La popularidad de Bachelet cae en picada
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, enfrenta una drástica caída en su popularidad, en medio de la crisis política e institucional desatada por escándalos de corrupción que involucran a uno de sus hijos. Tras un año de haber sido electa por segunda vez con 62,1% de los votos, el índice de aprobación de Bachelet se encuentra ahora en 30%, según revela una encuesta difundida este lunes por la consultora Plaza Pública Cadem.
De acuerdo a este estudio realizado entre los días 18 y 20 de marzo de 2015, el 60% de los chilenos desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno. Mientras, el 70% considera que en Chile “hay mucha corrupción”, especialmente en los partidos políticos (76%), en el Congreso (67%), en las grandes empresas privadas (60%) y en el Gobierno (57%). El 57% de los encuestados cree, además, que la economía chilena se encuentra estancada; aunque un 42% dijo sentirse optimista con respecto al futuro del país.
Los escándalos de corrupción que han estallado en el último año se cuentan entre las principales razones de esta vertiginosa caída en la valoración de la gestión de Bachelet y gobierno. Los más sonoros han sido el caso Penta -un proceso por delitos tributarios y soborno en el que están involucrados empresarios y políticos- y un polémico negocio inmobiliario en el que participaron el hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon.
El caso Penta comenzó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares. Hasta el momento, diez personas han sido imputadas formalmente de estar involucradas en este episodio y cuatro de ellas han sido detenidas de forma preventiva. Entre los detenidos se encuentran los dueños del grupo empresarial, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; el exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner; y el exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez.
En el marco de esa investigación se destaparon también varios casos de financiación irregular de campañas políticas por parte de Penta, con la participación de la empresa SQM, la mayor productora mundial de abonos químicos y litio. Según los antecedentes de la investigación, Penta emitió boletas falsas a nombre de SQM para financiar campañas electorales, principalmente de políticos de derecha. Julio Ponce Lerou, el principal controlador de SQM y exyerno de Augusto Pinochet, compareció este lunes ante la Fiscalía Nacional para declarar en este caso.
El hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, se vio forzado a renunciar a su cargo como director de sociocultural de la Presidencia de Chile el pasado 12 de febrero, tras verse envuelto en una investigación por supuesto tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Todo comenzó al conocerse que la pequeña empresa inmobiliaria propiedad de la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, adquirió en noviembre de 2013 unos terrenos rurales por 10,4 millones de dólares, que luego fueron destinados a desarrollos inmobiliarios y vendidos con una ganancia neta de unos 4,8 millones de dólares.
La compra de estos terrenos fue financiada con un préstamo del Banco de Chile, otorgado personalmente por el vicepresidente de la entidad financiera, Andrónico Luksic, durante una reunión celebrada inmediatamente después del triunfo de Bachelet en las elecciones presidenciales, en la que participaron Dávalos y su esposa.
Este lunes, la presidenta de Chile aseguró que su Gobierno está comprometido con la transparencia en el tratamiento de cada uno de estos casos de corrupción y subrayó que todos los ciudadanos son iguales ante la justicia. “Aquí no hay ciudadanos de primera o segunda, frente a la justicia somos todos iguales”, dijo Bachelet, durante una ceremonia de entrega de nuevos carros a bomberos.
“Quiero ser muy clara al decirles que mi Gobierno tiene un compromiso profundo con la transparencia frente a los hechos que hemos conocido”, agregó la mandataria. También sostuvo que “no hay dos miradas” en el tratamiento de estos casos y que el Ejecutivo colaborará “en todo lo que se necesite sea investigado, aclarado y sancionado por los organismos competentes”.
