El CCSD gastó casi 46 mil dólares en asesoría legal por la demanda de Durango High
El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) gastó casi 46 mil dólares en asesoramiento jurídico externo en una demanda relacionada con un altercado policial en febrero con estudiantes cerca de Durango High School.
El Las Vegas Review-Journal obtuvo el lunes nueve facturas a través de una solicitud de registros públicos.
La más reciente muestra que el bufete de abogados Marquis Aurbach -que representó al distrito- facturó un total de 45,848.22 dólares por servicios relacionados con el caso y prestados hasta el 31 de diciembre.
Los registros muestran que el distrito había pagado la gran mayoría de ellos – 43,143.22 dólares - a partir de una factura del 4 de enero.
El distrito escolar dijo el martes que no hace comentarios sobre litigios pendientes.
La demanda fue presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) Nevada.
Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, dijo el martes que el gasto del distrito fue “irresponsable” y los administradores deberían haber ejercido una mejor supervisión.
Haseebullah cuestionó por qué los abogados internos del distrito no se encargaron del caso, señalando que es “algo ridículo” contratar abogados de plantilla y luego subcontratar casos como este.
Según la ley de Nevada, una entidad gubernamental que indebidamente retiene registros públicos generalmente está obligada a pagar los costos del solicitante, dijo Haseebullah, señalando que el tribunal tendría que tomar una decisión al respecto.
Dijo que la ACLU tratará de cobrar del distrito -que será una cantidad similar a la que el distrito pagó al bufete de abogados privado- y que será interesante ver si el distrito trata de oponerse a ello.
El año pasado circuló por las redes sociales un video grabado con un teléfono celular en el que se veía a un agente de policía del distrito escolar del Condado Clark empujando al suelo a un estudiante afroamericano.
La ACLU presentó una solicitud de registros públicos al distrito, que fue denegada. La organización interpuso entonces una demanda en abril de 2023 solicitando la divulgación de las grabaciones de las cámaras corporales y otros registros relacionados con el incidente.
En diciembre, un juez ordenó al distrito que hiciera públicas las grabaciones de las cámaras. El distrito las entregó el jueves.
