Un ajuste de cuentas racial 30 años después de que Charles Bush fue asfixiado hasta morir
Una multitud de manifestantes llena las calles, exigiendo un ajuste de cuentas racial largamente esperado en Estados Unidos.
“Ya es suficiente”, cantan al unísono, sus carteles suben y bajan mientras marchan. “¿Quién morirá después?”, dice un cartel. Otro advierte, “¡CUIDADO CON POLICÍAS CORRUPTOS!”
Es una visión de la agitación que podría confundirse con cualquier manifestación de “Black Lives Matter” que ocurra hoy en las ciudades de todo el país, desencadenada por el asesinato en Memorial Day de George Floyd, un hombre afroamericano que un policía blanco de Minneapolis lo asfixió con su rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos.
Pero la escena que acabo de mencionar no está ambientada en el actual Estados Unidos.
Es 1990, y ha pasado poco más de un mes desde que Charles Bush, un hombre afroamericano de 39 años, fue asfixiado hasta morir en Las Vegas poco después de que tres agentes blancos del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) entraran en su apartamento sin una orden de inspección mientras dormía.
Su muerte el 31 de julio, daría lugar a una nueva ley estatal (la cual sigue vigente hoy en día) que establece límites al uso de los estrangulamientos por parte de la policía y altos funcionarios del Condado Clark para reexaminar un proceso conocido como la investigación del forense, un sistema destinado a proporcionar transparencia en los tiroteos de la policía y las muertes bajo custodia, pero criticado por algunos como parcial a favor de la aplicación de la ley.
Pero, pese a todos los cambios que inspiró su muerte, el 30º aniversario del asesinato del empresario de casinos este mes subraya el ritmo glacial de Estados Unidos hacia el desmantelamiento y el tratamiento adecuado del racismo sistémico en la policía.
“Lo que no quiero es que estemos aquí en otros 30 años protestando por lo mismo; que nada ha cambiado desde hace 30 años, e incluso 30 años antes de eso”, le comentó recientemente al Las Vegas Review-Journal, Terri Siddoway, quien era la novia embarazada de Bush al momento de su muerte.
Enfrentamiento mortal
Charles Jr. tenía alrededor de 12 años cuando se enteró de cómo murió su padre. Siddoway le explicó que salió de su apartamento en Paradise Resort Inn, alrededor de las 12:30 a.m., para comprar cigarrillos.
Bush estaría muerto menos de una hora después.
“Hasta cierto punto, eso lo moldeó todo en mi vida”, dijo Charles Jr., ahora de 29 años, acerca de la muerte de su padre en una entrevista realizada este mes en Oregón, donde nació y se crió.
Bajo el oscuro cielo de esa mañana, un escuadrón de seis agentes vestidos de civiles intentaba arrestar a prostitutas de Paradise Road, una conocida zona problemática al este del Strip, no lejos del apartamento de la pareja.
Siddoway, que una vez trabajó como prostituta legal en Nevada, comentó que aceptó que un extraño la llevara a la tienda en su vehículo porque le dolían sus ampollados pies. La policía dijo lo contrario.
A la 1 a.m., después de su arresto, tres agentes, Gerald Amerson, Thomas Chasey y Michael Campbell, entraron en el apartamento de la pareja, usando la llave de Siddoway, para llevar a cabo una investigación de seguimiento. Los oficiales no tenían una orden de inspección para entrar.
Dentro de la habitación 409, en lo que ahora es un Red Roof Inn, Bush yacía dormido desnudo en la cama, de espaldas a la puerta.
Siddoway comentó que no le dio la llave a los oficiales, ni les dio permiso para entrar en el apartamento. La policía dijo lo contrario.
Su arresto y la muerte de Bush ocurrieron mucho antes de que existieran las cámaras corporales de la policía y mucho antes de que los videos de celulares se convirtieran en una especie de arma cotidiana de los civiles para documentar la brutalidad y la mala conducta policial. Así que tres décadas después, la policía sigue controlando la narración de los últimos momentos de Bush: Él intentó atacar a los oficiales, afirman, y se desató una lucha.
“Todavía no sabemos realmente lo que pasó en esa habitación”, comentó Siddoway. “Después de todo este tiempo, simplemente no lo sabemos”.
Después de que Bush fue esposado y puesto en la cama, según LVMPD, empezó a respirar con dificultad y murió antes de que llegaran los paramédicos.
“No tuve más remedio que sostener a este hombre”, describió Amerson, el oficial que puso a Bush en una llave, dos semanas después en su testimonio durante una investigación forense. “Se volvió loco”.
La acusación del gran jurado
La causa oficial de la muerte de Bush fue estrangulación, y fue declarada un homicidio por la Oficina Forense del Condado Clark. El jefe de medicina forense en ese momento testificó eso durante la investigación. Aún así, los siete miembros del jurado de investigación decidieron unánimemente que la muerte de Bush era “justificable”, marcando el 44º veredicto justificable consecutivo emitido en las investigaciones forenses desde 1976.
Dos días después, el entonces fiscal de distrito, Rex Bell anunció que no acusaría a los oficiales. “Destruiría toda la integridad de este proceso si lo anulo”, indicó Bell sobre la investigación forense.
La integridad del proceso, que ya no se utiliza hoy en día, fue cuestionada de todos modos por altos funcionarios del condado. Fue reemplazada en 2013, después de años de discusiones, con un nuevo proceso llamado revisión de investigación, que se lleva a cabo sólo después de que la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark ya ha hecho una “determinación preliminar” de que no se presentarán cargos contra un oficial.
A diferencia de los interrogatorios de los forenses, los oficiales ya no testifican durante el nuevo proceso de revisión, y desde su inicio, ni una sola determinación preliminar ha sido revocada después de una revisión de investigación.
“No es un proceso perfecto porque los oficiales involucrados que causaron la muerte de uno de nuestros ciudadanos no pueden ser forzados a testificar”, le comentó el fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, al Review-Journal este mes, agregando que el proceso “probablemente está maduro para ser revisado para determinar si se pueden hacer más optimizaciones”.
Después de la decisión de Bell en 1990, la oficina del fiscal general de Nevada intervino, y los oficiales fueron acusados de homicidio involuntario y opresión racial. Un jurado del Condado Clark se estancó 11 a uno para absolver a los hombres unos meses después y se declaró un juicio nulo.
El entonces juez de distrito, J. Charles Thompson, personalmente no estuvo de acuerdo con el jurado y dijo que los oficiales habían entrado ilegalmente en el apartamento de Bush. Thompson también dijo que si Bush hubiera sobrevivido y hubiera sido arrestado, habrían desestimado el caso en el tribunal.
Amerson fue despedido en marzo de 1991 por el entonces alguacil del Condado Clark, John Moran, que desde entonces ha muerto, y tanto Chasey como Campbell fueron degradados. Chasey dejó el departamento cinco años después, y Campbell se retiró en 2007. Amerson murió en 2004 a la edad de 74 años, y Chasey murió en diciembre a la edad de 78 años. Los esfuerzos para llegar a Campbell para este reportaje no tuvieron éxito, aunque los registros públicos indican que vive en Arizona.
Pasarían 27 años antes de que otro oficial de LVMPD se enfrentara a cargos en relación con un asesinato bajo custodia.
Revisión de las políticas de uso de fuerza
Personas afroamericanas constituyen apenas el 12 por ciento de la población del Valle de Las Vegas, pero en promedio en los últimos cinco años, según las estadísticas del LVMPD, el 32 por ciento de las personas a las que disparó la policía eran afroamericanas.
A nivel nacional, LVMPD ha sido elogiado como un modelo de reforma y transparencia policial desde 2012, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre el uso de fuerza del departamento a la luz de una serie del Review-Journal que descubrió ejemplos de mala formación dentro del departamento, la falta de políticas claras y la falta de voluntad para disciplinar a los oficiales problemáticos.
Pero para LVMPD, los años que siguieron a la limpieza del Departamento de Justicia también se han caracterizado por varios asesinatos de alto perfil de hombres afroamericanos desarmados, incluyendo las muertes de Tashii Brown en 2017 y Byron Williams en 2019.
Un oficial blanco paralizó a Brown siete veces con una pistola paralizante y lo golpeó al menos una docena de veces antes de colocarlo en un estrangulamiento no autorizado por más de un minuto, del tipo de artes marciales.
Williams, que fue detenido por andar en bicicleta sin luces de seguridad, le gritó a la policía: “¡No puedo respirar!”, al menos 17 veces mientras los agentes lo inmovilizaban en el suelo con las manos y las rodillas. La revisión de la investigación está prevista para el 26 de agosto.
Cambios significativos en la política de uso de la fuerza de LVMPD, específicamente en cuanto a las restricciones que cortan el flujo de oxígeno y sangre, se produjeron después de ambas muertes. Este mes, después de semanas de protestas locales de Black Lives Matter, LVMPD volvió a cambiar su política sobre una cierta técnica de sujeción del cuello, esta vez sólo permitiendo su uso en “situaciones de peligro de vida”.
El departamento permitía anteriormente la sujeción del cuello, conocida como sujeción vascular lateral del cuello, en cualquier caso cuando un oficial se enfrentaba a “una persona agresiva”.
“No creo que reclasificarlo sea suficiente”, dijo Wesley Juhl, vocero de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada y ex reportero de crímenes del Review-Journal. “Creo que todos los policías saben qué decir para evitar cualquier responsabilidad, y es igual de fácil para ellos decir: ‘Sentí que mi vida estaba en peligro’”.
La ACLU ha estado durante mucho tiempo al frente de las conversaciones locales sobre la brutalidad policial y desempeñó un papel importante en las secuelas de la muerte de Bush, pidiendo transparencia y cargos contra los oficiales.
LVMPD no respondió a una solicitud de entrevista con el Alguacil Joe Lombardo para este reportaje, pero al momento del cambio de política el departamento emitió esta declaración: “Estamos constantemente evolucionando y buscando formas de mejorar nuestros estándares de uso de la fuerza. En este caso, una conversación nacional sobre esta técnica nos demostró que teníamos margen de mejora”.
En Las Vegas, hubo indignación tras la muerte de Bush hace 30 años, hubo indignación después de la muerte de Brown hace tres años y hubo indignación después de la muerte de Williams el año pasado.
Cada uno de los asesinatos provocó protestas, ninguno resultó en condenas.
“Mi primera reacción al analizar el asesinato de Charles Bush fue lo inquietantemente familiar que es”, considera Juhl. “Si cambias algunos de los nombres, esto pudo haber ocurrido ayer. Es lo mismo: cero responsabilidad, un fiscal de distrito reacio a actuar y preguntas sobre prejuicios raciales en la policía. Es muy triste que no hayamos hecho más progreso”.
En 2015, el 51 por ciento de los estadounidenses afirmó que creía que la discriminación racial era un “gran problema”, según una encuesta realizada por el instituto de encuestas de la Universidad de Monmouth, un centro líder en el estudio de la opinión pública sobre temas nacionales y estatales. Ahora, cinco años después, esa cifra ha saltado al 76 por ciento, según una reciente encuesta de Monmouth.
“La muerte de George Floyd fue tan descaradamente equívoca que creo que llamó la atención de todos”, comentó Charles Hayes, un ex policía de Dallas que estudió los prejuicios de la policía y escribió un libro sobre el tema. “Ahora están sucediendo conversaciones que pudieron no haber tenido lugar antes”.
Kenneth Lopera, el oficial que mató a Brown, fue acusado inicialmente en 2017 de homicidio involuntario y opresión racial. Fue el primer oficial, desde el asesinato de Bush, en ser acusado de una muerte bajo custodia, pero Wolfson dejó de presentar cargos contra Lopera después de que un gran jurado se negó a acusarlo.
Hace 30 años, antes de que Wolfson se convirtiera en el principal fiscal del Condado Clark, fue un abogado defensor que representó a Amerson, el oficial que estranguló a Bush.
Cuando se le preguntó si su papel en el caso de Bush podía hacer dudar a la comunidad de su voluntad de procesar a los oficiales de policía, le comentó al Review-Journal: “Es una tontería sugerir que mi oficina no está dispuesta a procesar a las fuerzas del orden cuando actualmente estamos procesando a tantos de ellos”.
Notificó que su oficina, a partir de este mes, estaba procesando a 15 oficiales de policía por cargos que van desde agresión sexual y doméstica, hasta conducir bajo la influencia del alcohol y malversación de fondos.
En voz alta
En total, LVMPD pagó 1.1 millones de dólares en acuerdos por la muerte de Bush. Cuando Charles Jr. tenía un año, LVMPD resolvió una demanda de derechos civiles presentada en su nombre por 625 mil dólares. En ese momento, se pensó que era el mayor acuerdo de derechos civiles de LVMPD.
Varios meses después, LVMPD resolvió una demanda por muerte por negligencia de 475 mil dólares presentada en nombre de la madre de Bush, Eula Mae Vincent, y su hija, Angela Nicole Robertson, que tenía 17 años al momento de su muerte. Vincent murió en 2013, y Robertson no pudo ser localizado por este reportaje.
El dinero para Charles Jr. le ayudó a pagar la colegiatura de su escuela privada y los deportes durante su infancia. Ayudó a Siddoway a construir una vida mejor para su hijo.
Aún así, Siddoway dijo que el dinero nunca podría reemplazar lo que le quitaron: un padre y un hombre afroamericano a quien admirar.
Charles Jr. fue criado por una madre blanca soltera en Oregón, donde la población es 87 por ciento blanca. No tuvo amigos afroamericanos al crecer, informó, por lo que normalmente era “el amigo afroamericano” del grupo.
Ha vivido toda su vida sintiendo las diferencias, sintiendo constantemente que nunca encajó en ningún sitio.
“Eso es algo que nunca me había admitido antes”, le comentó Siddoway más tarde al Review-Journal.
Siddoway ahora trabaja en el campo de la medicina y quiere avanzar en su carrera, tal vez la escuela de enfermería. En su tiempo libre, hace compras en tiendas de segunda mano y cuida sus flores fuera de su acogedora casa de un piso, donde vive con Charles Jr., su padre anciano y un pit bull terrier llamado Prince.
Charles Jr., que usa el apellido de su madre, fue despedido recientemente de su trabajo en un bar debido a la pandemia de COVID-19. No terminó la universidad pero le promete a su madre que volverá a la escuela.
Viven una vida tranquila, lejos de la ciudad en la que su familiar fue asesinado por la policía, exactamente como Siddoway imaginó su futuro hace 30 años. Pero las cicatrices permanecen, así que ninguno de los dos permanece en silencio.
“Es importante salir y que nuestras voces sean escuchadas”, dijo Charles Jr.
Así que un viernes por la tarde, unas semanas antes del aniversario de la muerte de Bush, Siddoway se paseó por una acera, la luz dorada del sol de Oregón bañando su piel de porcelana.
Moviéndose más lentamente que el resto de la multitud, debido a una rodilla mala que pronto tendrá que ser reemplazada, Siddoway se unió a los cánticos: “¡Black Lives Matter!”
Incluso en esta ciudad, donde los afroamericanos representan menos del dos por ciento de la población, los manifestantes siguen apareciendo por centenares más de un mes después del asesinato de Floyd.
