En momentos en que el gobierno hace agua porque no acierta a dar respuestas coherentes ante la avalancha de inseguridad y particularmente los dolorosos feminicidios, viene la urgencia de buscar distractores.
Hay quienes piden encarcelar a Peña Nieto, por convicción o por hacerle un guiño al presidente y sacarlo del pantano en que se encuentra por sus propios errores.
Pero que Peña Nieto y hasta el ‘viene viene’ de Los Pinos vayan a la cárcel no va a cambiar en absoluto la falta de estrategia ante la brutalidad homicida desbordada.
El presidente tiene una interpretación ideológica de la criminalidad y la crueldad, pero su trabajo es impedirla y no sabe cómo hacerlo.
Su combate a la corrupción también está teñido de ideología. Es selectivo.
Y por esa razón, es circo.
Un circo para intimidar a quienes podrían decirle que no. Para hacer de muchos empresarios sus cortesanos. Inmovilizar a dirigentes opositores. Para destruir a placer los avances democráticos logrados, como en pocos países en el mundo, durante los últimos 30 años.
A los suyos no los tocan y hasta les dan fuero, senaduría y acceso a Palacio Nacional, como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, por citar un solo caso (por 50 millones de dólares, nada menos).
En cambio a Rosario Robles –mujer, por cierto– la tienen en la cárcel antes de que empiece su juicio.
Si es culpable que lo demuestren y que la pague, pero no desde antes y con fabricaciones.
La acusación que hay contra ella, por la cual será juzgada, no es desvío de recursos ni peculado, sino ejercicio indebido del servicio público (omisión), que no amerita prisión preventiva.
Para dar pie a encarcelarla, el Ministerio Público le fabricó una licencia de conducir falsa, pues el domicilio no corresponde al que ella dio. Para adentro Rosario Robles.
Nada más que esa licencia lleva una firma que no es la suya, una huella digital que no es la suya y una foto tomada de internet (https://images.app.goo.gl/X2ZjWhPdemetaYuz8). Y el juez la dio por buena.
Si la justicia continúa por el camino que han conducido el caso Robles, tarde o temprano todos nos encontraremos en una celda. O bajo amenaza de ella. No se puede dejar pasar.
En la audiencia, el MP expuso que un primo de Robles, de Torreón, era beneficiario de la ‘estafa maestra’. No hay tal primo. La Función Pública la inhabilitó por diez años, pues en su declaración patrimonial supuestamente no reportó dos mil pesos (sí, dos mil pesos) en una cuenta bancaria.
¿Y los funcionarios de la actual administración? Según los reportes oficiales, todo está en orden, han declarado lo que tienen, y lo que se ha señalado y probado en medios de comunicación es una venganza de los conservadores.
La ideología manda.
Indudablemente la corrupción es un hecho real que necesita diques institucionales. Sin embargo, ahora que dicen que se le combate como nunca antes, se los quitan.
¿Por qué desmantelaron el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción?
¿Por qué violan el artículo 77 de la Ley de Transparencia al negarse a dar a conocer los donativos que recibió el gobierno de parte de empresarios para la ‘rifa del avión’?
Es que en esta administración más de 70 por ciento de los contratos otorgados a la IP no han sido por concurso, sino por asignación directa.
¿Los contratos los asignan quienes comparten la ideología del presidente, por tanto son buenos y no se necesita transparentar nada?
Que nos digan por qué en el Presupuesto de este año hay “otros subsidios”, sin Reglas de Operación (ROP), por 358 mil 689 millones de pesos.
Ese dinero, ¿quién vigila que llegue a su destino y evalúa su eficacia?
A la directora de uno de esos programas sociales sin Reglas de Operación (ROP), que maneja este año 80 mil millones de pesos, le pregunté en entrevista cómo fiscalizarían ese gasto. Me contestó que “el pueblo es el mejor auditor”.