¿Qué ocultan? La UNLV y CSN frustran la transparencia de los registros de personal
La ley de Nevada obliga que los expedientes personales de los empleados públicos estén a disposición de los contribuyentes. Sin embargo, los gobiernos de Nevada suelen mantenerlos en secreto y se salen con la suya.
¿Qué ocultan?
Como parte de su investigación sobre Robert Telles, el funcionario público acusado de matar al reportero de investigación del Review-Journal Jeff German, el año pasado, la organización de noticias solicitó el historial laboral de Telles al College of Southern Nevada (CSN).
Y durante una investigación separada, en respuesta a una información sobre acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo por parte de un exalto funcionario de la UNLV, el periódico presentó repetidas solicitudes para revisar acuerdos, correos electrónicos y otros registros de la universidad.
Ambas solicitudes fueron retrasadas y finalmente denegadas por las instituciones financiadas por los contribuyentes, en violación de la Ley de Registros Públicos de Nevada, dijo el jefe jurídico del Review-Journal, Benjamín Zensen Lipman.
“Con demasiada frecuencia, las entidades gubernamentales toman sentencias judiciales que permiten la retención de partes de los registros en circunstancias limitadas y reglamentan las decisiones como una base legal para retener grandes categorías de registros”, dijo. “Parece un esfuerzo coordinado para evitar proporcionar los registros públicos necesarios para que todos entendamos lo que hacen nuestros funcionarios del gobierno”.
La ley de registros públicos de Nevada no tiene una exención que permita a las agencias gubernamentales retener los registros de personal. Muchos estados, entre ellos Arizona, Florida y Colorado, facilitan regularmente currículos, evaluaciones de rendimiento y expedientes disciplinarios a los periodistas.
Los contribuyentes pagan los salarios y las prestaciones de los empleados públicos y tienen derecho a saber si los trabajadores hacen su trabajo y si los directivos supervisan y disciplinan adecuadamente a los empleados, argumentan los activistas de la transparencia gubernamental.
En Nevada, sin embargo, los departamentos estatales, las divisiones de los condados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han reglamentado las sentencias de los tribunales y el código administrativo, y han usado la evasiva tradicional para denegar la entrega de los expedientes personales, dijo Lipman.
El Review-Journal destaca la negativa de los gobiernos de Nevada a divulgar los expedientes personales de los empleados públicos para lanzar un nuevo reportaje ocasional llamado “¿Qué ocultan?”. Este reportaje pondrá de manifiesto la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos de las leyes sobre registros públicos, cómo justifican el incumplimiento de la ley y quién, en concreto, es responsable de ocultar información a los contribuyentes. También explicaremos cómo se supone que opera la ley y la importancia pública de la información que se oculta.
Petición del CSN
Robert Telles fue arrestado el 7 de septiembre y acusado de asesinar al reportero de investigación del Review-Journal Jeff German, que había escrito reportajes cuestionando la administración de Telles en la oficina de administración pública del Condado Clark y su conducta con el personal. Telles perdió su candidatura a la reelección tras la publicación de los reportajes y, según la policía, buscó venganza apuñalando mortalmente al veterano periodista de 69 años el 2 de septiembre.
Tras el asesinato, el Review-Journal desenterró información que demostraba que Telles tenía antecedentes de conducta inapropiada, incluido un arresto por violencia doméstica y acusaciones de acoso sexual cuando estudiaba en la facultad de Derecho de la UNLV.
Antes de estudiar Derecho, Telles era técnico de calefacción, ventilación y aire acondicionado en College of Southern Nevada (CSN). La universidad lo empleó desde julio de 2008 hasta febrero de 2015. El Review-Journal quería determinar si tenía alguna denuncia o hallazgo de mala conducta laboral en la universidad. En caso afirmativo, ¿qué hizo la universidad al respecto?
Pero la universidad se negó a entregar los registros de personal de Telles o comentar si se presentó alguna denuncia formal contra Telles o si se investigó durante su tiempo en CSN.
Richard Lake, portavoz de la universidad y antiguo reportero del Review-Journal, dijo que si la información -“existiera”- sería confidencial y no sujeta a divulgación pública.
En respuesta a una solicitud del expediente personal de Telles, CSN declaró que la única información sujeta a divulgación pública eran las fechas de empleo de Telles, una descripción genérica de sus obligaciones laborales y su programa de remuneración, y una confirmación de que su historial educativo cumplía los requisitos mínimos para el puesto.
La universidad mencionó un código del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE) que estipula que todos los archivos de personal y nóminas de los empleados de NSHE se mantendrán confidenciales.
Sin embargo, “el Tribunal Supremo de Nevada ha declarado claramente que los reglamentos internos no se pueden usar para limitar lo que los registros están disponibles bajo la Ley de Registros Públicos de Nevada”, dijo Lipman.
En un comunicado, Lake dijo que la universidad apoya firmemente la ley de registros públicos del estado y cree “de todo corazón en el concepto de transparencia en el gobierno”.
“Cada solicitud de registros públicos que recibe la universidad se maneja de acuerdo con la ley”, escribió Lake.
Solicitud de la UNLV
En 2022, el Review-Journal recibió la información de que un exalto cargo de la UNLV había sido acusado en repetidas ocasiones de acoso laboral y mala conducta, lo que había dado lugar a acuerdos financiados por los contribuyentes.
En julio, el Review-Journal presentó una serie de solicitudes pidiendo los pagos de los acuerdos, los reportes internos sobre las acusaciones de mala conducta y los correos electrónicos relacionados con el individuo, pero la escuela desvió repetidamente las preguntas. Los funcionarios mencionaron una serie de sentencias en otros estados que no tienen relevancia para Nevada; el Código Administrativo de Nevada, que los tribunales sostienen que no prevalece sobre la ley estatal; y los Estatutos Revisados de Nevada que cubren la confidencialidad exigida a otros organismos, pero no se aplicaban a la UNLV.
La escuela también cerró repetidamente las solicitudes, diciendo que las preguntas eran demasiado amplias y que el periódico no proporcionaba definiciones de palabras comunes como “reclamos”, “quejas”, “mala conducta”, “cuestiones de empleo” y “ambiente de trabajo hostil”.
Aunque la mayoría de las negativas procedían de funcionarios anónimos a través del portal de registros de la UNLV, la asesora general adjunta Susan Carrasco O’Brien, también intercambió correos electrónicos con el periódico diciendo que la solicitud no buscaba registros identificables y que la búsqueda por correo electrónico producía demasiados datos.
“Se trata de un enorme volumen de datos para lo que es, esencialmente, una solicitud que podría ser una ‘aguja en un pajar’”, escribió. “Esta solicitud que compiló la producción de un enorme volumen de material es objetable como indebidamente grave”.
La ley de registros públicos de Nevada dice claramente que las agencias gubernamentales deben hacer “un esfuerzo razonable para ayudar al solicitante a enfocar la solicitud de tal manera que maximice la probabilidad de que el solicitante pueda inspeccionar, copiar o recibir una copia del libro o registro público lo más rápidamente posible”.
En cambio, la escuela citó sus políticas internas para frustrar la transparencia exigida por la ley estatal.
“Los expedientes personales están exentos de divulgación por ser confidenciales, de acuerdo con el Manual de la Junta de Regentes”, escribió el personal de expedientes de la escuela.
¿Qué ocultan?
El editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook, dijo que el público contribuyente tiene derecho a saber si los dirigentes de la UNLV rinden cuentas por su mala conducta o si protegen a personas favorecidas independientemente de su comportamiento.
“La Junta de Regentes y las universidades públicas y privadas claramente piensan que están por encima de la Legislatura de Nevada, pero no es así”, dijo Cook. “Los registros de personal están destinados a ser abiertos para mantener a los malos actores fuera del servicio público”.
La UNLV tiene un historial de encubrimiento de malas conductas y de usar dinero público para descubrir el origen de las filtraciones, como se ha revelado en anteriores reportajes del Review-Journal.
El 16 de febrero, funcionarios de la UNLV le dijeron al periódico que no había reportes de una investigación interna sobre la controversia de la mala conducta en el lugar de trabajo a pesar de que una fuente de alto rango confirmó que el reporte existe.
“Sería una violación de la ley si (la UNLV) afirmara falsamente que no tenían un documento que sabían que tenían”, dijo Lipman.
O’Brien no respondió a una solicitud de entrevista. En su lugar, el portavoz de la universidad emitió un comunicado.
“La universidad discrepa respetuosamente con la interpretación legal del Las Vegas Review-Journal en relación con la confidencialidad de los registros de personal de los empleados estatales exentos en virtud de la ley de Nevada”, escribió en un correo electrónico el portavoz de la UNLV, Francis McCabe, que también solía trabajar en el Review-Journal. “La universidad ha participado en comunicaciones y esfuerzos de buena fe con el periódico y cree firmemente que sus respuestas a las solicitudes del Review-Journal de registros de personal exentos cumplen plenamente con la Ley de Registros Públicos de Nevada y la ley estatal”.
Según la ley estatal, el único remedio legal para una solicitud de registros negada erróneamente es presentar una demanda y acudir a los tribunales, lo que puede costar cientos de miles de dólares y retrasar la entrega de los registros durante años. Por ejemplo, en 2021 el Condado Clark fue condenado a pagar 167 mil dólares de los contribuyentes al Review-Journal por no haber entregado reportes de autopsias de menores, como parte de un esfuerzo de casi cuatro años para mantener los documentos en secreto.
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