Con tantas malas noticias sobre las más de 60,000 personas que han muerto por coronavirus en Estados Unidos, los más de 20 millones de desocupados, y la escandalosa inacción del presidente Donald Trump durante las primeras semanas de la pandemia, quiero compartir con ustedes una historia un poco más alentadora para los estadounidenses que escuché, días atrás, de un amigo.
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Según las estadísticas oficiales de Venezuela, el país tiene una de las tasas de mortalidad de COVID-19 más bajas del mundo. Sin embargo, la realidad es que la pandemia del coronavirus en Venezuela es una bomba de tiempo a punto de explotar.
La comunidad inmigrante de Nevada ha sido una de las más perjudicadas por la pandemia del coronavirus. Como todos los nevadenses, los inmigrantes están preocupados por su salud física y financiera. Aquellos con estatus legal califican para muchos de los apoyos disponibles a nivel federal y estatal. Desgraciadamente, los nevadenses indocumentados se han visto imposibilitados de acceder a muchos de los programas sociales y servicios médicos que necesitan para sobrellevar esta crisis. Organizaciones por todo el estado están trabajando para asistir a familias afectadas por el coronavirus sin importar su estatus migratorio. Es por eso que publiqué una guía de recursos para nevadenses afectados por la pandemia de COVID-19 que incluye información útil para todos los nevadenses que necesitan alivio.
Hoy en día, a los padres les ha tocado ocuparse personalmente de la educación de sus hijos, y las sorpresas no se han hecho esperar. Para Nehemiah Frank, un periodista de Tulsa (Oklahoma) que tomó bajo su responsabilidad la educación de su sobrino Caillou, fue desconcertante encontrar que el niño de cinco años de edad tenía dificultades para hablar, no podía recitar el alfabeto ni tampoco reconocer o escribir palabras simples y comunes para cualquier estudiante de kindergarten.
El plan del gobierno de Argentina de traer hasta 500 médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus es una de las ideas más disparatadas desde el punto de vista de los derechos humanos, la economía y la salud pública que se estén viendo en estos momentos en América Latina.
El Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act (H.R. 748) es dinero que el Congreso está inyectando a la economía, a fin de estimularla. Los gobernadores de cada Estado son responsables de redistribuir los fondos para aliviar el impacto de la crisis actual producida por la pandemia. Su tarea es tomar las decisiones que mejor se ajusten a las necesidades de todos los ciudadanos.
Alienta que haya un horizonte, 30 de mayo, para el fin de la cuarentena en el país, salvo dos consideraciones esenciales: no se le puede creer a un gobierno que ha hecho de la mentira un hábito y del engaño su principal ‘virtud política’, y cientos de miles de empresas medianas y pequeñas no resisten sin ingresos hasta mediados de junio.
Es bien sabido que las dictaduras de izquierda de Cuba y Venezuela censuran a los medios, y que el presidente populista de izquierda de México demoniza a los periodistas independientes. Lo nuevo es que algunos gobiernos democráticos de derecha y centroderecha en América Latina estén intensificando sus ataques contra la libertad de prensa.
Las senadoras Catherine Cortez Masto (D-Nev.) y Jacky Rosen (D-Nev.) se unieron a las senadoras Mazie Hirono (D-Hawaii) y Kamala Harris (D-Calif) para co-patrocinar el proyecto de ley llamado Protección ante el Coronavirus para Familias Inmigrantes para garantizar que todas las comunidades tengan acceso a pruebas de COVID-19, información de salud pública e información sobre los servicios de emergencia y beneficios disponibles a nuestras comunidades sin importar su estatus migratorio o nivel de inglés.
Mientras el presidente Trump aumentó el presupuesto militar de manera escalofriante (Obama no lo hizo), un virus que pudo atenuarse ha matado en Nueva York a setenta por ciento más personas de las que murieron en el ataque terrorista a las Torres Gemelas.