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Terminará programa judicial destinado a reducir delincuencia en el Strip de Las Vegas

La decisión de una funcionaria de Las Vegas de poner fin a un programa judicial destinado a reducir la delincuencia en el Strip provocó críticas del fiscal de Distrito del Condado Clark, el alguacil y el principal grupo comercial de la industria de casinos de Nevada.

La administradora del Tribunal de Justicia, Jessica Gurley, anunció el mes pasado que el Tribunal del Corredor de Resorts, que permite a los jueces prohibir la entrada de personas al Strip y a las zonas circundantes durante un máximo de un año, desaparecería en noviembre.

Informó de su decisión al fiscal Steve Wolfson, al alguacil Kevin McMahill y a la Nevada Resort Association en una carta fechada el 15 de agosto. En lugar de tener un único juez asignado para supervisar los casos penales derivados de incidentes en el Strip o sus zonas comerciales circundantes, el tribunal dividiría esos casos entre ocho jueces diferentes, escribió Gurley.

Diez días después, Wolfson, McMahill y Virginia Valentine, presidenta del grupo comercial, el cual también monitorea las actividades gubernamentales y reguladoras relacionadas con el juego, respondieron por escrito, instando a Gurley a no abandonar la política.

Argumentaron que el modelo de enjuiciamiento comunitario, en el que el mismo juez, fiscal y abogado de oficio se ocupan de estos casos, ha demostrado su eficacia en la reducción de la delincuencia en el corredor de resorts. En el Tribunal de Justicia, jueces también manejan agendas que consisten solo en casos de conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) o violencia doméstica.

“¿Quién mejor para decidir sobre las necesidades de un individuo y su destino que un juez que conoce el historial del acusado?”, escribieron.

El tribunal de especialidad establecido en enero de 2023 era supervisado por la jueza de paz Melissa Saragosa-Stratton antes de que se retirara el 1 de julio, y la jueza Melisa de la Garza asumió su carga de trabajo.

Gurley escribió que el cambio asignaría mejor los recursos de la corte.

“Al adoptar el modelo de la ciudad, el Tribunal pretende replicar el éxito logrado sin la necesidad de un tribunal especializado, asegurando que los recursos se usen de manera eficiente en un ámbito más amplio”, escribió.

Wolfson, McMahill y Valentine llamaron a la preocupación de Gurley por los recursos una “pista falsa”, dado que los recursos para el tratamiento están disponibles de independiento, y la demanda de servicios es la misma.

En el momento de la creación del tribunal del corredor de resorts, la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada dijo al Review-Journal que la política podría invadir los derechos constitucionales de las personas.

El martes, el director jurídico de la ACLU de Nevada, Chris Peterson, escribió al Review-Journal: “El cierre del tribunal del corredor de resorts es probablemente una buena decisión, pero no logra aliviar todos los problemas constitucionales que surgen de la extralimitación del gobierno local en las calles, aceras y otras propiedades públicas que forman parte de las zonas turísticas del sur de Nevada”.

Saragosa-Stratton declaró al Las Vegas Review-Journal que, durante su mandato, el sistema centralizado le ayudó a “destacar o poner de relieve las áreas problemáticas”.

Al tener una jueza, dijo, pudo hablar con la gente y entablar relaciones con ellos para tratar de averiguar cuáles eran sus necesidades individuales. Sin esto, dijo, los muchos delincuentes reincidentes que veía serían asignados aleatoriamente a nuevos jueces que no conocerían sus situaciones anteriores.

Los redactores de la carta también expresaron su preocupación por los empleados.

“No es mucho pedir de su parte que viajen de ida y vuelta al trabajo de forma segura”, escribieron.

Según el Resumen 2023 de la Junta de Control del Juego, 90 mil habitantes están empleados por licencias en el Corredor de Resorts, sin incluir a los empleados en restaurantes, comercios minoristas, otros espacios alquilados o negocios no relacionados con el juego en la zona.

Gurley dijo que había recibido la carta la semana pasada, pero que los jueces no se habían reunido para debatirla.

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