Si Joey Gilbert quería desacreditar las preocupaciones legítimas sobre el fraude electoral, habría sido difícil elegir una estrategia mejor que su camino actual.
El mes pasado, el alguacil Joe Lombardo ganó la nominación republicana a la gobernación. Eso no debió haber sido una sorpresa. Lombardo fue el favorito durante la mayor parte de la contienda. Un super PAC gastó millones para impulsarlo. Donald Trump lo apoyó cuando la carrera se apretó. Lombardo estaba muy por delante en las encuestas públicas.
Esto era tan obvio que escribí en enero: “Lombardo parece casi invencible” en las primarias. La predicción se hizo realidad. Lombardo obtuvo el 38 por ciento de los votos republicanos. Gilbert, un abogado que luchó contra las restricciones del coronavirus, terminó con el 27 por ciento. Numéricamente, Lombardo ganó por unos 26 mil votos. Lombardo se impuso en el Condado Clark, mientras que a Gilbert le fue mejor en las zonas rurales de Nevada. Estuvieron cerca en el Condado Washoe, de donde es Gilbert.
Este desglose de votos era tan predecible que incluso yo lo vi venir. En diciembre pasado, escribí que la “retórica agresiva” de Gilbert debería ayudarle a “que le fuera bien especialmente en la Nevada rural”.
Pero Gilbert no aceptó los resultados. Exigió un recuento. Su campaña insistió en que hubo violaciones electorales. Gilbert afirmó que en Nevada hay “selecciones, no elecciones”. Una demanda parece inevitable, especialmente después de que el recuento del Condado Clark haya movido a Gilbert a solo un voto de distancia de Lombardo.
En este punto, según la “evidencia” de Gilbert apuntaba a que pensaba que iba a ganar. Pero tener el apoyo de un par de cientos de personas en una convención estatal del GOP no significa que tengas un amplio apoyo entre los votantes. Tampoco lo hace tener los partidarios más apasionados, como Bernie Sanders podría decirte.
Perder no es una prueba de fraude electoral. Actuar como si lo fuera facilita que otros descarten las muchas vulnerabilidades del sistema. Esas debilidades existen.
“Como todavía somos nuevos en el voto masivo por correo, estas cosas mejorarán”, dijo el mes pasado el registrador del Condado Clark, Joe Gloria. “La lista de correo se limpiará, algo que es difícil en un condado tan transitorio como el Condado Clark”.
Eso es un reconocimiento tácito de que los funcionarios del condado están enviando boletas a direcciones donde los votantes ya no viven. Eso es un problema, especialmente cuando la verificación de firmas es un chiste. En 2020, hice que nueve votantes copiaran mi versión de su firma de sus boletas por correo. Los funcionarios del condado aceptaron ocho de ellas.
La investigación de la Secretaría de Estado sobre las elecciones de 2020 también encontró irregularidades. Esto incluyó a personas que votaron después de presentar un aviso de cambio de dirección permanente en la oficina de correos más de 30 días antes de las elecciones. Votaron más de cuatro mil personas que habían usado un documento de inmigración en el DMV.
La Secretaría Estado se negó a investigar los casos individuales porque especulaba que podía haber explicaciones inocentes para cada una de esas cosas. Irónicamente, eso es lo contrario de lo que hace Gilbert ahora.
Gilbert actúa como si las vulnerabilidades probaran el fraude. Los funcionarios electorales se niegan a investigar a fondo las vulnerabilidades porque no hay constancia de un fraude generalizado.
La verdad está entre esos dos extremos. Hay vulnerabilidades en el sistema electoral de Nevada. Ese es un argumento fuerte y sustentable. Pero está socavado por la retórica imprudente de Gilbert.