El CCSD no apelará la sentencia que regula los poderes de los miembros sin voto
La Junta Escolar del Condado Clark votó en contra de apelar una sentencia judicial del 29 de mayo que ordenó al distrito a rescindir una política que limita los poderes de sus cuatro miembros sin derecho a voto.
Los miembros votaron 5-2 en contra de una apelación el 11 de julio, diciendo que necesitan desplegar su energía en otros lugares, como la búsqueda de un nuevo superintendente.
Durante la sesión legislativa de 2023, el gobernador Joe Lombardo firmó el Proyecto de Ley 175 de la Asamblea (AB175), que requiere que las tres ciudades más grandes del Condado Clark - Henderson, Las Vegas y North Las Vegas -, así como la Comisión del Condado Clark nombren a un miembro sin derecho a voto a la Junta Escolar del Condado Clark.
Estos miembros tendrían los mismos derechos que los demás miembros, con la excepción de votar para la elección de funcionarios o la autoridad para servir como un funcionario de la junta de fideicomisarios, de acuerdo con el texto de AB175. pero en enero de 2024, después de que los cuatro nuevos miembros fueron nombrados, la junta escolar aprobó una política que prohíbe que los miembros sin derecho a voto presenten peticiones en las reuniones.
North Las Vegas y Henderson presentaron una petición en marzo, argumentando que la modificación de la política violaba las estipulaciones de AB175. La petición decía que el distrito no tenía autoridad para “anular o interferir” con la ley. La solicitud de apelación declaró AB175 dio al gobierno local “un asiento en la mesa” y proporcionó una oportunidad para que las ciudades del Condado Clark participen en conversaciones productivas con el CCSD sobre el estado de la educación.
En una sentencia de 29 de mayo, la jueza de distrito Nadia Krall se puso del lado de North Las Vegas y Henderson. Una petición de una apelación a esa sentencia estaba en la agenda de la reunión del jueves CCSD, y la miembro Linda P. Cavazos puso una petición para rechazar la solicitud en el piso, que fue secundada por la miembro Irene Bustamante Adams.
La petición fue aprobada con los votos a favor de Lola Brooks, Linda P. Cavazos, Lisa Guzmán, Brenda Zamora e Irene Bustamante Adams. La presidenta de la Junta Directiva Evelyn García Morales y la miembro Katie Williams disintieron.
“Nuestra prioridad en este momento que nuestra comunidad está esperando, es que llevemos a cabo una búsqueda de superintendente muy exhaustiva y, deberíamos decir, inclusiva”, dijo Cavazos. “No que gastemos tiempo, dinero y recursos en algo que ya se decidió en los tribunales”.
La miembro sin derecho a voto Ramona Esparza-Stoffregan, nombrada por Henderson, afirmó que los miembros del municipio han sido “un valor añadido” y han intentado aportar ideas nuevas y diferentes. El miembro sin derecho a voto Dane Watson, de North Las Vegas, coincidió en que la apelación sería una pérdida de tiempo, energía y esfuerzo.
“Solo hay que seguir adelante”, dijo Watson.
Morales llamó a la ley “increíblemente problemática” porque le preocupa que un municipio extienda su poder sobre el distrito. En un último comentario, Cavazos dijo que los cuatro miembros sin derecho a voto tienen “registros asombrosos” de participación, asistencia y compromiso de debate.
“La alegación de que esto provocaría el caos en esta junta me parece ridícula”, dijo Cavazos.
