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El Tribunal Supremo confirma la orden de declarar en desacato al investigador del Alpine Motel

El Tribunal Supremo de Nevada ha confirmado la decisión de un tribunal inferior de mantener a un investigador que trabajaba para el equipo de defensa del dueño de Alpine Motel Apartments en desacato al tribunal durante una audiencia preliminar hace más de dos años.

Don Dibble fue declarado culpable de desacato por primera vez en octubre de 2020, cuando se negó a declarar durante una audiencia preliminar sobre los cargos penales presentados contra el dueño del Alpine, Adolfo Orozco, y la gerente del complejo, Malinda Mier.

Después de que Dibble fuera declarado culpable de desacato, el abogado defensor de Orozco, Dominic Gentile, presentó una demanda contra el Tribunal de Justicia de Las Vegas y el juez que presidía la audiencia preliminar.

El Tribunal de Distrito confirmó la decisión de Zimmerman, y Gentile presentó un recurso ante el Tribunal Supremo en junio de 2021. El tribunal superior confirmó las decisiones anteriores en una orden presentada el 22 de diciembre.

Abogado pedirá una nueva audiencia

Dibble dijo el jueves que planea apelar la orden del Tribunal Supremo del estado.

“Estoy buscando una nueva audiencia para que el Tribunal Supremo reconsidere su decisión”, dijo Gentile.

Hasta el jueves por la tarde no había presentado ningún documento judicial solicitando una reconsideración.

Mientras tanto, el proceso penal está en pausa desde que cesó la audiencia preliminar hace más de dos años. Está prevista una nueva audiencia el 10 de enero, para que los fiscales aleguen para que el juez fije una fecha para reanudar la audiencia preliminar, según consta en los registros judiciales.

Han pasado más de tres años desde el incendio mortal del 21 de diciembre de 2019 en el complejo de apartamentos del centro de la ciudad que dejó seis muertos, 13 heridos y casi 50 personas sin refugio. Orozco y Mier enfrentan múltiples cargos penales en relación con el incendio, incluidos seis cargos cada uno de homicidio involuntario.

Cuestión del interrogatorio

Dibble se había negado a declarar sobre una entrevista que realizó a Mier, que no está representada por Gentile. Los fiscales describieron en documentos judiciales que, durante la entrevista, Mier “esencialmente confesó su participación en los delitos imputados”.

La conversación fue parte de una investigación en la que Dibble ayudó antes de una reunión entre el abogado de Orozco y la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark, en la que los abogados discutieron si Orozco sería acusado en relación con el incendio.

Mier no fue acusada hasta después de la reunión entre los fiscales y el abogado de Orozco.

Gentile argumentó en documentos judiciales que la ley estatal protegía a Dibble de testificar, porque los fiscales solo supieron de la conversación con Mier después de que se les proporcionaran documentos durante la audiencia de negociación de los cargos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo reglamentó que la ley estatal que protege la comunicación privilegiada no se extiende a las declaraciones hechas por personas que no sean el acusado o los abogados del acusado, y no protege las declaraciones hechas fuera de las reuniones de negociación de la declaración de culpabilidad.

“Mier no participó en la reunión previa a la acusación entre Orozco y Garcia, ni había sido acusada en ese momento”, escribieron los jueces del Tribunal Supremo en el auto. “Por lo tanto, la declaración de Mier a Dibble no era ‘prueba de una declaración de culpabilidad’, ya que no tenía ‘expectativas de negociar una declaración en el momento de la discusión’ y no era ‘una acusada’ cuando hizo la declaración”.

Los jueces también escribieron que no hay pruebas que demuestren que Dibble testificando sobre la entrevista implicaría a Orozco o potencialmente plantearía “cuestiones de testimonio de coacusados” o “preocupaciones sobre el derecho a un abogado”.

Aparte de los procedimientos penales, al menos 15 demandas presentadas a raíz del incendio se han consolidado en un solo caso que nombra a casi 20 acusados, entre ellos Orozco, Mier y empresas acusadas de no mantener el sistema de alarma contra incendios del edificio.

Robert Eglet, abogado que representa a varios demandantes, le declaró al Review-Journal a principios de este mes que el caso se ha sometido a un proceso de mediación y que podría estar a punto de resolverse.

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