LV y Henderson esperan fallo de Corte Suprema sobre prohibir acampar a indigentes
Marcus Copeland estaba de pie junto a su tienda de campaña, debajo de un puente del centro de Las Vegas, preparándose para tomar una sopa caliente de una lata a principios de esta semana.
“Este es mi domicilio”, dijo este hombre de 43 años.
“No paran de decirme: ‘no puedes acampar; no puedes vivir en la esquina’”, dijo refiriéndose a los policías que visitan regularmente los campamentos de los indigentes y les ordenan desalojar. “Pero, ¿dónde se supone que tiene uno que vivir?”.
Copeland, al igual que muchos otros lugareños sin hogar que duermen en las calles, callejones o aceras de Las Vegas enfrentan un posible arresto bajo una prohibición de acampar que la ciudad implementó en 2020.
Mientras haya espacio suficiente en los refugios públicos, la policía puede encarcelarlos, según la prohibición, que recibió un importante rechazo por parte de activistas de la vivienda en el momento de su aprobación. También se aprobó una segunda ordenanza que promulgaba las mismas normas durante las horas en que se limpiaban las aceras.
Según Las Vegas Review-Journal, en el primer año de vigencia de la ordenanza se impusieron siete multas.
Este verano, la ciudad de Henderson adoptó su propia prohibición de acampar, que faculta a la policía para remitir a las personas que acampan ilegalmente al refugio más cercano y arrestarlas si se niegan a marcharse.
Copeland, que recicla aluminio y plástico para salir adelante, dijo que los agentes primero advierten a quienes acampan sobre la ley, pero no les dan tiempo suficiente para mudarse.
“Te quitan todo lo que tienes y lo tiran, aunque no te arresten”, dijo Copeland, que afirmó que le han prohibido entrar en los albergues por ser discutidor.
El Departamento de Policía Metropolitana y los alguaciles de la ciudad hacen cumplir la ley en Las Vegas.
Las ciudades y la Corte Suprema
Tanto Las Vegas como Henderson firmaron recientemente una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos para impugnar un par de sentencias de tribunales inferiores sobre casos originados en Idaho y Oregón que pudieran dar reformara las leyes sobre acampar a nivel nacional.
El Condado de Clark no tiene prohibición de acampar y no firmó el escrito.
“La ciudad espera que la Corte Suprema de Estados Unidos aclare y resuelva –en cualquier caso– cómo las ciudades de todo el país pueden o no usar sus poderes policiales para abordar este asunto”, escribió en un comunicado el abogado municipal de Las Vegas, Jeff Dorocak.
El concejal de Las Vegas Brian Knudsen, uno de los dos legisladores que votaron en contra de la prohibición de acampar, dijo que la petición a la Corte Suprema tiene sentido debido a la “ambigüedad de la ley”.
Pero dijo que la policía no debería ser la única encargada de combatir a los indigentes.
“Su trabajo es intentar prevenir la delincuencia”, dijo.
El número de personas sin hogar en el valle va en aumento, y se espera que empeore con una explosión de desalojos de viviendas.
“Espero que, como comunidad y como el sur de Nevada, sigamos trabajando hacia resultados que sean más saludables y más felices para la gente”, dijo Knudsen.
La concejala Victoria Seaman dijo que estaba “muy orgullosa” de haber votado a favor de la prohibición de acampar, y añadió que los líderes empresariales habían presionado para ello.
“No queríamos que la gente invadiera los negocios de otros, pero (la ordenanza) también nos daba la oportunidad de ofrecer a esas personas servicios y ayuda si lo desean”, declaró el martes en un foro para candidatos a la alcaldía de Las Vegas.
Henderson adoptó una postura más directa en cuanto a sus razones para firmar el escrito de amicus curiae presentado ante la Corte Suprema, que aún no ha decidido si va a aceptar el caso.
Henderson “cree que la restauración de los plenos poderes de la Ciudad para hacer frente a la crisis de personas sin hogar no obstaculiza nuestros crecientes esfuerzos para proporcionar vivienda y recursos”, escribió un portavoz en un comunicado. “La anulación de estos casos permite flexibilidad para hacer frente a los problemas de los indigentes a medida que surgen”.
Henderson quiere seguir usando un enfoque de colaboración en toda la ciudad para “equilibrar los derechos de las personas sin hogar y los asuntos de calidad de vida para todos los demás ciudadanos”, continúa el comunicado.
‘Inviable’
El informe amicus muestra el apoyo a la ciudad de Grants Pass, Oregón, en su caso contra Gloria Johnson y otros. La ciudad de Oregón quiere revocar las decisiones del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito relativas a ese caso y al de Robert Martin contra la ciudad de Boise de 2019.
Ambos casos impusieron límites a la forma en que los gobiernos locales pueden vigilar a las poblaciones sin hogar.
Citando una violación constitucional, el caso Martin estableció que el gobierno no puede criminalizar la acampada de personas sin hogar cuando no hay opción de dormir bajo techo.
El caso Johnson confirmó que las ciudades no pueden imponer prohibiciones de acampar a las personas sin hogar “involuntarias” cuando no hay camas de refugio disponibles para ellas.
Grants Pass alegó que los casos anteriores limitan el poder de la policía local y que las personas sin hogar no pueden considerarse “involuntarias” cuando se trata de toda una población.
También alegó que exigir a las ciudades que construyan y proporcionen refugios a un pequeño segmento de su población con cargo al erario público es “inviable” y resta dinero a otras formas de ayuda a más largo plazo para las personas sin hogar. Además, afirmó que las decisiones tratan a los albergues como la solución clara al problema de las personas sin hogar por encima de otros métodos más eficaces.
“En la práctica, estas decisiones obligan a los gobiernos locales a elegir entre proporcionar refugio o ceder terrenos públicos a campamentos que perjudican”, dice el argumento de la ciudad de Oregón.
‘¿Dónde se supone que va a ir la gente?’
Nicholas Barr, profesor adjunto de la Facultad de Trabajo Social de la UNLV, afirmó que el amicus curiae presentado por la Asociación Internacional de Abogados Municipales crea una “falsa dicotomía” al afirmar que las ciudades deben elegir entre construir refugios o permitir los campamentos. Dijo que desalojar los campamentos no resuelve el problema.
“Entiendo que a las ciudades y municipios no les funcione tener campamentos surgiendo por todas partes. No es una buena solución, ninguna persona racional la defendería”, dijo Barr. “Pero tampoco es una mejora desalojar a la gente de esos campamentos sin ofrecerles prácticamente ninguna otra opción de alojamiento. Si la gente quiere resolver el problema, va a tener que hacer lo que sabemos que es eficaz”.
Barr se mostró de acuerdo en que los albergues no son la cura para los indigentes, pero afirmó que son mejor que nada. La mejor solución, dijo, reside en un plan estratégico a largo plazo para seguir construyendo viviendas asequibles que se ajusten a las necesidades de la región.
“Los refugios son un poco mejores, pero tampoco son eficaces”, dijo Barr. “Pero lo que sí sabemos, muy claramente, por décadas de investigación, es que la vivienda sostenible a largo plazo es lo que resuelve el problema”.
‘Vamos a la cárcel’
Copeland, que vende materiales reciclables y ropa que encuentra tirada, dijo que sufre problemas de salud mental y que ha vivido en la calle de forma intermitente desde que tenía 16 años.
Aunque no ha sido arrestado por acampar, dijo que su campamento ha sido desalojado por la policía varias veces en las últimas semanas.
Ha perdido ropa, comida y objetos “difíciles de reemplazar”.
Steve Collins, de 65 años, lleva una década sin hogar.
“Llevan ocho años haciéndome estragos”, y le han arrestado dos veces por acampar, dijo.
“Una vez me negué a irme porque eran las 2 a.m. y quería descansar”, dijo Collins. “Me dijeron: ‘Tienes que irte ahora o ir a la cárcel’, y yo dije: ‘Vamos a la cárcel’”.
Dijo que parecer un indigente es como llevar una letra escarlata.
Cualquier otra persona puede “pasear por Fremont, puede sentarse en cualquier sitio… pero nosotros no”, dijo Collins.
Wendy Dave, de 52 años, sin vivienda desde hace tres años, acampa en Las Vegas desde 2022.
“No es buena”, dijo sobre su relación con la policía.
Pero ella cumple cuando se le pide que se mude.
Denita Stewart, de 50 años, dijo que ha tenido interacciones agradables con la policía, que pasa por su campamento todos los días, y dijo que no la molestan siempre que mantenga su área ordenada.
“Han sido muy buenos con nosotros”, dijo, “y honorables con nosotros”.
Teme vivir en la calle, pero no califica para una vivienda, dijo.
Stewart, que lleva siete años sin vivienda, dijo que las organizaciones sin ánimo de lucro y las autoridades pueden ayudar de otras formas, como donando tiendas de campaña y asignando lugares para dormir.
“Realmente tienes que ver las presiones, tienes que ver el interior, tienes que ver por lo que pasamos”, dijo. “Porque si no, la gente no va a saber qué hacer o cómo ayudarnos”.
