Asalto sexual en nuestras escuelas (Parte II)
Se supone que las personas que trabajan en las escuelas públicas de Nevada tienen registros limpios. Se toman las huellas dactilares y se examinan a nivel local, estatal y nacional para los historiales criminales.
Pero el proceso no es infalible.
De hecho, las revisiones son en gran medida repetitivas: el Departamento de Educación del Estado y el Distrito Escolar del Condado Clark investigan cada uno de los candidatos utilizando tres bases de datos diferentes que generan esencialmente los mismos informes de fondo.
Las verificaciones de antecedentes son limitadas en lo que muestran los funcionarios estatales y del distrito en el proceso de contratación. Los expertos dicen que los depredadores pueden explotar las lagunas en el proceso y seguir trabajando en las escuelas, incluso si previamente han sido acusados de mala conducta sexual con menores de edad.
Cualquier cosa por debajo del nivel de una detención -incluyendo interrogatorios policiales, investigaciones del distrito escolar y quejas anteriores de mala conducta sexual con estudiantes- no se captura en ninguna de las verificaciones de antecedentes penales realizadas por el Distrito Escolar del Condado Clark o el Departamento de Educación del Estado.
El proceso defectuoso de verificación de antecedentes es un importante contribuyente a una crisis en curso en el distrito escolar, ya que los empleados con historiales de acusaciones de mala conducta sexual pueden ser contratados porque no tienen antecedentes penales.
Desde julio, 11 empleados del distrito han sido arrestados por cargos relacionados con asalto sexual contra estudiantes. No está claro si las verificaciones ampliadas de antecedentes habrían evitado que cualquiera de estas 11 personas trabajen en las escuelas, pero los expertos dicen que los distritos escolares deben mirar más allá de las detenciones.
“Es una falsa sensación de seguridad porque muchos de estos maestros depredadores han pasado de jurisdicción en jurisdicción, de escuela a escuela, de distrito a distrito, de estado a estado”, dijo Terri Miller, presidente de ‘Stop Educator Sexual Counsel & Exploitation’, formado en 1996. “Y debido a eso, no tienen antecedentes penales”.
Es el tipo de laguna que permite a los abusadores jugar en el sistema, permanecer bajo el radar y preservar el acceso a las víctimas potenciales, de acuerdo con expertos que quieren reformas y protecciones adicionales antes de que los empleados pongan los pies en las escuelas.
Tomemos por ejemplo a Melvyn Sprowson, una ex profesora de jardín de niños del Condado Clark acusada en el 2013 de secuestrar a una adolescente de 16 años de edad. Sprowson llegó a Nevada en el 2012 del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, donde se enfrentó a una serie de acusaciones de abuso sexual de los estudiantes.
En marzo, Sprowson fue declarado culpable de cuatro cargos de uso ilícito de un menor en la producción de pornografía, así como un recuento de cada uno de los secuestros de primer grado y abuso o negligencia infantil. Posteriormente Sprowson compareció en la Corte para enfrentarse a la sentencia, pero los errores en un informe de investigación previo a la sentencia llevaron al juez a posponer hasta el 26 de junio.
Sprowson terminó en una clase del Condado Clark parcialmente porque ninguna de las acusaciones en Los Ángeles resultó en un arresto. La información sobre las acusaciones nunca llegó a las manos de los funcionarios de contratación del Condado Clark, aunque los oficiales de la escuela de Los Ángeles le dijeron a Las Vegas Review Journal que todo lo que debía hacer el Condado Clark era preguntar.
El superintendente Pat Skorkowsky dijo que el caso provocó cambios en el distrito.
“Fue cuando nuestra policía del distrito escolar arrestó a Sprowson que nos dimos cuenta que teníamos que poner más estrictas las políticas. Tenemos nuevos procedimientos y prácticas en el lugar donde nos ponemos en contacto directamente con el distrito”.
Skorkowsky dijo que el departamento de recursos humanos del sistema llama a todas las referencias y ex empleadores de los solicitantes, pero culpa a la falta de transparencia de los distritos a nivel nacional en la divulgación de las investigaciones relacionadas con la conducta sexual inapropiada.
“Hasta que haya una política nacional sobre esto, limita lo que podemos averiguar porque no siempre vamos a conseguir la verdad de otros distritos y otros empleados”, dijo.
Skorkowsky dijo que no sabía de ninguna política del distrito que requiera la proyección de la actividad de los medios de comunicación social o la investigación por internet de los empleados potenciales.
“Tenemos tantos candidatos que sería un reto”, dijo.
La Legislatura de Nevada está considerando reformas para ayudar a evitar que los depredadores entren a las escuelas en primer lugar.
La Ley 362 de la Asamblea, también llamada “Ley SESAME”, junto con la organización nacional sin fines de lucro Miller, abogan por el tema y añaden una nueva capa a las verificaciones de antecedentes, y el Proyecto de Ley Senatorial 287 amplía los requisitos obligatorios de presentación de informes y registros de empleo de los solicitantes.
Los proyectos de ley son patrocinados por la asambleísta Jill Tolles, R-Reno, y la senadora Heidi Gansert, R-Reno, respectivamente.
Creación de una “nueva capa”
El superintendente estatal de Instrucción Pública, Steve Canavero, advirtió que el proceso de investigación para empleados con licencia no debería terminar solo porque el estado les haya emitido una. “Soft vetting”, hecho por los departamentos de recursos humanos del distrito, a menudo puede ayudar a encontrar información de una solicitud o la verificación de antecedentes que no puede mostrar.
Eso incluye una búsqueda en internet, dijo, y verificaciones exhaustivas de referencias.
“Google es una herramienta maravillosa para nosotros, y espero que los distritos puedan hacer un rápido escaneo de los candidatos, sus referencias, así como los trabajos anteriores en los que no figuran que pueden levantar algunas banderas rojas”, dijo Canavero.
Incluso entonces, puede haber algunas personas que todavía están bajo el radar, dijo Canavero.
Las propuestas legislativas de Gansert y Tolles apuntan a atrapar a aquellos que no se presenten en las verificaciones de antecedentes penales.
“Se trata de una capa diferente en la que se tienen investigaciones o individuos que han sido investigados, pero esa investigación no condujo a una condena penal”, dijo Canavero.
El SB287 de Gansert amplía las leyes de información obligatoria existentes, las cuales en este momento sólo requieren que los empleados de la escuela denuncien a los abusos o negligencias potenciales de abuso de la ley que se sospecha han sido causados por un padre o tutor. Gansert quiere ampliar eso y exigir que los empleados informen sobre otros empleados, dijo.
Es decir, que la aplicación de la ley activa la agencia de bienestar, y si el informe termina siendo justificado, sería agregado al registro central.
“Una de mis preocupaciones es cuando se mantienen los informes en casa y se maneja como una cuestión de personal, que es un gran problema. El ofensor puede ser autorizado a renunciar sin ninguna consecuencia”, dijo Gansert. “La detección temprana nos ayudará a no heredar a estos individuos”.
La Ley SESAME
La AB362 de Tolles requiere que los solicitantes divulguen alegatos anteriores, si dejaron su trabajo mientras existían acusaciones pendientes, y si tenían una licencia suspendida o revocada mientras existían acusaciones pendientes.
“Sabemos que la gran mayoría de los abusadores no se presentarían (en una verificación de antecedentes) porque antes no había una condena, pero podría haber un escenario donde hay una acusación, una investigación e incluso a la espera de juicio y que podría ser despedido de una escuela, pero podrían ir a otra escuela incluso dentro del mismo distrito”, dijo Tolles. “Lo que esto pretende hacer es cerrar esa brecha de comunicación”.
Bajo el proyecto de ley, los solicitantes estarían obligados a revelar todos los empleos anteriores donde tuvieran contacto directo con los niños, información de contacto para esos distritos y una declaración por escrito describiendo si la persona había sido investigada por su presunta mala conducta sexual.
Los distritos estarían obligados a compartir información sobre investigaciones de asalto sexual. El proyecto de ley prohíbe a los distritos firmar acuerdos para mantener las investigaciones en secreto.
Finalmente, su proyecto de ley requiere que el Departamento de Educación del estado mantenga y distribuya a los distritos una lista de personas a quienes se les ha negado la licencia por cargos de mala conducta sexual.
Ambos proyectos de ley siguen trabajando a través del proceso legislativo.
El proyecto de ley de la Asamblea 362 fue escuchado por la Comisión de la Asamblea correspondiente, pero aún no ha sido votado. El Proyecto de Ley Senatorial 287 ya fue aprobado por el Senado y está a la espera de una votación por parte de la Asamblea.
El sindicato de maestros del estado, la Asociación de Educación del Estado de Nevada, no tomaron posición en ninguna de las dos leyes. El sindicato local de maestros, la Asociación de Educación del Condado Clark, apoya ambos proyectos de ley.
Más allá de Nevada
Incluso con las nuevas protecciones potenciales de los legisladores, hay mucho en el control de Nevada. No hay requisitos federales obligatorios de seguimiento o reportes para maestros bajo investigación por mala conducta sexual.
Los expertos señalan a la Asociación Nacional de Directores Estatales de la Cátedra de Educación y Certificación de Profesores, llamada NASDTEC, pero es incompleta. La base de datos señala si los estados han tomado medidas contra la licencia de alguien, como una suspensión o revocación.
Las agencias pueden reportar acciones tomadas contra empleados y pueden ejecutar nombres de empleados potenciales a través de la base de datos. Sin embargo, los informes son voluntarios y con frecuencia pueden quedarse atrás, dijeron funcionarios de licencias de Nevada. El estado informa de licencias suspendidas o revocadas y también sanciona a los solicitantes de otros estados a través del sistema.
“Es muy manual”, dijo Jason Deitrich, director de licenciatura de educadores del Departamento de Educación del Estado.
Pero no siempre se actualiza en tiempo real. Un empleado que huye de un estado para empezar de nuevo en Nevada puede no aparecer en la base de datos de inmediato, porque los funcionarios en el estado anterior podría ser lentos para cargar su informe.
NASDTEC dijo que los 50 estados ahora usan la herramienta, pero Phil Rogers, el director ejecutivo, la llamó “simplemente un sistema de alerta”.
“No está destinado a ser utilizado para la investigación o algo así”, dijo. “Simplemente pretende permitir que ese estado sepa que necesita ponerse en contacto con el estado de donde vino la persona si necesita más información”.
Gansert dijo que las nuevas protecciones son acerca de restaurar la confianza y la seguridad.
“Todos tenemos la expectativa cuando enviamos a los niños a la escuela de que es un lugar seguro. Confiamos en las personas que están allí y cuando piensan en los niños, tienen un nivel muy alto de confianza y respeto, y eso es lo que enseñamos a nuestros hijos “, dijo Gansert. “Deben estar en un ambiente seguro”.
Cómo funcionan las revisiones de antecedentes actuales
El Departamento de Educación del Estado y el Distrito Escolar del Condado Clark examinan a los solicitantes de empleo contra varias bases de datos. Ninguna de las bases de datos mostrará una mala conducta por debajo del nivel de una detención, lo que los expertos dicen que permite a los depredadores moverse de escuela a escuela. Así es como funciona el proceso actual.
- Para la mayoría de los solicitantes, la verificación de antecedentes comienza con el Departamento de Educación de Nevada, que otorga licencias a ciertos solicitantes de la escuela, incluyendo maestros, administradores, psicólogos, enfermeras, fonoaudiólogos y otros.
- Como parte del proceso de otorgamiento de licencias, esas personas se someten a una verificación de antecedentes penales estatales y federales. Las verificaciones de antecedentes se repiten cuando el individuo solicita la renovación de la licencia. Las licencias se renuevan con una rotación de tres, cinco o ocho años.
- Las huellas digitales se envían al Departamento de Seguridad del Estado y al FBI, un proceso que puede tardar entre cuatro y seis semanas, a veces más.
- El informe generado por la verificación de antecedentes indicará que no hay registro para el individuo o indicará arrestos y condenas.
- En los últimos dos años, el Departamento de Educación ha denegado 120 licencias de personas debido a problemas de verificación de antecedentes. El estado aprobó 25.000 licencias nuevas o renovadas en ese mismo plazo.
- El Distrito Escolar del Condado Clark también comprueba los antecedentes de cada solicitante, incluye a aquellos que ya han completado y aprobado revisiones de antecedentes del estado. El condado Clark también realiza revisiones de antecedentes sobre empleados sin licencia, incluyendo conductores de autobuses, conserjes y empleados de servicio de alimentos.
- El distrito envía de nuevo las huellas dactilares al FBI, que devuelve el mismo informe generado por el estado.
- Para las revisiones locales, el distrito utiliza la base de datos de Operaciones de Computadoras Compartidas para Protección y Aplicación. Todas las entidades policiales locales, incluyendo el Departamento de Policía Metropolitana, suministran información al sistema.
- “SCOPE” informes de nuevo muestran arrestos y condenas, pero de nuevo no mostrarán las investigaciones.
- El departamento de recursos humanos del distrito revisa los informes para determinar si cualquier cargo impediría que el solicitante fuera empleado.
- Todos los nuevos maestros que comenzaron a trabajar en el distrito para el año 2016-17 habían aprobado el informe SCOPE antes de ser empleados en el distrito, según las cifras proporcionadas por el Distrito de Escuelas del Condado de Clark.
- Aún así, 249 de los 1.509 - o 16.5 por ciento - nuevos maestros comenzaron a trabajar antes de que el informe de antecedentes federales se devolviera al distrito, permitiendo que los solicitantes que posiblemente tuvieran cargos criminales o condenas en otros estados para trabajar con estudiantes. El distrito dijo que todos los informes federales fueron aprobados cuando fueron devueltos. La información sobre los informes de otros empleados no estaba disponible.
