Pide el fiscal general de Nevada una decisión sobre las armas en los juzgados del Condado Nye
Una prolongada disputa sobre las armas en los juzgados del Condado Nye parece dirigirse al más alto tribunal de Nevada para su revisión.
El martes, la oficina del fiscal general de Nevada pidió al Tribunal Supremo de Nevada que impidiera al Condado Nye trasladar las salas de audiencia de dos jueces del Quinto Distrito Judicial en Pahrump y Tonopah a instalaciones envejecidas en otras partes de las dos comunidades.
El procurador general adjunto, Gregory Zunino, escribió en los documentos judiciales que la Junta de Comisionados del Condado Nye votó por unanimidad en mayo para mudar inmediatamente las salas de los jueces Kim Wanker y Robert Lane.
El traslado, según Zunino, tenía por objeto castigar a ambos por negarse a cumplir una orden del condado que permite llevar armas en la mayoría de las zonas de los juzgados del condado, donde se han manifestado preocupaciones por la seguridad durante más de una década.
“En resumen, este caso trata del deseo de los comisionados del Condado Nye de llevar armas de fuego en los juzgados del condado”, dijo Zunino.
Zunino escribió que en Pahrump el condado va a mudar las oficinas de los jueces y las salas de los tribunales del juzgado Gerald “Bear” Smith, en el Complejo Gubernamental Ian Deutch, a una propiedad ubicada en 250 North Highway 160. Esa estructura se usó en su día para albergar la oficina del alguacil del Condado Nye, pero Zunino dijo que la propiedad no es lo suficientemente grande como para albergar las salas de audiencias, las celdas de detención, las salas de deliberación del jurado, las cámaras judiciales, las oficinas y el mobiliario.
En Tonopah, las salas de vistas se mudarán del Complejo Judicial William P. Beko a un antiguo “gimnasio” que, según Zunino, “está en mal estado”.
“Las tuberías están rotas, el tejado tiene goteras, no contiene celdas de detención y carece de la infraestructura necesaria para albergar las comunicaciones por internet”, dijo Zunino. “El edificio no es adecuado para su ocupación inmediata por ninguna unidad gubernamental, y mucho menos por el Tribunal del Quinto Distrito Judicial”.
El comisionado Frank Carbone declinó hacer comentarios el jueves, citando el litigio pendiente. El comisionado Leo Blundo devolvió el llamado de un reportero, pero luego no pudo ser localizado para que hiciera comentarios. Los comisionados Debra Strickland, Donna Cox y Bruce Jabbour no respondieron a las preguntas por teléfono y correo electrónico.
Sin embargo, los videos archivados en internet de las reuniones de la comisión del condado dejan claro que los comisionados creen que los miembros del público tienen derecho a llevar armas en los edificios del condado fuera de las salas de los tribunales o de las oficinas judiciales.
Jabbour dijo en la reunión de mayo, cuando se aprobó el traslado, que “lucharía contra cualquiera que quisiera entrar en un juzgado con cualquier tipo de arma. No es necesario”.
Pero Jabbour y otros comisionados no están de acuerdo con una orden de 2010 de Lane que prohíbe las armas en cualquier lugar dentro de los juzgados y edificios del Condado Nye. Jabbour dijo que los ciudadanos deberían tener la posibilidad de protegerse en caso de necesidad en los espacios públicos, y señaló que los jueces y los alguaciles de los juzgados ya llevan armas, pero el público no puede hacerlo.
“Los jueces han establecido fortalezas en el complejo aquí en Pahrump, dejando a los demás a la deriva y han decidido arbitrariamente la vida de quién es más importante que la de los demás”, dijo Jabbour anteriormente al hablar del conflicto.
Lane y Wanker, por su parte, llevan tiempo expresando su preocupación por la seguridad en las instalaciones judiciales de Pahrump y Tonopah. Los dos jueces y su personal se ocupan de lo que a menudo son procesos contenciosos de custodia de los hijos, divorcios, penales y civiles, pero en el Complejo Gubernamental Ian Deutch no hay detectores de metales en la entrada del edificio y ningún ayudante revisa si la gente lleva armas.
“Todos los días te preocupas por ello”, le dijo Wanker al Las Vegas Review-Journal en enero. “Me preocupa cuando salgo de mi auto. Hay un momento y un lugar para que la gente lleve armas. El juzgado no es uno de ellos”.
Por ello, Lane dictó la orden de 2010. Lane dijo que, al menos, permitía colocar un letrero en la puerta principal de los juzgados para informar al público de que las armas no están permitidas, y significaba que los alguaciles de los juzgados podían desafiar a las personas que observaran llevando armas en el edificio, en los pasillos de los juzgados o en las salas.
“Cada año, más o menos, acudimos a los comisionados y les pedimos que proporcionen seguridad en el tribunal”, dijo Lane a principios de este año. “Hasta ahora no lo han hecho. Creo que su principal preocupación es el costo de los empleados que atienden la puerta principal y demás”.
Los nevadenses ya han sido testigos de la violencia en los tribunales. En 2006, Darren Mack mató a su esposa antes de disparar al juez del Tribunal Familiar Chuck Weller a través de una ventana del juzgado de Reno. El juez había presidido el divorcio de la pareja. En enero de 2010, un hombre armado disparó al agente de seguridad del tribunal Stan Cooper en la entrada del tribunal Lloyd George de Estados Unidos, en el centro de Las Vegas, antes de que otros agentes dispararan y mataran al hombre armado.
A nivel nacional, la violencia contra los jueces ha estado presente en los últimos titulares. Las autoridades dicen que un juez de Wisconsin fue asesinado en su casa el viernes por un hombre al que el juez había enviado a la cárcel. El miércoles, un hombre que llevaba una pistola, un cuchillo y cremalleras fue arrestado cerca de la casa del juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, en Maryland, tras amenazar con matar al juez.
Randy Harris es un experto en seguridad de tribunales con sede en Texas, de la empresa privada Estados Unidos Court Security Concepts. Ha dicho anteriormente que hay mucho debate en todo el país sobre la cuestión de las armas en los tribunales.
“Los tribunales de otros lugares están luchando con ello”, dijo Harris. “Algunos dicen que sí, otros dicen que no”.
