Los nevadenses frustrados por el retraso en el proceso de apelación del desempleo

A Allison Padua se le rompió el corazón al abandonar Las Vegas durante la pandemia, poniendo fin a sus 25 años de carrera en el mundo del juego.

Pero un trastorno autoinmune le impidió volver a trabajar como crupier en uno de los casinos más nuevos del Strip, y meses de lucha con el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR) por las prestaciones de desempleo la dejaron arruinada y sin otra opción que mudarse con su familia a su ciudad natal del Medio Oeste.

“Me encanta el trabajo. Solo es conocer gente y repartir cartas, lo que es divertido para ganarse la vida. ¿Qué más se puede pedir?”. dijo Padua, empleada desde el primer día en el Cosmopolitan.

Pero después de tres años disputando múltiples reclamaciones de Nevada diciendo que le habían pagado de más más 46 mil dólares en prestaciones por desempleo de 2020 y 2021, Padua dijo que mudarse era la única opción que le quedaba.

En los primeros días de la pandemia del COVID-19, DETR fue inundado con un número sin precedentes de solicitudes de desempleo - la tasa de desempleo del estado alcanzó un máximo del 30.6 por ciento en abril de 2020. A la demanda de prestaciones se sumó la puesta en marcha de nuevos programas relacionados con la pandemia, como la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) para trabajadores autónomos. El DETR pagó casi 8.1 millones de semanas de prestaciones por desempleo sólo en 2020, según el Departamento de Trabajo.

El año pasado, el DETR afirmó haber pagado de más en prestaciones por desempleo durante la pandemia: la enorme cantidad de 1,400 millones de dólares. Más de la mitad de los pagos excesivos estimados no se atribuyeron a fraude, dijo la agencia estatal.

A finales del año pasado, la agencia empezó a enviar notificaciones a más de 150 mil residentes de Nevada solicitando la devolución del dinero. Hasta el 10 de agosto, la agencia ha recuperado 21.5 millones de dólares en sobrepagos PUA y aproximadamente 745.3 millones de dólares en el seguro de desempleo tradicional, dijo.

Esta oleada de avisos de pago excesivo -parte del intento de recuperar el dinero perdido- ha alimentado una acumulación de apelaciones incompletas, con más de 26 mil reclamaciones aún a la espera de audiencias y decisiones finales. Mientras tanto, los nevadenses dicen sentirse frustrados por la lentitud del proceso, que puede llevarlos a deber miles de dólares al Estado mucho después de haber gastado el dinero.

Detalles del retraso

DETR dijo que alrededor de 25 mil reclamaciones de seguro de desempleo tradicionales y 1,200 reclamaciones PUA componen su actual retraso en las apelaciones, en su mayoría compuesto por solicitudes de reconsideración de las solicitudes denegadas o determinaciones de pago en exceso.

Este retraso se ha reducido desde que el director Chris Sewell le habló a la Legislatura de Nevada sobre la agencia en febrero. Entonces, la agencia estaba tratando con 13 mil casos de determinación inicial y 33 mil apelaciones. Sewell dijo a los legisladores que el primer retraso tardaría seis meses en procesarse. En una entrevista reciente con el Las Vegas Review-Journal, Sewell estimó que el trabajo atrasado estaría resuelto “según los estándares del Departamento de Trabajo de Estados Unidos” en torno al 21 de agosto.

Sewell dijo que su intención es que el departamento acabe con los recursos atrasados a finales de año.

“Mi mayor reto es el tiempo”, afirmó. “Quiero hacerlo, sé que el gobernador (Joe Lombardo) quiere hacerlo. Voy a dedicar todos los recursos que pueda a los recursos de apelación ahora que la adjudicación está casi al día, podré trasladar parte de ese sistema a los recursos de apelación”.

Para acelerar el proceso, DETR contrató en marzo a Protiviti Government Services, un contratista con sede en Alexandria, Virginia, por un millón de dólares, según el contrato estatal obtenido a través de una solicitud de registros públicos. Los árbitros de audiencia del proveedor son responsables de realizar audiencias y redactar recomendaciones para DETR, que es responsable de la determinación final.

Se espera que el personal escuche y escriba unos 23 casos por semana, dijo Sewell. El Estado dijo que tiene 16 empleados que se ocupan de los atrasos y 13 contratistas. Están asignados a diversas tareas que incluyen escuchar casos y redactar decisiones, mientras que otros se encargan de revisar los borradores de los contratistas.

A ese ritmo, los 29 empleados tardarían hasta mediados de mayo en resolver los 26 mil casos, según estimaciones aproximadas del Review-Journal.

Protiviti es uno de los varios contratos que el departamento ha suscrito para tramitar y resolver trabajos relacionados con el seguro de desempleo desde el inicio de la pandemia. Otros tres proveedores recibieron contratos por un total de 49.4 millones de dólares, según los registros.

‘David contra Goliat’

A pesar de la ayuda destinada a hacer frente al retraso, muchos nevadenses reportan frustración con el largo y a veces confuso proceso de apelación. La abogada senior de Nevada Legal Services, Elizabeth Carmona, dijo que su grupo de ayuda legal sin fines de lucro dedica cerca de la mitad de su trabajo a atender casos de desempleo, manejando cada nivel de apelación en el departamento y en el tribunal.

Carmona dijo que el proceso puede ser largo y difícil de llevar para una persona sin formación jurídica. Un cliente luchó contra una denegación de prestaciones durante dos años y medio, 18 meses de los cuales estuvo esperando la decisión de un juez de distrito en la petición de revisión judicial, o un paso que impugna la decisión del DETR en los tribunales. Calcula que el caso le llevó 60 horas de su tiempo.

“Las decisiones sobre la credibilidad las toman árbitros que están a favor de los empresarios”, explica. “Realmente parece una situación de David contra Goliat, en la que solo nos enfrentamos a esta gigantesca organización y tenemos que luchar y seguir apelando, usando nuestro tiempo y recursos para luchar contra denegaciones que realmente no son apropiadas en primer lugar. Son casos realmente agotadores de llevar”.

Algunos nevadenses se niegan a acudir a los tribunales por el esfuerzo que supone. A Sarah Spandrio, residente en Henderson, se le denegó la PUA después de recibir unos seis meses de subsidio de desempleo. Su antiguo empleador, una empresa de gestión de propiedades, dijo que se fue por razones no relacionadas con el COVID-19, por lo que el estado le pidió que le devolviera 20,062 dólares en octubre de 2020.

“Lloré”, dice Spandrio. “Pensé, ¿cómo voy a tratar de superar esto, especialmente cuando no estoy trabajando y mis hijos están en casa estudiando por Zoom?”.

Spandrio consiguió su fecha de apelación en abril de 2021, la lucha contra la decisión hasta una junta de revisión en diciembre de 2021. Recibió cartas de DETR explicando su elegibilidad para los beneficios de PUA todo el tiempo, según la correspondencia proporcionada al Review-Journal, confundiéndola aún más.

Años después, Spandrio sigue sintiendo los efectos del calvario. En octubre de 2021 se acogió al Capítulo 13 de la ley de bancarrotas para hacer frente a la deuda, lo que le hizo perder una puntuación crediticia de la que estaba orgullosa y le obligó a renunciar a un vehículo.

A pesar del camino establecido para hacer frente a su balance, Spandrio dijo que todavía tiene miedo.

“Ha sido simplemente devastador cada vez que recibo algo de EmployNV.com”, dijo Spandrio. “Temo volver a ver algo de ellos. Pero no considero que esto haya terminado hasta que mi caso de bancarrota sea dado de alta. Todo lo que hace es sentir como si estuvieran sobre mi hombro “.

La falta de comunicación causa frustración

Otros habitantes de Nevada describen una confusa red de comunicación que les hace preguntarse si su lucha terminará algún día. Letitia L’Heureux, residente en Las Vegas y dueña de un pequeño negocio, recibió prestaciones de PUA durante la pandemia, pero el estado le envió una carta en diciembre de 2022 diciendo que le habían pagado de más casi 22 mil dólares en dos reclamaciones distintas. Ella apeló ambas y la agencia dijo que escucharían las dos juntas, según comunicaciones oficiales que compartió con el Review-Journal.

El recurso de L’Heureux se escuchó a finales de mayo. Aunque ya había presentado sus declaraciones de impuestos de 2019, el árbitro de apelación dijo que la agencia necesitaba sus transcripciones de impuestos, un documento que se puede solicitar al IRS. Su saldo se liquidó aproximadamente una semana después de enviar la transcripción.

“Sentí que era un gran complot de extorsión”, dijo. “La forma en que lo presentaron se basaba en el miedo. No había información de antemano de que podría haberse aclarado rápidamente. Era solo una táctica basada en el miedo”.

L’Heureux pensó que su relación con la agencia había terminado. Pero, tras consultar su portal de prestaciones por internet cuando la llamó un reportero, se dio cuenta de que el Estado no había agrupado las dos solicitudes. En junio, la agencia publicó un comunicado en el portal -sin ningún correo electrónico o carta adicional- en el que le informaba de que debía abonar los 5,600 dólares restantes.

“Me dan miedo porque es muy difícil luchar incluso cuando estás en el lado correcto”, dijo. “Solo conseguir que alguien te entienda o incluso te escuche, que sepa lo que está pasando, es imposible”.

La experiencia ha hecho que L’Heureux y otros entrevistados describan la agencia como “incompetente”. Pero Sewell rechazó esa crítica y dijo que su personal está trabajando en un retraso sin precedentes y un problema que heredó de la administración anterior bajo el exgobernador Steve Sisolak.

“Están (los nevadenses) frustrados y lo entiendo”, dijo Sewell. “Pero tengo que atenderlos por orden de llegada. Una vez que tengan su apelación presentada, serán escuchados. Voy a tratar de pasar por eso tan rápido como pueda, y ahí es donde estamos ahora”.