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Funcionarios de Nevada reaccionan a la sentencia de inmunidad del Tribunal Supremo

Funcionarios y partidos de Nevada - dependiendo de su lado del pasillo - elogiaron o condenaron la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial el lunes.

El Partido Republicano de Nevada llamó a la sentencia un éxito “para el estado de derecho y un freno al intento de Biden de convertir en arma el sistema de justicia”. El Tribunal reglamentó claramente que los presidentes tienen derecho a la inmunidad cuando se trata de actos oficiales, alineándose con la constitución en lo que concierne a la posición y capacidad del cargo”.

El candidato republicano al Senado Sam Brown, que se enfrenta a la senadora demócrata Jacky Rosen en noviembre, se mostró de acuerdo. Llamó a la sentencia una “importante victoria” contra lo que describió como la militarización del Departamento de Justicia.

Los funcionarios demócratas, sin embargo, consideraron que la decisión creaba deficiencias en el sistema de controles y equilibrios.

La representante demócrata Dina Titus llamó a la decisión “peligrosa y antidemocrática”, y el representante demócrata Steven Horsford dijo que la decisión “erosiona los controles y equilibrios que los padres fundadores de nuestra nación crearon”.

“Donald Trump incitó a una insurrección violenta el 6 de enero, y cinco agentes de la Policía del Capitolio perdieron la vida como resultado”, dijo la senadora Catherine Cortez Masto en un comunicado. “Los presidentes no deberían estar por encima de la ley. Me perturba esta sentencia y el peligroso precedente que sienta”.

La oficina del fiscal general de Nevada, encabezada por el fiscal general demócrata Aaron Ford, lamentó la sentencia el lunes.

“Los presidentes (solo como cualquier otro funcionario público) han jurado proteger la Constitución, no eludirla para servir a sus propias ambiciones políticas”, publicó la oficina en X.

La oficina añadió que la opinión del Tribunal Supremo sitúa al presidente por encima de la Constitución.

“Nadie está por encima de la ley, y para preservar nuestra democracia, todos deben responder por actos criminales y de traición. Incluso los expresidentes”, escribió la oficina.

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