El juez de Carson City bloquea la conmutación de penas de muerte
CARSON CITY - Un juez del Tribunal de Distrito de Carson City reglamentó el lunes que la Junta Estatal de Parsons no puede considerar la conmutación de todas las sentencias de muerte en Nevada en su reunión del martes.
El juez James Wilson, emitió una orden de prohibición contra la junta y el gobernador Steve Sisolak -quien pidió a la junta que considerara las conmutaciones- después de que la oficina del fiscal de distrito del Condado Washoe presentó una petición de emergencia el viernes buscando bloquear la medida.
Wilson reglamentó que la junta no había notificado debidamente a las familias de las víctimas de asesinato su intención de conmutar las penas de muerte de las 57 personas que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte, que esos reclusos no habían agotado todas sus apelaciones y que no habían solicitado a la junta que redujera sus sentencias. Además, la Junta está obligada a considerar cada caso individualmente y no puede conceder clemencias “categóricas”, reglamentó Wilson.
“La acción propuesta por la Junta infringiría la Constitución de Nevada al no proporcionar (a las familias de las víctimas) una notificación razonable de estos procedimientos públicos, para que puedan ejercer su derecho constitucional a ser razonablemente escuchados en relación con la propuesta de conmutación de 57 penas de muerte”, escribió Wilson. “Cada víctima tiene derecho a ser tratada con justicia, respeto, dignidad y derecho a ser razonablemente escuchada en cualquier audiencia que implique la conmutación de una pena”.
Además, la ley exige que se considere cada caso individual por sus méritos, lo que sería imposible en la reunión del martes, escribió Wilson.
“Igualmente evidente en el significado llano del código estatutario y administrativo es la obligación de la Junta de tomar una determinación individualizada en cada asunto de clemencia”, escribió Wilson. “Incluso si se hubieran presentado solicitudes individuales para cada una de las 57 personas en el corredor de la muerte, el tipo de determinación individualizada que es ordenada por (la ley estatal) y (las regulaciones administrativas) no se puede lograr razonablemente en una sola reunión de la Junta.”
Por último, escribió Wilson, la Junta no puede hacer una conmutación masiva. La ley estatal “no le permite a la Junta conceder exenciones ‘categoriales’, ya que esto equivaldría a que la Junta creara excepciones estatutarias a una forma de castigo específicamente prevista por la Legislatura”. No es prerrogativa de la Junta modificar los estatutos”.
El gobernador apoya la clemencia
La controversia comenzó la semana pasada, cuando Sisolak le pidió a la junta considerar la conmutación de todas las sentencias de muerte en el estado. La junta, que decide los casos de clemencia en Nevada, está formada por el gobernador, el fiscal general y los siete miembros del Tribunal Supremo de Nevada.
Esto llevó a la oficina del fiscal del distrito del Condado Washoe a presentar el viernes una petición para bloquear la medida.
Meghin Delaney, portavoz de la oficina del gobernador, dijo que Sisolak no tenía ningún comentario sobre la sentencia de Wilson el lunes, pero abordaría la cuestión en la reunión de la junta de indultos el martes.
Mientras tanto, el gobernador electo Joe Lombardo, un agente de policía de carrera que actualmente se desempeña como alguacil del Condado Clark, elogió la sentencia: “Estoy agradecido con el juez James Wilson por defender la ley, y estoy agradecido de que haya protegido los derechos constitucionales aprobados por los votantes de las víctimas de delitos y sus familias. Me alivia que la justicia haya prevalecido a través de la Ley de Marsy”, dijo Lombardo en un comunicado.
La Ley de Marsy fue una enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2018 que otorgaba derechos a las víctimas de delitos, incluido tener una notificación de todas las audiencias, asistir a esas audiencias y hablar sobre los procedimientos.
Otros recursos
Además del Condado Washoe, la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark solicitó al Tribunal Supremo de Nevada que bloquee las audiencias del martes, presentando argumentos similares a los de su contraparte en el Condado Washoe.
No solo eso, sino que Jennifer Otremba, la madre de Alyssa Otremba, una víctima de asesinato que tenía 15 años, presentó una petición similar ante el Tribunal Supremo el lunes, argumentando que cambiar la agenda de la junta sin avisarles a las familias de las víctimas violaba la Ley de Marsy.
“El apresurado intento de la Junta de Indultos de conmutar todas las penas capitales sin la notificación y solicitud preceptivas no solo ha privado a Jennifer de su derecho a participar, sino que también ha privado a la Junta de Indultos de jurisdicción para proceder”, dice la petición de Otremba.
Otremba se ha dirigido a la Legislatura en múltiples ocasiones en los últimos años como opositora a la abolición de la pena de muerte. El asesino de su hija, Javier Righetti, fue condenado a muerte por violar y apuñalar a la adolescente más de 80 veces en 2011, durante la primera semana de la niña en Arbor View High School.
En la Legislatura se han presentado repetidamente proyectos de ley para derogar la pena de muerte, pero no se ha aprobado ninguno. En 2021, un proyecto de ley de derogación fue aprobado por la Asamblea, pero murió en el Senado estatal. Sisolak dijo entonces que en general se oponía a la pena capital, pero quería excepciones para crímenes especialmente atroces como el tiroteo masivo que tuvo lugar el 1° de octubre en Las Vegas.
La semana pasada, Delaney dijo que el gobernador consideraba que conmutar las penas de muerte era un “tema digno” de consideración por parte de la junta.
“El gobernador siempre ha dicho que la pena capital debe buscarse y usarse con menos frecuencia, y cree que este es un paso adelante apropiado y necesario en la conversación y el debate en curso en torno a la pena capital”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.
