Lucha por las elecciones a la Comisión del Condado Clark llega al Tribunal Supremo
El comisionado demócrata del Condado Clark, Ross Miller, juró su cargo hace tres meses, pero su oponente republicano en la carrera que se decidió por un estrecho margen el pasado noviembre aún no ha cedido, decidido a forzar una nueva elección.
El concejal de Las Vegas, Stavros Anthony, que perdió por solo 15 votos, pagó unos 80 mil dólares por un recuento de votos que, en última instancia, no hizo más que aumentar la ventaja de Miller, y fue rechazado por el Tribunal de Distrito del Estado después de que intentara interponer un recurso legal para forzar la repetición de las elecciones.
Anthony, capitán de policía jubilado, apeló entonces su caso ante el Tribunal Supremo de Nevada en enero con la esperanza de que los jueces lleguen a la conclusión que el Tribunal de Distrito no llegó: La elección fue efectivamente impedida porque las discrepancias en la votación (mucho más que el margen de victoria de Miller) habían creado dudas sobre la exactitud del resultado.
Los argumentos orales se esperan para el miércoles. En la mayoría de los casos, el proceso suele consistir en que los abogados respondan a las preguntas de los magistrados basándose en sus argumentos escritos previamente presentados.
Según el abogado Mark Hutchison, que representa a Anthony y que anteriormente fue vicegobernador del estado, la decisión podría llegar en unos meses, si no antes, ya que los asuntos electorales suelen tener prioridad.
“Realmente determinará si la intención de las leyes electorales en el estado de Nevada es garantizar que todos los resultados de las elecciones reflejen la voluntad de los votantes”, dijo. “Eso es lo que está en cuestión aquí”.
Un abogado de Miller declinó hacer comentarios para este reportaje.
Las discrepancias son la clave del esfuerzo
No hay dudas sobre el tema de la disputa en curso: El registrador de votantes del Condado Clark, Joe Gloria, comentó que se habían identificado 139 discrepancias en la carrera por el Distrito C de la comisión, de entre más de 153 mil votos emitidos.
Las discrepancias ocurren cuando el número de votos contados en un precinto no coincide con el número de votantes que se registraron para emitir una boleta. Puede ocurrir porque un votante se registra pero no vota, o viceversa, y podría ser el resultado de un error al procesar el registro de votantes en una máquina que lleva a dos registros pero solo un voto, entre otros errores humanos o problemas tecnológicos.
Pero con las normas de privacidad de los votantes que restringen a los funcionarios la posibilidad de rastrear el origen del error, es imposible conciliar cómo se desequilibra la balanza entre los votantes. Lo único que está claro es que es así, afirman funcionarios.
La cuestión de las discrepancias, que según los funcionarios no son infrecuentes en las elecciones y no están relacionadas con el fraude, se convirtió en un punto de fricción solo en esta carrera porque superaron el margen de victoria de la contienda. Gloria había reconocido su preocupación y la comisión totalmente demócrata, que posteriormente certificó los resultados, primero coqueteó brevemente con la idea de convocar una elección especial.
¿Impedido o no?
El argumento legal central que se decidirá será si las discrepancias constituyen una elección “impedida” bajo el estatuto estatal en el que se basan los abogados de Anthony para convocar una nueva carrera.
Los abogados de Miller, ex secretario de Estado de Nevada, argumentan en sus documentos que la respuesta es clara y ya fue respondida por el tribunal inferior: No.
El propio estatuto indica que los comisionados del condado ordenarán una nueva elección si una “es impedida en cualquier precinto o distrito por razón de pérdida o destrucción de las boletas destinadas a ese precinto, o cualquier otra causa”.
Los abogados de Anthony afirman que la lectura que hace el tribunal de distrito de la ley (que la logística de llevar a cabo una elección debe ser literalmente detenida, por ejemplo, por un desastre natural o por los votos perdidos en tránsito) es demasiado estrecha. Los abogados de Miller alegan que la interpretación del equipo legal contrario es demasiado amplia.
Apoyándose en la parte del estatuto que dice “o cualquier otra causa”, los abogados de Anthony argumentaron en su escrito de apertura ante el Tribunal Supremo en enero que una elección no se supone que es solo un evento que ocurre, sino que está destinada a determinar realmente la “voluntad real de los electores”.
“Al igual que en un caso en el que las papeletas se pierden, se destruyan o no se puedan descifrar debido a cualquier miríada de causas, nadie sabrá quién ganó esa carrera”, escribieron.
“Inestabilidad democrática”
Más allá de señalar cuestiones de procedimiento en el argumento de Anthony, los abogados de Miller también sugieren que permitir nuevos medios para impugnar una elección podría abrir la puerta a que los candidatos busquen formas de alargar las batallas durante meses en los nuevos mandatos de los funcionarios elegidos, “lo que es una receta para la inestabilidad democrática”.
Y también encontraron fallos en la premisa de que las discrepancias equivalen de alguna manera a boletas perdidas, en lugar de diferencias rutinarias entre los registros y los votos tabulados en ciertos recintos.
“No es posible afirmar que estas discrepancias en los datos hayan tenido algún efecto en los resultados de las elecciones”, escribieron.
