Cuatro nevadenses le piden al tribunal que bloquee esta nueva ley
Cuatro residentes de Nevada, que anteriormente eran observadores electorales, presentaron una demanda federal la semana pasada en un intento de bloquear la legislación que hace que sea un delito grave amenazar e intimidar a los trabajadores electorales.
En mayo, el gobernador Joe Lombardo firmó el proyecto de ley 406 del Senado, encabezado por el secretario de Estado Cisco Aguilar, que tipifica como delito que cualquier persona amenace, intimide, coaccione o use cualquier acto de violencia contra un funcionario electoral con la intención de interferir en una elección, y sería castigado con entre uno y cuatro años de prisión.
Los demandantes -los residentes del Condado Clark Alexandrea Slack y Martin Waldman y los residentes del Condado Washoe Susan Vanness y Robert Beadles- alegan en la demanda que la nueva ley impone cargas “imposibles” e “imprevisibles” a las personas que entran en contacto con los funcionarios electorales durante las elecciones.
Temen que “las actividades más básicas” y las “expresiones mínimas” como observadores electorales puedan exponerles a sanciones penales. Si un observador electoral “se opone vocalmente” a una conducta durante unas elecciones, podría considerarse intimidación y el observador podría enfrentarse a sanciones penales, afirma la demanda.
“Esta ley expone a las personas a sanciones penales por participar en actividades legales y, por lo tanto, creemos que es inconstitucional”, declaró el abogado de los demandantes, Sigal Chattah, en una declaración al Las Vegas Review-Journal.
Chattah, excandidata a fiscal general en 2022, es también miembro del comité nacional republicano del Partido Republicano de Nevada.
La nueva ley no establece exenciones para los observadores electorales legales, así como para los trabajadores electorales, dijo Chattah. Si, por ejemplo, un supervisor se enfrenta a un inspector electoral por una conducta percibida como incorrecta, ese supervisor podría estar sujeto a responsabilidad penal si el inspector “se siente intimidado”, alega la demanda.
Los demandantes alegan que la nueva ley viola la Primera Enmienda porque es demasiado amplia y criminaliza el discurso que un trabajador electoral podría interpretar como acoso o intimidación.
Según la demanda, los demandantes eran anteriormente observadores electorales, interventores de boletas u observadores de la sala de recuento de boletas. Beadles, miembro del comité ejecutivo del Partido Republicano del Condado Washoe, también trabajó como especialista en admisión de elecciones en 2022, afirma la demanda. Beadles ha difundido afirmaciones infundadas de fraude electoral y recibió atención nacional por apuntar al exregistrador electoral del Condado Washoe después de las elecciones de 2020.
Los demandantes le piden al Tribunal de Distrito Federal que emita una orden de restricción temporal para bloquear la aplicación de la ley, y solicitan daños y perjuicios y medidas cautelares. En la demanda figuran como demandados Lombardo y Aguilar, cuyas oficinas declinaron hacer comentarios para este artículo.
La mayoría de las estipulaciones de la ley entraron en vigor el 24 de mayo, según la Legislatura de Nevada. Dos partes de la ley no relacionadas con la seguridad de los trabajadores electorales que se refieren a las contribuciones monetarias entrarán en vigor el 1° de octubre.
Aguilar había anunciado planes para hacer frente a la seguridad de los trabajadores electorales, incluso antes de ganar su elección en noviembre debido a los crecientes reportes de amenazas contra los trabajadores electorales, tanto en Nevada como en todo el país.
“El acoso que han sufrido los trabajadores electorales, solo por hacer su trabajo, es inaceptable”, dijo Aguilar anteriormente. “Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores electorales se sientan seguros”.
