Fiscales acusan a exdueño de Alpine de contratar a trabajadores ‘no calificados’
Fiscales presentaron documentos judiciales el lunes acusando al exdueño de los Alpine Motel Apartments de emplear “personal sin licencia y/o no calificado” antes del fatal incendio de 2019.
Una audiencia preliminar en el caso penal contra el exdueño de Alpine, Adolfo Orozco, y la administradora de la propiedad, Malinda Mier, estaba programada para reanudarse el lunes con el testimonio de testigos adicionales. Pero el abogado defensor Dominic Gentile pidió que la audiencia continuara debido a la denuncia penal enmendada presentada por los fiscales. La denuncia no acusaba a los acusados de ningún delito adicional.
En su lugar, los fiscales añadieron un texto que acusaba a Orozco de “emplear personal sin licencia y/o no calificado para mantener la seguridad de la propiedad”, y “no dar seguimiento a las quejas de los inquilinos y/o peticiones del personal… para mantener una propiedad segura y habitable”.
Después de la audiencia, Gentile dijo que todavía está determinando si va a llamar a testigos adicionales debido a la denuncia modificada.
La audiencia preliminar está programada para reanudarse el martes por la tarde. La audiencia comenzó por primera vez en 2020, pero se retrasó durante casi dos años después de que un investigador que trabajaba para el equipo de la defensa se negara a testificar. Al final de la audiencia, se espera que la jueza de paz Ann Zimmerman determine si hay evidencia suficiente para que Orozco y Mier sean juzgados.
El incendio del 21 de diciembre de 2019 dejó seis muertos, 13 heridos y casi 50 personas sin hogar. Cuando estalló el incendio, las alarmas contra incendios del edificio no funcionaron y no había un sistema de rociadores funcionales, dijeron los fiscales.
Los acusados enfrentan seis delitos graves de homicidio involuntario, junto con cargos de desatender la seguridad de una persona con resultado de muerte o lesiones corporales graves y un delito menor grave de destrucción de evidencia.
Orozco también enfrenta cargos por intentar disuadir a alguien de testificar e intentar impedir que una persona denuncie un delito.
