La Corte Suprema de Nevada considera honorarios para trabajar con los registros del tiroteo de Las Vegas
El Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) quiere cobrarle miles de dólares a los medios de comunicación para los registros electrónicos relacionados con el tiroteo del festival Route 91 Harvest.
Pero una abogada del Las Vegas Review-Journal y otras organizaciones de noticias le pidieron el martes a la Suprema Corte de Nevada que rechazara la solicitud del Departamento de cobrar tarifas de “uso extraordinario”.
En marzo de 2018, un juez de primera instancia dictaminó que LVMPD no podía cobrar tarifas exorbitantes a los medios de comunicación por los registros relacionados con el tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017. El Departamento apeló esa decisión.
La abogada del Review-Journal, Maggie McLetchie, dijo el martes que LVMPD produjo registros a través de “alertas generales” enviadas por correo electrónico a varias organizaciones, en lugar de responder a solicitudes individuales de registros públicos.
A principios del año pasado, el alguacil del Condado de Clark, Joe Lombardo, mencionó que responder a las solicitudes de registros tales como registros de pruebas, informes de entrevistas y grabaciones de cámaras corporales sería costoso y llevaría mucho tiempo. McLetchie se refirió a ello en los papeles de la corte como una “carga extra creada por él mismo”.
Una de las abogadas de LVMPD, Jackie Nichols, le indicó a la corte el martes que el Departamento ofreció permitir que los medios de comunicación inspeccionen las imágenes en la sede de la policía. Sin embargo, agregó, se gastaron hasta nueve mil horas acumulando más de un millón de dólares en costos para entregar imágenes de cámaras corporales que tuvieron que ser censuradas y silenciadas a fin de proteger la identidad de las víctimas.
Nichols comentó que la redacción de las imágenes “requería un sistema especial” de oficiales que habrían sido asignados a otras tareas.
“Ahí es donde entra la mayoría de este trabajo”, apuntó Nichols. “Ese es el propósito de buscar el costo extraordinario”.
McLetchie argumentó que el departamento nunca proporcionó lo que se conoce como un “registro de privilegios”, una lista que describe los registros que fueron retenidos. Sin esa lista, dijo McLetchie, los reporteros no pueden saber si se ha publicado alguna grabación u otros registros.
“Es nuestra opinión que todavía hay problemas con lo que se redactó y por qué”, enfatizó McLetchie.
El asesor general del Review-Journal, Benjamin Lipman, agregó que la organización de noticias no recibe suficiente cooperación en las solicitudes de registros públicos.
“Deseamos que más entidades gubernamentales estén dispuestas a trabajar con nosotros para asegurar el acceso público a los registros públicos, en lugar de arrastrar los casos interminablemente a los tribunales”, concluyó Lipman. “Pero siempre nos complace la atención que prestan los magistrados del Tribunal Supremo cuando se les presentan estas cuestiones, y esperamos con interés la decisión del tribunal”.
