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Juez suspende ejecución de Zane Floyd

Un juez federal suspendió el lunes la ejecución del condenado a muerte Zane Floyd, sentenciado a morir por disparar mortalmente a cuatro personas hace más de dos décadas en un supermercado de Las Vegas.

El juez de distrito Richard Boulware emitió la orden tras una audiencia de aproximadamente cinco horas en Las Vegas. Su fallo impide que el estado siga adelante con la ejecución antes de la semana del 18 de octubre. Los fiscales habían solicitado la ejecución de Floyd a finales de julio.

La decisión se produce menos de tres semanas después de que el Nevada Department of Corrections revelara los fármacos previstos para el cóctel de inyección letal en la ejecución de Floyd.

“Incluso en el caso de las personas que han sido condenadas a la ejecución por el Estado, se requiere el debido proceso fundamental y la equidad para disponer de un tiempo adecuado para poder investigar el método con el que el Estado pretende quitarle la vida”, declaró Boulware.

Floyd, que ahora tiene 45 años, mató a tiros a cuatro empleados e hirió gravemente a otro en el interior de un Albertsons de West Sahara Avenue en junio de 1999. También fue condenado por violar repetidamente a una mujer antes del tiroteo.

Boulware señaló que los funcionarios de prisiones tuvieron al menos tres meses para desarrollar un protocolo para la pena capital de Floyd después de que el fiscal del Condado Clark, Steve Wolfson, anunciara en marzo que solicitaría una orden de ejecución. Wolfson no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión del juez.

Los abogados de Floyd habían trazado un plan que exige, en parte, el testimonio de expertos médicos y dirigentes penitenciarios sobre los fármacos propuestos y los detalles de una posible ejecución.

“Estamos muy contentos de que vayamos a tener la oportunidad de litigar el novedoso y no probado protocolo experimental del estado”, dijo el defensor público federal adjunto David Anthony.

El plan del sistema penitenciario detalla la secuencia y la dosis de una inyección de analgésicos fentanilo o alfentanilo, “dependiendo de la disponibilidad”; ketamina, un anestésico; cisatracurio, un paralizante; y cloruro de potasio o acetato de potasio, “dependiendo de la disponibilidad”.

Boulware señaló que ese cóctel potencialmente mortal nunca se ha probado en el país. No se ha ejecutado a nadie en Nevada desde 2006.

A finales de la semana pasada, los abogados de los fabricantes de ketamina enviaron una carta de cese y desistimiento al fiscal general Aaron Ford, cuya oficina representa al sistema penitenciario, exigiendo que el estado devuelva 50 viales de la sustancia.

Los abogados de Floyd argumentaron que la ketamina podría causar “secreciones excesivas de la boca”, vómitos y provocar una sensación de ardor en las venas y los pulmones de Floyd.

El fiscal general adjunto Randall Gilmer argumentó en parte que los abogados de Floyd no citaron ninguna prueba médica o científica que demostrara que los fármacos propuestos darían lugar a una ejecución dolorosa.

“Han aportado cero puntos, incluso de WebMD, a su posición de por qué este protocolo es malo y por qué causaría dolor y sufrimiento inconstitucional”, señaló Gilmer.

En los documentos judiciales, Gilmer aportó declaraciones de médicos ajenos al sistema penitenciario, incluido uno que afirmó que el protocolo de ejecución era “probable que causara una muerte sin dolor ni sufrimiento significativos”.

Gilmer pidió al juez que incluyera lo que se conoce como un “certificado de apelabilidad” junto con su orden escrita, que permitiría a la oficina del fiscal general impugnar la decisión a través de un tribunal superior.

Los abogados de Floyd detallaron previamente los pasos que querían dar tras la emisión de la suspensión. Pidieron una inspección de la prisión estatal de Ely, donde se llevaría a cabo la ejecución, junto con una audiencia de cuatro días con el testimonio de testigos expertos a principios de octubre.

“El Nevada Department of Corrections ha tenido de 2½ a tres meses para formular este protocolo”, dijo Anthony. “Deberíamos tener el mismo tiempo para litigar el protocolo que ellos tuvieron para crearlo”.

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