro comercial del Strip y luego se arrodilló sobre su cuello durante varios minutos.
- Y un asistente de enfermería del CCSD falló tres veces en tratar adecuadamente los niveles bajos de azúcar en sangre en niños diabéticos.
A menudo, los árbitros reintegran a los empleados por razones técnicas, como que no se les notificó debidamente la investigación, según muestra una revisión de las decisiones.
Otras veces los árbitros, la mayoría de los cuales nunca han trabajado como policías o funcionarios escolares y reciben miles de dólares por cada audiencia, anulan a los supervisores que han hecho su trabajo durante años. La mayoría de los árbitros son abogados o funcionarios judiciales jubilados.
“Uno de los aspectos más sorprendentes desde mi punto de vista es que los árbitros han racionalizado que la protección de esos oficiales y empleados es más importante que la protección de la comunidad de este nivel de violencia y abuso”, dijo el director ejecutivo de la ACLU de Nevada, Athar Haseebullah, que leyó una serie de decisiones de arbitraje a petición del Review-Journal. “Se deteriora y vence la confianza del público en los momentos en que el departamento busca tomar las medidas adecuadas”.
Pero Steve Grammas, presidente de la Las Vegas Police Protective Association (LVPPA), dijo que sus miembros necesitan protección contra los castigos injustos. “A veces, es totalmente arbitrario y (un supervisor) dice que nunca nos agradó este chico y que no debería estar aquí”, dijo. El arbitraje “elimina parte de la subjetividad”.
La LVPPA representa a los empleados de base, pero Grammas dijo que hay veces en que el sindicato no apoya una queja si los funcionarios de la asociación determinan que la disciplina se ajusta a las políticas del departamento.
Una investigación del Review-Journal de abril de 2021 sobre disciplina y responsabilidad reportó que un funcionario de prisiones de Henderson envió fotos suyas desnudo a una colega. Había sido despedido años antes tras una detención por conducir en estado de embriaguez, pero fue restituido por un árbitro. Después de eso, fue sancionado por acoso sexual y por una detención por agresión, según los registros. Sigue empleado en la cárcel de la ciudad.
LVMPD, CCSD, siete árbitros y los empleados reincorporados que el Review-Journal pudo identificar, se negaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
De los casi tres mil empleados despedidos por el estado, CCSD, Henderson, Las Vegas, North Las Vegas, Condado Clark y LVMPD desde 2015, unos 270 apelaron, y 47 ganaron esas apelaciones y fueron reincorporados.
Se ocultan los nombres de los empleados
Las víctimas de la mala conducta de los empleados públicos a menudo desconocen el historial disciplinario del empleado, información que habitualmente se mantiene en secreto para el público o incluso para los denunciantes.
Todos los gobiernos locales, escolares y de condado ocultan los nombres de los trabajadores despedidos y luego reincorporados. Pero los funcionarios estatales determinaron que los nombres de los empleados son públicos porque las decisiones se tomaron durante audiencias públicas.
Eso puede cambiar en el futuro porque la Legislatura de Nevada permitió a los empleados estatales sindicalizarse en 2019. Stephanie Klapstein, portavoz del Departamento de Administración del estado, dijo que las audiencias de arbitraje ya no son públicas para los empleados sindicalizados, pero los nombres de los trabajadores despedidos generalmente se darán a conocer a menos que haya un “interés de privacidad”.
El director ejecutivo de la Nevada Press Association, Richard Karpel, dijo que los contribuyentes tienen derecho a saber qué hacen los empleados públicos a los que pagan y qué consecuencias imponen los supervisores.
“Es un flaco favor blindar el comportamiento del gobierno y el rendimiento del gobierno; tenemos que saber estas cosas”, dijo.
Asambleísta Jim Wheeler, republicano por Minden, dijo que una de sus mayores preocupaciones con la sindicalización de los empleados del Estado fue las disposiciones de arbitraje a menudo escrito en los contratos de negociación colectiva.
“Cuando los sindicatos se involucran, por lo general llaman a un árbitro de California y no es la gente local que conoce los asuntos locales”, dijo. “Un árbitro de California en las negociaciones contractuales suele ponerse del lado del sindicato”.
Los candidatos a alguacil de LVMPD, Kevin McMahill, ex sub-alguacil, y Tom Roberts, ex ayudante de alguacil que ahora es asambleísta estatal, dijeron que los contratos sindicales dificultan el cambio del proceso de arbitraje, pero que tiene que haber una forma de descalificar a los árbitros que repetidamente emiten fallos inapropiados o sin fundamento.
“Debemos asegurarnos de que la decisión se basa en los hechos y no en cualquier cosa y no se ajusta al caso”, dijo McMahill.
Ambos dijeron también que apoyarían la publicación de los nombres de los policías despedidos y reincorporados si la ley estatal y las sentencias judiciales lo permiten.
“Creo en la transparencia”, dijo Roberts. “Estoy de acuerdo en que el público paga por el departamento de policía, por ese servicio, y debería tener un mejor acceso a los registros”.
El tercer candidato declarado a alguacil, Stan Hyt, no pudo ser localizado para hacer comentarios.
Las apelaciones han durado entre dos meses y más de dos años, y los empleados han estado ausentes del trabajo durante ese tiempo, pero en la mayoría de los casos han recibido salarios y beneficios tras su reincorporación, según los registros.
