¡No solo las dictaduras de izquierda censuran a la prensa!

Es bien sabido que las dictaduras de izquierda de Cuba y Venezuela censuran a los medios, y que el presidente populista de izquierda de México demoniza a los periodistas independientes. Lo nuevo es que algunos gobiernos democráticos de derecha y centroderecha en América Latina estén intensificando sus ataques contra la libertad de prensa.

Quizás envalentonados por la cantilena del presidente Donald Trump de que los periodistas independientes somos los “enemigos del pueblo”, y por sus diatribas diarias contra los reporteros que le hacen preguntas difíciles, el presidente ultraconservador de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobresalen por sus intentos de intimidar a la prensa independiente.

Un nuevo informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dice que “las libertades de expresión y de prensa están enfrentando los peligros más graves de las últimas décadas” en El Salvador bajo Bukele.

El informe de la SIP del 28 de marzo dice que la reciente irrupción de Bukele con tropas del ejército al Congreso para presionar por la aprobación de una ley fue una acción “sin precedentes”. Agregó que “el gobierno busca perjudicar, desacreditar e intimidar a sus críticos”.

Bukele, un ex alcalde y empresario de 38 años que asumió el cargo el año pasado, está detrás de algunas de las granjas de noticias falsas que, entre otras cosas, han hackeado periódicos como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, y sitios web como RevistaFactum.com y El Faro.net, dicen funcionarios de la SIP.

Bukele es uno de los ejecutores más estrictos de las reglas de cuarentena obligatorias en América Latina.

“El temor es que esta pandemia le dé una excusa para volverse aún más autoritario”, me dijo el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.

Al igual que en China, el gobierno de Bukele ha arrestado en las últimas semanas a “cientos de personas” por caminar por las calles sin la debida autorización del gobierno, y está enviando a los infractores de la cuarentena a “centros de contención”, dijo la organización de derechos humanos Human Rights Watch.

Hasta el 13 de abril, un total de 4,236 personas estaban detenidas en 87 centros de contención, incluidas algunas detenidas por violar las normas de cuarentena doméstica y otras detenidas después de regresar del extranjero, según un comunicado de Human Rights Watch.

“El presidente Bukele actúa como si cualquier cosa está justificada para detener el COVID-19, incluso si es inconstitucional”, me dijo el director de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco.

En Brasil, por otro lado, Bolsonaro ha minimizado constantemente la crisis del coronavirus y casi a diario ataca verbalmente a periodistas que lo critican por eso.

Al igual que el presidente Trump, Bolsonaro llama a los periódicos independientes como Folha de Sao Paulo “noticias falsas” y se burla de los periodistas que le hacen preguntas duras.

“Bolsonaro está haciendo lo mismo que Trump”, dice Vivanco de Human Rights Watch. “Es copiar y pegar”.

En menor grado, los defensores de la libertad de prensa también están nerviosos por un decreto sobre el COVID-19 emitido el 25 de marzo por la presidenta interina de centro-derecha de Bolivia, Jeanine Añez.

Según el vago decreto de Bolivia, quienes cometan “crímenes contra la salud pública” al “desinformar” al público sobre la pandemia de COVID-19 pueden recibir penas de hasta 10 años de prisión.

Si bien el decreto no se ha utilizado para silenciar a los medios hasta ahora, contiene una figura “amplia y vaga que amenaza la crítica” al gobierno, dijo la oficina del Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en un tuit el 11 de abril.

Sin duda, hay mucha más libertad de prensa en Brasil, El Salvador y Bolivia que en Cuba o Venezuela, donde no hay ninguna. Pero eso no es excusa para lo que está pasando en Brasil, El Salvador y, en menor medida, en Bolivia.

Sin una prensa libre, no hay controles sobre la corrupción gubernamental. Y eso tiende a llevar a más corrupción, menos confianza en las instituciones, y menos inversiones. Los presidentes de Brasil, El Salvador y Bolivia, que proclaman ser defensores de la libre empresa y promotores del crecimiento económico, deberían tener eso muy en cuenta.