Jueza desestima temporalmente demanda para bloquear ley de protección de trabajadores electorales
Una jueza desestimó temporalmente la semana pasada una demanda que intentaba bloquear una nueva ley que protege a los trabajadores electorales de Nevada.
Cuatro habitantes de Nevada presentaron en junio una demanda federal para intentar bloquear la Ley de Protección de los Trabajadores Electorales, que tipifica como delito grave la amenaza y la intimidación de los trabajadores electorales.
La jueza de distrito Cristina D. Silva desestimó la demanda el 20 de octubre, al considerar que los demandantes no habían alegado una amenaza de “daño inminente y creíble” suficiente para otorgarles legitimación.
Silva permitió a los demandantes presentar una demanda modificada. Sigal Chattah, miembro del comité nacional del Partido Republicano de Nevada y abogada que representa a los demandantes, declaró al Las Vegas Review-Journal que presentarían una demanda modificada en un plazo de 14 días.
En mayo, el gobernador Joe Lombardo firmó el Proyecto de Ley 406 del Senado, impulsado por el secretario de Estado Cisco Aguilar, que tipifica como delito la amenaza, intimidación, coacción o uso de cualquier acto de violencia contra un funcionario electoral con la intención de interferir en unas elecciones. El delito se castigaría con penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Los demandantes, que dicen haber trabajado como funcionarios electorales, argumentaron que la ley viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución e impone cargas “imposibles” e “impredecibles” a las personas que entran en contacto con los funcionarios electorales durante las elecciones.
Sostuvieron que la nueva ley es excesivamente amplia y vaga y penaliza expresiones que un trabajador electoral podría malinterpretar como acoso o intimidación. También argumentaron que el temor a ser procesados disuadirá a la gente de participar como funcionarios y observadores electorales en el futuro.
Silva dijo que los hipotéticos perjuicios enumerados en la demanda no son lo suficientemente concretos o inminentes como para conceder a los demandantes la legitimación para presentar las demandas.
También escribió en su orden que ninguno de los demandantes alega una intención o plan para participar en el comportamiento con el fin de intimidar o coaccionar a los trabajadores electorales y que no demuestran la existencia de una amenaza creíble de enjuiciamiento.
“El temor subjetivo e irracional de un demandante a ser procesado no basta para conferirle legitimación”, escribió Silva.
Silva dijo que los demandantes no alegan concretamente que no volverán a las urnas en futuras elecciones, por lo que no pueden alegar un perjuicio concreto recurrible.
“En resumen, los demandantes no dan garantías de que la conducta en cuestión –la intimidación errónea de los trabajadores electorales– tenga antecedentes de aplicación o esté de otro modo ‘razonablemente fundada en hechos’”, escribió Silva.
En un correo electrónico el miércoles, la oficina del secretario de estado dijo que las elecciones “no funcionan sin la gente”.
“El secretario Aguilar está orgulloso de su trabajo al presentar y aprobar el SB406, y sigue centrado en la protección de los trabajadores electorales de Nevada en el futuro”, escribieron.
