Se llega a un acuerdo de 1.6 mdd por la muerte de un preso en una cárcel estatal
La familia de un recluso que fue asesinado a tiros por un agente de correcciones en una prisión a las afueras de Las Vegas en 2014, llegó a un acuerdo de 1.6 millones de dólares con el estado casi una década después de su muerte, dijo un abogado de la familia.
Carlos Manuel Pérez Jr., de 28 años, murió el 12 de noviembre de 2014, mientras cumplía una condena de entre 18 y 48 meses por agresión en High Desert State Prison, en Indian Springs, a unos 30 minutos en auto al noroeste de Las Vegas.
En un principio, el Departamento de Correccionales del estado no dijo nada sobre las circunstancias de la muerte de Pérez. Solo se supo públicamente que había sido asesinado por un guardia cuatro meses después, en marzo de 2015, cuando la oficina forense del Condado Clark reveló que Pérez había recibido disparos en la cabeza, el pecho, el cuello y el brazo y que su muerte había sido un homicidio.
Según una demanda presentada por la familia de Pérez en 2015, los guardias de la prisión permitieron que ocurriera una pelea entre Pérez, que estaba esposado, y otro recluso esposado, Andrew Arévalo, de 24 años, en una sección de la prisión llamada “el agujero” en la que no se permitía a los reclusos estar fuera de sus celdas al mismo tiempo que otros reclusos.
La familia Pérez alegó en la demanda que cuando los dos reclusos empezaron a gritarse y a darse patadas, los funcionarios de prisiones que se encontraban allí “se negaron a intervenir”, lo que llevó a lo que la familia llamó un “escenario como de gladiadores”.
Un funcionario de prisiones ordenó entonces a otro agente que iba armado con una escopeta que abriera fuego, según la demanda. El agente disparó cuatro veces con su escopeta, matando a Pérez, alegó la familia. Arévalo también resultó herido de bala.
El lunes, el juez federal Daniel J. Albregts escuchó a ambas partes en el tribunal y se llegó a un acuerdo, según los registros judiciales.
“Lo que hace es dar valor a su vida”, dijo Paola M. Armeni, abogada de la familia Pérez.
El acuerdo debe ser aprobado por la Junta de Examinadores del Estado, compuesta por el gobernador Joe Lombardo, el fiscal general Aaron Ford y el secretario de Estado, Cisco Aguilar.
El acuerdo también incluye una carta de disculpa del Estado de Nevada, dijo Armeni.
