El CCSD investigó a cinco agentes por usar la fuerza. No van a entregar sus registros
El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) ha investigado a cinco agentes por uso excesivo de la fuerza en los últimos tres años, pero se ha negado a entregar los registros de esas investigaciones, o confirmar si los agentes fueron disciplinados.
A raíz de una solicitud de registros de Las Vegas Review-Journal para esas quejas, el distrito negó la solicitud, diciendo que la información de empleo está exenta bajo la ley de Nevada.
Pero la negativa del distrito se produce después de que el Tribunal Supremo de Nevada reglamentara recientemente que otro organismo policial había violado la Ley de Registros Públicos de Nevada al no facilitar los registros de la investigación de un agente.
En virtud de la ley de registros públicos, los residentes tienen derecho a los registros de los organismos públicos, incluidos los gobiernos de sus ciudades, los departamentos de policía y el distrito escolar.
El Review-Journal puso en marcha este año su iniciativa “¿Qué ocultan?” para mantener informado al público sobre qué organismos públicos violan sistemáticamente la ley al denegar el acceso a esos registros.
¿Qué solicitamos?
Después de que un agente de policía escolar fuera grabado en video tirando a un estudiante al suelo fuera de Durango High School, el jefe de policía del distrito Mike Blackeye y el superintendente Jesús Jara fueron llamados a comparecer ante los legisladores estatales para explicar las políticas de uso de la fuerza del distrito.
Mientras eran interrogados durante la audiencia legislativa de marzo, Blackeye estimó que cinco agentes habían sido investigados en relación con el uso de la fuerza en los tres años anteriores. No quiso decir si los agentes habían sido suspendidos o despedidos, diciendo en cambio que el resultado de esas investigaciones “no era público”.
Ese mismo día, el Review-Journal solicitó una copia de cada una de esas denuncias.
Seis semanas más tarde, el distrito confirmó que cinco agentes habían sido investigados en los últimos tres años, pero denegó la petición del periódico de las quejas.
“Las denuncias relativas a las investigaciones sobre el uso de la fuerza de esos agentes forman parte de sus expedientes internos de investigación laboral y son confidenciales”, escribió el distrito en un comunicado.
El distrito mencionó varios argumentos jurídicos para justificar su negativa. Entre ellos, Donrey de Nevada contra Bradshaw, una decisión del Tribunal Supremo de Nevada y una “prueba de equilibrio” que ha sido usada por organismos públicos para retener registros si lo consideran en el mejor interés del público.
“La ley de Nevada exime estos registros como información confidencial de empleo, y en virtud de las pruebas de equilibrio de confidencialidad, por lo tanto, la producción de los registros solicitados está exenta”, dijo el distrito en un comunicado.
El editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook, dijo que la representación del distrito de la ley de Nevada es falsa.
“Esto sucede todo el tiempo en Nevada”, dijo Cook. “Pero se necesita un tipo especial de osadía para pedir - y obtener - miles de millones de dólares en nuevos fondos de la Legislatura, en parte para hacer frente a las necesidades de seguridad escolar, y luego se niegan rotundamente a liberar los registros públicos que se relacionan directamente con cuestiones de seguridad”.
El distrito usó argumentos similares cuando denegó al periódico la solicitud de documentos relacionados con el incidente de la preparatoria de Durango, mencionando su investigación en curso sobre el asunto. El distrito aún no ha facilitado esos documentos, y American Civil Liberties Union Nevada acabó demandando al distrito por no haberlos facilitado.
En la audiencia legislativa de marzo, Blackeye dijo que no había experimentado este nivel de presión política de “ciertas organizaciones de la comunidad” en sus 30 años de carrera, diciendo que la presión “no ayuda en absoluto al proceso de investigación”.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Nevada
Pero solo una semana después de que Blackeye y Jara comparecieran ante los legisladores y dijeran que las investigaciones sobre sus oficiales no eran información pública, el Tribunal Supremo de Nevada señaló lo contrario.
En 2019, La Policía Metropolitana negó una solicitud de registros relacionados con un policía de Nevada Highway Patrol que supuestamente intentó que su esposa fuera lastimada o asesinada.
El 30 de marzo, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad que los registros podían ser liberados con remociones limitadas. En su dictamen, el tribunal afirma que los organismos públicos no pueden negarse a divulgar los expedientes cuando basten “ediciones selectivas y limitadas de los mismos” para proteger cualquier interés legítimo de confidencialidad que esté en juego.
El director jurídico del Review-Journal, Benjamin Lipman, dijo que no hay ninguna razón legítima para retener los registros en su totalidad, y que el Review-Journal ha señalado al distrito en numerosas ocasiones que su respuesta es una violación de la Ley de Registros Públicos de Nevada.
“Este tipo de violación reiterada de la ley de Nevada por una entidad gubernamental es, como mínimo, decepcionante”, dijo Lipman.
