Inquilinos de Nevada en el limbo mientras esperan la firma del gobernador de un proyecto de ley de ayuda a la renta
Victoria Saunders se enteró en el tribunal de desalojo el martes que tenía 10 días para encontrar un nuevo hogar para sus dos hijos pequeños, un plazo acortado por el hecho de que ella está a punto de dar a luz poco antes de eso.
“Solo quiero salir de allí lo antes posible”, dijo sobre su apartamento luego de la breve audiencia en el Tribunal de Justicia de Las Vegas.
“Depende de mí sacarlos de allí; a una semana del parto”, dijo la inquilina, acompañada de sus hijos pequeños.
Una ley de Nevada de 2021 que podría haber retrasado los desalojos de inquilinos como Saunders -que esperan respuesta de los programas de ayuda a la renta, como el Programa de Ayuda a la Vivienda CARES del Condado Clark- caducó el 5 de junio.
Hasta el martes, el gobernador Joe Lombardo no había firmado o vetado un proyecto de ley aprobado este año por la Legislatura, que ofrecería las mismas protecciones. El Proyecto de ley 335 del Senado (SB 335) - presentado por el senador James Ohrenschall, demócrata por Las Vegas - suspendería desalojos sumarios de hasta 60 días para los solicitantes pendientes. Fue enviado a Lombardo el jueves, y tiene 10 días para firmar o vetarlo, sin contar domingos.
Una portavoz del gobernador no devolvió inmediatamente una llamada en busca de comentarios.
A partir de ahora, tener pendiente una solicitud de ayuda a la renta ya no sirve para paralizar un proceso de desalojo.
“Los inquilinos ya no están protegidos por la Ley 486 de la Asamblea; por lo tanto, el Tribunal no tiene autoridad para suspender el caso del inquilino, mientras que su solicitud de ayuda de renta está pendiente, escribió Jessica Gurley, administradora del Tribunal de Justicia de Las Vegas y secretaria adjunta, en un comunicado. “Actualmente, no hay un método disponible para identificar fácilmente cuántos desalojos procedieron desde el 5 de junio de 2023 hasta la actualidad que tenían solicitudes de asistencia de renta pendientes”.
La maestra de audiencias Amy Ferreira mencionó ese hecho en cuatro casos en un lapso de una hora el martes por la mañana. El tribunal dijo que hay otros recursos disponibles para los inquilinos, como el programa de desalojo de desviación del Tribunal de Justicia de Las Vegas.
Comentando en nombre de Ohrenschall, Jonathan Norman, activista, director de extensión y política de Nevada Coalition of Legal Service Providers, dijo que hay “un número masivo” de los casos de desalojo pendientes que solo se acelerará desde que SB 335 sigue en el limbo.
Y aunque no tenían cifras inmediatas sobre cuántos inquilinos se han visto afectados porque el proyecto de ley no se ha firmado, Legal Aid Center of Southern Nevada ha visto la defensa de solicitud pendiente de múltiples clientes ser negada, dijo el abogado Ryan McConnell.
La audiencia de Saunders duró menos de tres minutos, en la que un representante del administrador de la propiedad dijo que ella debía casi ocho mil dólares en renta atrasada desde marzo.
‘Me retrasé’
Saunders le dijo a Ferreira que no tenía “muchos ingresos en este momento”, que estaba incapacitada y que estaba a punto de dar a luz, señalando que tenía pendiente una solicitud de ayuda a la renta y que tenía la intención de pagar lo que debía.
Ferreira retrasó el desalojo 10 días, el plazo máximo permitido por la ley estatal.
Saunders dijo en una entrevista posterior que empezó a retrasarse en los pagos cuando su renta aumentó casi un 40 por ciento. Así que hizo arreglos para pagos parciales.
“De repente, un día, decidieron que ya no iban a aceptar pagos parciales”, dijo. “Así que me retrasé y solo arañé todo lo que pude para seguir ahorrando”.
Dice que lleva meses poniéndose en contacto con los administradores del programa de ayuda a la renta y que ha recibido respuestas diferentes. Le dijeron que volviera a presentar la documentación. Lo hizo un día después de que expirara la antigua ley.
Saunders no sabe adónde irán ella y sus hijos, y señala que no tiene apoyo familiar inmediato, ya que su esposo trabaja en la construcción fuera del estado.
Otra inquilina, Keandra Jones, su pareja y sus cinco hijos, se enfrentan a una situación similar; el martes se ordenó su desalojo. Jones dará a luz en agosto.
La pareja se gastó todos sus ahorros rentando una casa hace aproximadamente un año. Al mismo tiempo, su trabajo como estilistas empezó a escasear.
Tienen pendiente una solicitud de prórroga de la ayuda a la renta.
“Solo es una mierda, es lamentable”, dice ella. “Creo que estamos en mejor situación que la mayoría, aunque no tengamos adónde ir. Pero solo me siento mal por la gente que no tiene familia, nada aquí, y que realmente van a estar en la calle”.
